MC celebra fallo de la Corte en designación de Fiscal de Nuevo León

Movimiento Ciudadano | Raúl Palacios

La Bancada de Movimiento Ciudadano exigió que el nuevo proceso para designar al Fiscal de Nuevo León se realice sin arbitrariedades. Esto, aunque analizarán el contenido de la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Vicecoordinadora y Vocera Oficial de la Bancada Naranja, Sandra Pámanes, destacó que, con su sentencia, la SCJN dio la razón al GLMC, que desde el principio señaló irregularidades en el proceso.

Sobre las irregularidades comentaron la falta de evaluación a los candidatos, que no se entrevistó a los perfiles del Comité de Selección, así como la falta de paridad en la terna de los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía.

“Espero que esa ambición desmedida que tienen por tomar por asalto todos los organismos que deben de ser autónomos ya cese. Que este gran golpe que les da la Suprema Corte en el sentido de no darles la razón nuevamente, ya lo entiendan, que no pueden estar usando al arbitrio de ellos mismos organismos tan importantes como lo es la Fiscalía”, comentó.

La Diputada local emecista, Iraís Reyes, coincidió en que, a raíz de los vicios que señaló la Bancada Naranja, es que la Suprema Corte determinó iniciar de nuevo con el proceso de designación.

“Desde un principio nosotros señalamos ilegalidades en el proceso de selección de Fiscal desde la emisión de la convocatoria, hoy la Suprema Corte nos da la razón.

“La conclusión es que este proceso se va a tener que reponer desde la convocatoria misma para que sea apegada a lo que marca la Constitución y las leyes en materia de la selección de nuestro Fiscal General. El proceso se tiene que reponer”, afirmó.

Y buscan certificar a anexos para combatir la clandestinidad

Eduardo Gaona, Coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó hoy una iniciativa para modificar la Ley Estatal de Salud a fin de combatir la operación de centros de rehabilitación clandestinos.

Dijo que se busca obligar que los centros de rehabilitación (o anexos) en los que se brinda atención a personas con algún tipo de adicción cuenten con una certificación en materia de respeto a los derechos humanos para atender a los internos, la cual deberá ser expedida por el Consejo Estatal de Salud.

“Las adicciones son vistas como un problema de salud pública pues impacta no solo a los individuos, sino que afecta al desarrollo social y económico, además de la violencia doméstica que se puede generar en el entorno de las personas adictas”, finalizó.

elmm