Triple homicidio en Río Bueno: abogado defensor alegó esquizofrenia de imputado

La Tercera

Este jueves se desarrolló la audiencia de formalización del sujeto imputado por el triple homicidio ocurrido en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en un domicilio ubicado en el sector Cayurruca. De acuerdo a la fiscalía, hasta ese lugar llegó F.U.O. (el tribunal pidió no divulgar su nombre) y dio muerte a su hermano, a la esposa de éste y a la hija del matrimonio. La mujer se encontraba embarazada de cuatro meses.

El sujeto fue detenido por Carabineros. Habría reconocido la autoría del crimen al instante. Ese día, el fiscal Sergio Fuentes explicó que el motivo del crimen habría sido “económico”. El fiscal señaló que el imputado prestaba servicios en una óptica del hombre asesinado y habrían tenido problemas de dinero.

El persecutor relató que el sujeto, de 30 años, atacó a la familia con un cuchillo de cocina de 33 centímetros de hoja y 3 centímetros de ancho. A todos los atacó en reiteradas ocasiones. El hombre de familia fue quien alcanzó a defenderse, recibiendo ataques en diversas partes del cuerpo. En el domicilio había una cuarta persona, una prima de la familia. Fue ella quien dio aviso a Carabineros y familiares de lo que estaba sucediendo. El imputado también agredió a dicha mujer.

El fiscal acusó a F.U.O por tres homicidios calificados en grado de consumados y un homicidio en grado de tentativo. “Ha obrado con ensañamiento”, dijo el fiscal, quien pidió la prisión preventiva para el sujeto.

Defensa alega esquizofrenia de su defendido

A su turno, el defensor penal público Sebastián Arismendi Salazar apeló de la condición mental de su defendido. Citando varios papeles médicos, señaló que F.U.O. fue diagnosticado de esquizofrenia en 2014. De ahí en adelante, fue diagnosticado con varias patologías mentales. Según dijo Arismendi, le señalaron “síndrome delirante, delirio místico religioso, trastorno bipolar conductas bizarras, actitud catatónica”, entre otras.

Asimismo, relató que en una ocasión el sujeto, quien fue tratado en el Hospital de Osorno y también en la Región Metropolitana, “intentó tragarse un termómetro”. También dijo que el imputado tomaba varias pastillas.

Continuando con su tratamiento, dijo el abogado, el sujeto llegó hasta Santiago, específicamente al Hospital Salvador. El profesional reconoció que su defendido fumaba marihuana y bebía alcohol. Con esos antecedentes pidió la suspensión del procedimiento y que si se decretaba una medida cautelar, esta fuera de menor cuantía, vale decir en el domicilio.

También dijo que en 2016 le diagnosticaron trastorno esquizofrénico afectivo y en 2017 trastorno afectivo bipolar. El defensor penal público citó el Artículo 458 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos para la procedencia de un procedimiento especial en caso de imputados que padezcan de enajenación mental.

El fiscal rechazó esta hipótesis y pidió que se hiciera una pericia independiente. Lo mismo pidió el abogado querellante de la familia Pedro Díaz.

Reconociendo los diagnósticos, el fiscal dijo que desde 2016 ya no era esquizofrenia, sino trastorno afectivo bipolar. El persecutor también argumentó con que el sujeto había tenido una evolución favorable “en todos sus planos” e incluso había sido destacado en el trabajo.

Prisión preventiva

En la audiencia también se discutió si acusar el delito de aborto, debido a que la mujer asesinada tenía cuatro meses de embarazo. El fiscal precisó que deberá investigarse si el imputado tenía conocimiento del embarazo de su cuñada. Con ese conocimiento, podría imputarse el delito de aborto.

El juez Claudio Thomas Veloso rechazó suspender el procedimiento y resolvió que el sujeto quede en prisión preventiva. Esto, según dijo, porque su libertad suponía un peligro para la mujer sobreviviente del hecho.

“Así se decreta por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima”. Veloso también puntualizó que había peligro de fuga.

Asimismo, ordenó los exámenes psiquiátricos para el imputado. El tribunal fijó un plazo investigativo de 120 días. Quedará en prisión en el Centro Penitenciario de Valdivia.