Agencia Uno
Las cosas están tensas en la fiscalía de Los Ángeles: dos fiscales del Ministerio Público que allí cumplen funciones, y cuatro trabajadores fueron suspendidos mientras se lleva a cabo un sumario interno por denuncias de supuesto tráfico de influencias, las que “habrían permitido que imputados por causas de narcotráfico accedieran a la información que formaba parte de las carpetas investigativas y corresponde a la indagatoria administrativa”.
La cita es parte de la información revelada por el matutino El Mercurio este jueves, aunque el caso mismo data de antes: fue la penúltima semana de marzo que se allanaron las oficinas de los involucrados: la fiscal jefe de la comuna, María Gemita Rojas, y el fiscal adjunto Rodrigo Durán.
En particular, Durán y Rojas tendrían vínculo con una oficina de abogados que defiende causas por narcotráfico y otros delitos.
La arista penal es encabezada por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.
Desde la Fiscalía Nacional declinaron referirse a la indagatoria misma, misma postura que tomaron desde la Regional del Biobío, pues “se trata de una investigación declarada reservada y, por lo tanto, no es posible revelar los antecedentes sobre la materia”, fueron citados por el medio.
Con todo, el senador socialista Gastón Saavedra, representante de la zona, se refirió al caso: “Lo que ocurría en esta fiscalía era una situación insostenible: tráfico de influencias y vínculos con el narcotráfico”, y destacó que “la separación de sus cargos de esos seis funcionarios me parece apropiada y ahora se tiene que investigar a fondo para sancionar a quienes corresponda (…) Si es necesario sacar a todos los funcionarios de esa fiscalía, hay que hacerlo para dar garantías de que el ente persecutor es una institución pública que está al servicio de la justicia”.
“La fiscalía no está para amparar fraude, dolos ni situaciones que alarman a la sociedad chilena… (En todas las instituciones del Estado) debemos impedir el tráfico de influencias y el narcotráfico debemos combatirlo, cueste lo que cueste (…) Esta batalla contra la delincuencia, las bandas organizadas y los traficantes de drogas requiere de una voluntad explícita de los persecutores, pero también de la justicia para sancionar a funcionarios inescrupulosos que se apartan de su deber”, cerró el parlamentario.
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