Quito: ciudadano logró desatarse y escapar de sus secuestradores que pedían más de USD 1 000 para su liberación

El proceso iniciado por la Fiscalía General del Estado se relaciona a los hechos registrados la tarde y noche del miércoles 7 de febrero de 2024. Esa fecha, el denunciante fue abordado por una mujer en el sector de La Ofelia, al norte de Quito.

Según la versión de la víctima, mientras estaba estacionado ella le preguntó por una dirección. De pronto sacó un cuchillo y se lo puso en la garganta. Ese momento fue aprovechado por el resto de los secuestradores para embarcarse en el vehículo.

Con amenazas de muerte y golpes lo obligaron a pasarse a la parte posterior del carro y lo llevaron maniatado hasta un inmueble ubicado en Pisulí, donde fue encerrado.

Atado de pies y manos con cinta de embalaje y con los ojos vendados fue abandonado un hombre en la vivienda, al noroccidente de Quito. Él logró desatarse y salió a pedir ayuda a los habitantes del sector.

Detienen a los involucrados

Con la alerta del secuestro, la Policía identificó el vehículo de la víctima circulando por Calderón. Ante el operativo policial, los ocupantes intentaron escapar, pero fueron neutralizados. En el automotor se encontraron las armas blancas y la cinta de embalaje con las que agredieron y maniataron al afectado.

Fiscalía procesó a Melanie V., Edwin A., Anthony Z. y Mayra V. por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo. Acogiendo el pedido de la Institución, un Juez ordenó su prisión preventiva.

Esta medida cautelar se dictó en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, desarrollada la noche del 8 de febrero de 2024. Fiscalía presentó los elementos de convicción necesarios para fundamentar la presunta autoría de los procesados.

Entre ellos constan: las versiones de la víctima y de sus familiares. Estos últimos, indicaron que recibieron llamadas y mensajes extorsivos de los sospechosos, en los que les pedían la suma de USD 1 500 a cambio de liberar al hombre que tenían cautivo.

Esos chats fueron respaldados con impresos de las capturas de pantalla, que también forman parte del expediente fiscal. Asimismo, se presentó el examen médico legal y el acta de cadena de custodia de las armas blancas con las que habrían amenazado a la víctima.