Contraloría revela que extranjeros expulsados retornaron a Chile por pasos habilitados

Agencia Uno – Referencial

Un reciente informe de la Contraloría ha expuesto serias deficiencias en los controles migratorios de Chile, evidenciando la entrada al país de extranjeros con prohibiciones vigentes y la ineficacia en la ejecución de expulsiones.

Este informe, obtenido por MEGA Investiga, destaca que durante el periodo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, cinco extranjeros de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana lograron reingresar a Chile a pesar de contar con prohibiciones de entrada, utilizando pasos fronterizos oficiales como Los Libertadores y Chungará.

El órgano fiscalizador critica la falta de mecanismos eficaces en la Policía de Investigaciones (PDI) para detectar y prevenir estas situaciones, subrayando que esto representa una “debilidad en los mecanismos de control migratorio”. Además, el informe señala que en treinta casos, principalmente de ciudadanos venezolanos, no se pudo verificar el registro de salida del país, lo que indica que posiblemente aún se encuentran en territorio chileno a pesar de haber sido expulsados.

En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría ha instruido la implementación de nuevos mecanismos de control en todos los pasos fronterizos nacionales y ha ordenado procedimientos disciplinarios en la PDI. Además, ha derivado el informe a varios tribunales de garantía del país, a la Fiscalía Nacional y al Consejo de Defensa del Estado para una mayor investigación.

Recepción de las observaciones

Estos problemas de control migratorio cobran relevancia en el contexto de la seguridad nacional, especialmente tras revelaciones sobre individuos involucrados en crímenes graves, como el homicidio de un teniente de Carabineros y el secuestro de un ciudadano venezolano, que habían entrado al país desoyendo prohibiciones de ingreso.

La PDI ha confirmado la recepción de las observaciones de la Contraloría y ha prometido abordar estas deficiencias. Han anunciado un periodo de dos meses para responder a las observaciones y han iniciado un sumario administrativo para determinar responsabilidades individuales en la fiscalización deficiente de estos controles migratorios.