Fiscal Barros apunta a crimen político en caso del teniente Ronald Ojeda: “Nosotros sostenemos que esto se organizó desde Venezuela”

El fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, afirmó esta jornada que las diligencias llevadas adelante para esclarecer el secuestro y posterior homicidio del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda apuntan a que el crimen tuvo una motivación política y que este habría sido gestado desde Venezuela.

En declaraciones a CHV, el persecutor descartó que el crimen haya tenido relación con el crimen organizado o un secuestro extorsivo, dos de las principales líneas investigativas del caso.

Consultado si tiene la convicción de que el móvil del crimen es político, el fiscal Barros sostuvo que “hasta el momento no tengo otros antecedentes que nos demuestre o que nos indique hacia otro lado. En este caso, nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en la comisión de algún ilícito, por lo tanto, la única tesis que queda vigente es la que usted indica”.

El teniente Ojeda, de 32 años, fue secuestrado el 21 de febrero pasado desde su departamento en Independencia, a las 3.15 de la madrugada, por cinco sujetos disfrazados de miembros de la PDI, y que varias voces vincularon a un actuar militar.

Requerido sobre si cree que el plagio del teniente Ojeda puede haber sido obra de la contrainteligencia venezolana, el fiscal Barros sostuvo: “No lo sé (…) Ahora, hay un grado de organización, hay un grado de ejecución de este delito que nosotros no lo hemos visto, o sea, el Tren de Aragua jamás actuó haciendo una mise en scène (puesta en escena) como la que hicieron en este caso, disfrazados de policías y tomarse el trabajo, además, de enterrarlo a un metro cuarenta de profundidad y poner sobre él cemento”.

Asimismo, destacó que la persona que, en los videos difundidos del momento del secuestro aparece tomando del cuello al teniente Ojeda, tiene, a su juicio, una preparación especial.

“Dado que esos videos han salido públicamente, solo puedo decir que yo he llegado al menos a la conclusión de que la persona que traslada a la víctima, efectivamente es una persona que tiene preparación y que tiene una condición distinta a los demás partícipes”, sostuvo el fiscal Barros. Sobre si podría ser un militar, el persecutor señala que “eso no lo sé, lo que puedo asegurar es que es una persona extranjera”. Insistido ante si es una persona con preparación para secuestrar, el fiscal ECOH responde: “De acuerdo a la percepción del video, al parecer sí”.

Entre las personas identificadas que habrían participado en el crimen de Ojeda están Michel Villegas Rodríguez y Walter Rodríguez Pérez, quienes se sabe huyeron a Venezuela después del hecho. Requerido el fiscal Barros por el hecho de que esta es la primera vez que en Chile venezolanos que participan en un secuestro retornan a su país de origen, el persecutor sostiene: “Eso tiene que ver con lo que acabo de decir hace un rato atrás y es básicamente que nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”.

Ante esto, el fiscal Barros indicó que “espero tener toda la colaboración del mundo e incluso que los detengan lo antes posible, tanto a Michel como a Walter, que están en territorio venezolano, para que nosotros los podamos extraditar u juzgar en Chile”.

El fiscal ECOH Héctor Barros.

El caso de Ojeda

El caso del teniente Ojeda, de 32 años, comenzó el 21 de febrero pasado, cuando fue raptado desde su departamento en Independencia, a las 3.15 de la madrugada. Vestía solo ropa interior cuando fue secuestrado por cinco sujetos que actuaron disfrazados de miembros de la PDI.

Tras esto, se instaló la polémica por la motivación del secuestro y homicidio del exuniformado venezolano. En este marco, comenzaron a circular las primeras sospechas de que el crimen del exmilitar podría haber sido obra de la contrainteligencia venezolana, específicamente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en un hecho ordenado por el régimen de Nicolás Maduro.

El exmilitar había recibido el estatus de refugiado político de parte del gobierno que preside Gabriel Boric recientemente, a finales de 2023.

El viernes 1 de marzo, la investigación dio su primer resultado, tras nueve días de búsqueda. La PDI identificó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ojeda -un campamento en la comuna de Maipú-, y horas más tarde la Fiscalía ya tenía en frente al primer imputado.

Fue en el campamento Vicente Reyes de Maipú que la PDI realizó una serie de diligencias para resolver el paradero de Ojeda. En el lugar, los policías se encontraron con una mediagua, donde se advirtió que en el piso había un improvisado piso radier de cemento.

Tras excavar en el lugar, a una profundidad de 1,4 metros, fue encontrada una maleta, la que en su interior guardaba el cuerpo del teniente (R) Ojeda, el cual tuvo que ser retirado con una retroexcavadora. Los restos no presentaban disparos ni heridas con elementos cortopunzantes, pero sí signos de asfixia “mecánica posicional” y una data de muerte de entre 7 y 10 días. Tras al autopsia se le habrían encontrado lesiones internas, posiblemente producto de golpes que no dejaron marcas visibles en el exterior de su cuerpo.

Paralelamente a esa diligencia, la Fiscalía ordenaba la primera detención en el caso. Un joven que tendría cerca de 17 años, identificado como Ángel C., quien no presenta un RUT registrado en Chile, de nacionalidad venezolana, y quien ingresó ilegalmente al país.

Según fuentes consultadas, al imputado se le atribuyen labores de vigilancia y cobertura del secuestro de Ojeda, lo que mantiene al Ministerio Público indagando al resto de los autores del delito. Por lo mismo, hay tres órdenes de detención pendientes, en curso.

El caso cuenta con dos querellantes. Por un lado, la esposa del teniente (R) Ojeda y, por el otro, el gobierno, a través del Ministerio del Interior. Si bien en una primera instancia el Ejecutivo presentó una querella por secuestro, tras el hallazgo del cuerpo amplió esta acción judicial al delito de homicidio.