Milei vuelve a la carga con una nueva versión de su ley de desguace del Estado argentino

El presidente argentino, Javier Milei, a mediados de febrero durante una visita oficial a Roma.

El Congreso argentino se prepara para volver a discutir el gran proyecto de reforma del Estado del Gobierno de Javier Milei. Dos meses después de que la ley de desguace impulsada por el presidente se estancara en la Cámara de Diputados, el Gobierno envió este martes a última hora un nuevo borrador de su proyecto a los legisladores. El Gobierno espera que su nuevo proyecto de ley ómnibus, que ha pasado de los 664 artículos del proyecto original presentado en enero a una versión de menos de 279, espera ahora el respaldo de parte de la oposición que se negó a aprobarlo el pasado 6 de febrero.

Milei aún pretende las atribuciones legislativas de emergencia en materia administrativa y económica que los diputados se negaron a otorgarle en febrero, pero ahora las pide por un solo año –en lugar de los dos prorrogables por otros dos del texto original– y con el compromiso de informar al Congreso todos los meses de los “resultados obtenidos”. El Gobierno también espera que el Congreso le otorgue poderes extraordinarios para intervenir por decreto organismos estatales creados por ley, como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), cuyo cierre fue anunciado por el Gobierno a finales de febrero y fue celebrado por quienes ven en Milei a un líder en la batalla cultural contra el progresismo, a pesar de que el Gobierno necesita una ley para eliminarlo.

El nuevo texto también reduce la lista de 40 empresas estatales abiertas a privatización a una nueva de solo 18 de la que ha quitado empresas como la petrolera estatal YPF y en la que solo cuatro de ellas –la aerolínea nacional, el conglomerado de la radio y la televisión pública, la energética Enarsa y la empresa Intercargo, que brinda servicios en tierra a aerolíneas– podrán ser privatizadas completamente.

El Gobierno ha mantenido algunas de sus reformas, como el perdón sin impuestos al blanqueo de capitales personales o a las empresas que tenían trabajadores sin registrar, y pretende incluir la restitución del impuesto a las ganancias a trabajadores que ganan menos de 15 salarios mínimos y que el peronismo había eliminado por ley en septiembre del año pasado durante la campaña electoral. Su gran reforma fiscal, sin embargo, se tratará como una ley aparte, y también se ha abierto la puerta a que la oposición que el Gobierno llama “dialogante”, los sectores del centro a la derecha tradicional argentina, planteen su propia reforma laboral que se discutirá a la par del nuevo proyecto de ley ómnibus.

La Libertad Avanza, el partido de Milei, ha querido presentar este nuevo proyecto como “una segunda oportunidad” ante “un momento bisagra en la historia argentina”, según ha afirmado este miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni. En febrero, cuando el oficialismo terminó retirando el proyecto de su discusión en la Cámara de Diputados mientras la oposición empezaba a negar los primeros artículos, Milei impulsó una cacería de brujas contra los legisladores díscolos en redes sociales y anunció que su derrota, en realidad, desenmascaraba a esa “casta política” contra la que hizo campaña y que ahora votaba en su contra para “mantener sus privilegios”.

Milei mantiene la narrativa de que la oposición debería obedecerle por haber ganado las elecciones con mayoría en una segunda vuelta y apunta a mantener su músculo popular hasta las elecciones legislativas del próximo año, cuando tenga una oportunidad de engrosar su minoría en el Congreso, pero su gabinete lleva semanas de reuniones silenciosas con representantes provinciales para garantizar que esta vez la ley llegue a su discusión parlamentaria con el texto aprobado por una mayoría.

El Congreso, que prevé empezar a debatir públicamente la ley la próxima semana, lo hará mientras define también su posición acerca de la otra pata de la gran reforma de Milei, el megadecreto con 300 reformas que el Gobierno lanzó en diciembre pasado. El texto está vigente desde su publicación, pero ha sufrido embates: el Senado ya lo rechazó a mediados de marzo, la Justicia suspendió en enero la gran reforma laboral incluida en el texto, y otro de sus puntos sensibles, la liberalización de los precios de los seguros privados de salud, ha puesto al Gobierno a recalibrar sus narrativas. Los precios de los principales planes de salud han subido hasta un 165% en solo tres meses con la venia de Milei. “No creo que lo hayan hecho con mala intención”, justificó el presidente esta semana en una entrevista radial. Su ministro de Economía, Luis Caputo, acusó a las empresas de medicina prepaga de “declararle la guerra” a los argentinos. “Desde el Gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, dijo Caputo en sus redes sociales.

El decreto seguirá vigente salvo que el Congreso lo rechace. El presidente, al igual que cuando los diputados rechazaron su proyecto original en febrero, prevé estar de viaje mientras la nueva ley entra al Congreso. Milei ha partido hacia Estados Unidos este miércoles, donde el jueves prevé recibir un reconocimiento de una asociación judía ultraortodoxa en Miami y el fin de semana se reunirá con el empresario Elon Musk, dueño de la empresa de internet satelital Starlink, que fue mencionada por el mismo Milei cuando anunció la desregulación de los servicios de internet que impulsó su decreto de diciembre.

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