Después de ocho meses de debate y enfrentamientos, la tramitación de la ley que envió el Ejecutivo para viabilizar la sentencia que mandata a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso está en la recta final en la Comisión de Salud del Senado. Sin embargo, a días de que se inicie la votación se abrió un nuevo debate que ha tensado una vez más la discusión y que tiene que ver con cómo se ordenaría el mercado de las prestadoras si entran nuevos actores.
Uno de los nudos que la instancia aún no puede destrabar es el numeral 13 de la iniciativa, el que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos que tienen las isapres para proponer cómo pagar la deuda que mantiene con los afiliados, la cual deberá contar con la aprobación de la Superintendencia de Salud. Dicha devolución podría tomar, incluso, hasta 10 años.
En ese contexto, este lunes la Superintendencia de Salud les presentó a los senadores de la comisión un informe financiero con simulaciones de alza de precios base de cada isapre para lograr neutralizar el impacto de la aplicación de los fallos por tabla de factores y GES, las que podrían ir en un rango del 0,2% al 39,4%. Incrementos que fueron calificados como “excesivos” y “gigantescos” por parte de los integrantes de la instancia, quienes además advirtieron que se podría generar un escenario aun más complejo.
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El nuevo escenario al que temen
En el informe financiero entregado por la Superintendencia de Salud se establecen dos proyecciones respecto al aumento del precio base. En la primera, el alza promedio que tendrían que hacer las isapres tiene un rango que va desde 10,3% hasta 41,4%, mientras que el segundo caso, que incluye un plan de contención de costos, las alzas van en un rango de 0,2% a 39,4%.
Y lo que temen senadores y otros expertos es que esta alza provoque una fuga masiva de afiliados, especialmente de los más jóvenes, quienes no estarían dispuestos a pagar planes tan altos, considerando que no necesitan de tantas prestaciones médicas.
El presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS), fue uno de los primeros en plantear este escenario, advirtiendo que existirían incentivos para la creación de nuevas isapres que capten a los afiliados más jóvenes con planes más bajos.
“Esto podría profundizar la desigualdad, porque vamos a tener dos tipos de isapres, una con afiliados jóvenes y otras con personas con enfermedades o mayores de 65 años que tienen una carga más pesada y que son clientes cautivos por eso mismo. Además, aparece el riesgo de una nueva judicialización masiva, porque este segmento enojado por el aumento de precio de los planes podría recurrir a la justicia”, detalla el senador.
En ese contexto, el presidente de la comisión propone que se adelante el proyecto de ley que elimina la Declaración de Salud (DPS), que es el documento que forma parte del Contrato de Salud, donde se indica toda patología o enfermedad que haya sido diagnosticada médicamente, al contratante o a sus cargas. “Esto permitiría emparejar la cancha y evitar esta distorsión que genera una competencia desleal”.
El exministro de Salud y miembro del comité ejecutivo de Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la U. del Desarrollo, Emilio Santelices, coincide que “podría haber isapres nuevas con personas jóvenes que van a gastar poco y otras con primas muy altas porque se quedarán con personas muy enfermas. Eso es pésimo, porque la idea de los seguros es que haya una mezcla grande y heterogénea de la población, así los recursos se utilizan en los que son más enfermos y gastan más”.
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“Lo que hay que hacer es una compensación de riesgo entre todos los usuarios; es decir, se juntan todos los recursos del sistema, sin diferenciar por isapre, y se distribuyen en función de las carteras que tienen más enfermos y más viejos”, propone Santelices.
De todas formas, el superintendente de Salud, Víctor Torres, aclaró sus cifras y afirmó que el alza de los precios base sería más bajo, por ende no crearía un impacto tan alto en los precios finales de los planes. “Proyectamos que debiese ser menor de lo que establecimos en el informe, porque no están incluidos otros elementos que pueden reducir el alza como el adelanto de la adecuación del precio base de 2024, los valores de nuevos indicadores y la verificación personal. Con eso en marzo se generará un alza y eso se tiene que restar de la proyección que estamos haciendo”, explicó el regulador.
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