Álava registra en los últimos tres años 15 actividades clandestinas en yacimientos arqueológicos como el de Iruña-Veleia

Álava registra en los últimos tres años 15 actividades clandestinas en yacimientos arqueológicos como el de Iruña-Veleia

En el periodo que va desde el 1 de enero de 2021 hasta el 6 de marzo de 2024, la Diputación de Álava ha registrado quince actividades clandestinas que podrían ser constitutivas de delito en yacimientos arqueológicos de la provincia. Se documentan desde pintadas con insultos en el dolmen de Aizkomendi de Eguílaz hasta la sustracción de monedas en el municipio de Arrazua-Ubarrundia, pasando por indicios de uso de detectores de metales. En el único caso en el que se cazó ‘in fraganti’ a la persona que estaba sondeando un yacimiento de forma clandestina y con detectores de metales, los agentes del Seprona de la Guardia Civil requisaron los equipos y los destruyeron por orden judicial. Es la única de las quince actividades que ha acabado en el juzgado. “Nos enfrentamos a una nómina de varios millares de emplazamientos sobre los que puede actuar cualquier desaprensivo provisto de un detector de metales. Por tanto, no es sencillo establecer medidas específicas y controles eficaces”, lamenta la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, en una respuesta escrita a la pregunta formulada por el procurador Xabier Valdor, de EH Bildu.

6 de junio de 2023, alrededores del pantano de Landa, término municipal de Arrazua-Ubarrundia. El cuerpo de Miñones, la Policía foral de Álava con competencias en la custodia de espacios del territorio y también en materia de patrimonio, identificó a un ciudadano de nacionalidad británica que estaba haciendo uso de un detector de metales. Aunque los agentes no encontraron que obrara en su poder ninguna clase de material arqueológico, le hicieron saber que, en caso de que lo tuviera, había de devolverlo; de lo contrario, habría implicaciones legales. “Unos días más tarde, se recibe en el Museo de Arqueología de Álava un sobre procedente del Reino Unido sin remite y con una moneda”, detalla el informe ahora remitido por la diputada foral.

La Diputación, que admite que son demasiados —”varios millares”— yacimientos como para poder evitar que sucedan incidentes de este calado, arguye que siempre que se detectan evidencias se denuncian. Apuntan también a una mayor colaboración tanto con la Ertzaintza como con los Miñones para “reforzar la vigilancia en zonas especialmente sensibles, como en Iruña-Veleia, y se ha desarrollado una campaña informativa al respecto, para dar a conocer los protocolos a seguir para proteger el patrimonio arqueológico y concienciar a la ciudadanía de su importancia”. Iruña-Veleia es un yacimiento romano sito a apenas diez kilómetros de Vitoria que habría contado en su época de mayor esplendor con hasta 10.000 habitantes. Si bien el lugar fue objeto de una estafa arqueológica por la falsificación de centenares de piezas que de haber sido veraces habrían adelantado varios siglos el origen documentado del euskera y alterado la historia del cristianismo con el calvario más antiguo del mundo, lo real y no manipulado es de gran relevancia histórica. Si se hace hincapié en este lugar como zona sensible es porque de las quince actividades clandestinas detectadas en los tres últimos años, tres se produjeron allá. En el primer caso, en febrero de 2023, el vigilante apercibió a una pareja que, acompañada de un menor, hacía uso de un detector. En los otros dos, ambos ya en 2024, se detectaron “agujeros compatibles con actuación de detectoristas”.

La Diputación, que una y otra vez insta a denunciar cualquier atisbo de actividad ilícita al número de teléfono 112, considera que en la ley de Patrimonio Cultural Vasco de 2019 debería hacerse alguna referencia “más explícita” al uso de detectores de metales y los riesgos y problemas que conlleva, pues no aparece referido, según lamentan, en los apartados relativos a las infracciones y sus correspondientes sanciones. “En todo caso, este déficit queda compensado por el artículo 323 del Código Penal, que es muy claro al respecto y permite la actuación legal contra este tipo de delitos”, matizan, y prometen que extremarán la vigilancia “en la medida de [sus] posibilidades”.