La síndica que nunca abandona

Todos los caminos que ha cogido Esther Giménez-Salinas (Barcelona, 1949) tienen su origen en el Colegio Alemán en el que estudió en sus primeros años. Incluso el vídeo de la pasada Navidad, en el que, entre risas y baile, hornea y decora bandejas y bandejas de galletas en casa, con parte de su prole, mientras suena de fondo Rockin’ around the Christmas tree.

Hablar alemán ya ayudó a la hoy Síndica de Greuges –equivalente en Catalunya al defensor del pueblo– en sus inicios como penalista, en los años setenta. Y todo lo que aprendió en sus estancias de investigación en universidades alemanas, y en Francia, ya desde la preparación de su tesis doctoral sobre delincuencia juvenil, no ha dejado de abrirle puertas. No únicamente profesionales. Fue en una estancia de formación en Múnich, gracias a una beca del Consejo de Europa, hace tres décadas, que además de instruirse en los principios de la justicia restaurativa (reparación del perjuicio a la víctima), la mediación y conciliación, que han guiado su carrera, aprendió a hacer mermeladas, galletas y pasteles con recetas autóctonas. Y no ha dejado de hacerlo, para goce de su familia y amigos. Cocinar la fruta, como amasar, tiene para ella algo de terapéutico.

Reformatorios franquistas, cárceles mexicanas…, siempre en busca de vidas por mejorar

La cita con Giménez-Salinas es en el barrio del Born, en Barcelona. Elige fotografiarse con su bicicleta, que ya solo utiliza ocasionalmente para ir por la ciudad. El tráfico es complicado en los últimos años. Así que aprovecha para pedalear arriba y abajo, frente a la explanada del Centre de Cultura i Memòria y en las cuatro manzanas del camino de vuelta a la Sindicatura de Greuges, su centro de operaciones desde julio de 2022. Su nombramiento, que tuvo el consenso del PSC, ERC y Junts, es para un mandato de seis años.

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Tuvo dudas al aceptar. “Ahora estoy contenta, pero no lo estuve mucho el primer año. No fue una decisión fácil. Tenía la vida solucionada y tenía tiempo, que ya tocaba”, asegura. Después de más de cincuenta años dedicada al derecho penal y la docencia, había bajado el ritmo de trabajo, aunque mantenía las clases en la universidad, iba a las cárceles, daba conferencias. Y desde la pandemia se había instalado en su casa del Maresme, donde puede cultivar albaricoques y dar paseos en bicicleta.

Pero dio el paso. “A las seis de la mañana, si me despierto ya estoy mirando informes, soy de madurar los temas. Hasta el fin de semana hay cosas que hacer. ¡Esto es intenso!”, asegura, sonriendo. En la Sindicatura cuenta con un presupuesto de 7,16 millones de euros este año y un equipo de 77 personas para defender los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de las administraciones: gestionan las quejas recibidas e impulsan actuaciones de oficio para intentar cambiar hábitos y que las soluciones no sean solo individuales. Para ella es la oportunidad de seguir abriendo camino para la resolución de conflictos por la vía restaurativa, evitar las medidas de encierro en lo posible y trabajar por la infancia y la gente mayor.

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Miembro de una saga de juristas, doctora en Derecho y licenciada en Psicología, la delincuencia de menores ha sido un ámbito de trabajo de Giménez-Salinas ya desde sus inicios. Fue voluntaria en el Tribunal Tutelar de Menores, y con la beca de doctorado estuvo un año en el centro de delincuencia juvenil Vaucresson, cerca de París, donde aprendió que el tratamiento de los jóvenes, en lo posible, tiene que ser en libertad, no encerrados en instituciones.

Con los años, ha visto muchas injusticias. Aquí y allá. En el reformatorio de chicas en el que fue voluntaria en el franquismo y se movilizaba para que pudieran salir. Y en la prisión de alta seguridad mexicana, rodeada de tiburones, en la que ingresó una semana, en 2018, por un programa de justicia restaurativa de la Comisión de Derechos Humanos. “Conocí historias durísimas. Hasta los funcionarios pasan miedo. Al llegar al hotel lloré toda la noche”, explica.

Siempre con un pie en la docencia –que dejó por incompatibilidad con la Sindicatura– y la administración, ha sido, entre otros cargos, directora del Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat (1983-1993) y vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU y PP (1996-2001), donde fue ponente de la ley de responsabilidad penal del menor. También, catedrática de Derecho Penal y rectora de la Universitat Ramon Llull (2002-2012).

En paralelo al trabajo, su familia fue creciendo. Tenía 23 años cuando nació su primer hijo. Tiene cuatro. Y siete nietos. Entre sus aficiones, le gusta cantar y va a montar un coro en la Sindicatura, para hacer equipo, como en la universidad. De allí se trajo también otra iniciativa: su “mermelada de la rectora” es ahora “de la síndica”, delicadamente envasada en tarros de cristal que obsequia.