La Tercera
El misterioso caso de la “explosión” en el barrio Yungay que solo parece haber escuchado el Presidente de la República a las tres de la madrugada del martes 16 puede ser revelador en más de un sentido. Aunque circulan distintas interpretaciones, quizás todo se deba a una nostalgia por el estallido. Eso podría explicar el fuerte ruido que escuchó Gabriel Boric y el retorno a la movilización que pregonan comunistas y Frente Amplio. El llamado de la calle es para ellos tan irresistible como el llamado de la selva para Buck, el perro-lobo de la novela de Jack London.
Los que proponen recurrir a la “presión popular” desnudan su incapacidad política para avanzar por la vía institucional, su inclinación por la vía de los hechos y una realidad controvertida: hay algunos a los que solo les acomoda el poder total.
El libreto es conocido: como el Ejecutivo es incapaz de convocar a la mayoría de los parlamentarios para que estos aprueben sus reformas, se hace recomendable salir a la calle a protestar y presionar por cambios, tal como se hizo en 2019.
La disyuntiva es la de siempre para la izquierda. Hace medio siglo fueron los socialistas “termocéfalos” contra los comunistas más calculadores; hoy la situación se invierte, con el PC convocando a ejercer “presión social por las demandas sociales” y la respuesta del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), quien apoya la búsqueda del consenso para generar “grandes acuerdos nacionales” que cuenten con mayoría en el Congreso y respaldo ciudadano.
La izquierda radical es hija de las marchas de 2011 y entiende al estallido de 2019 como un momento de victoria y legitimación. Esa visión romantizada es la que intenta revivir hoy. Se encarna en la necesidad política de que el director de Carabineros sea formalizado por violaciones a los DD.HH. y también en la convocatoria a la movilización.
Hay, sin embargo, diferencias sustantivas entre 2019 y 2024. La primera es que ahora la izquierda es gobierno, y ello supone responsabilidades indelegables. La segunda, que la opinión pública se ha distanciado del 18-O y es crítica de la violencia que se desencadenó entonces. Una tercera es que el sector ha perdido sintonía con las demandas de la ciudadanía, la cual hoy atraviesa por un momento conservador en el que pide orden y rigor en la lucha contra la delincuencia. Las “demandas sociales” que reclama la izquierda no son las que la gente quiere. El mejor ejemplo es el hecho de que la opinión pública aspire a que el 6% extra de cotización que propone la reforma previsional vaya íntegro a las cuentas de capitalización individual.
Al final, tal como la explosión fantasma que desvela al Presidente, el ruido de “estallido social” que pretende impulsar la izquierda radical parece solo escucharlo ella misma.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
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