El PSOE recurre a los tribunales tras el no del Parlamento a investigar los contratos a dedo con clínicas privadas en Andalucía

El PSOE recurre a los tribunales tras el no del Parlamento a investigar los contratos a dedo con clínicas privadas en Andalucía

El Parlamento andaluz cerró la puerta este jueves a una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia del Gobierno de Juan Manuel Moreno con clínicas privadas entre 2020 y la actualidad. Es la segunda vez que el PP -con la abstención de Vox- se sirve de su mayoría absoluta para impedir que la Cámara andaluza investigue lo que, en paralelo, está indagando el Congreso y el Senado (en ambos casos con la connivencia de los populares).

La propuesta de crear una comisión de investigación parlamentaria nace, esta vez, del PSOE, pero es todo el arco de fuerzas progresistas el que denuncia actuaciones “indebidas, incorrectas o directamente ilegales” en los contratos a dedo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) firmó con la sanidad privada para derivar a pacientes, operaciones y pruebas de diagnóstico.

Lo hizo amparándose en el marco legal para agilizar la contratación pública que habilitó el Gobierno central tras la pandemia de coronavirus, en 2020. Pero siguió haciéndolo dos años y medio después -con prórrogas y ampliación de gasto-, ya con el real decreto derogado, y saltándose una advertencia explícita de la Consejería de Hacienda que, en 2021, conminó al resto de consejerías a no seguir abusando en la postpandemia de estos contratos sin publicidad ni concurrencia ni fiscalización previa.

El SAS prorrogó la contratación a dedo con la sanidad privada hasta junio de 2023, ampliando el presupuesto inicial de 70 millones de euros hasta los 243,7 millones, y anunció el final del procedimiento extraordinario 24 horas después de que este periódico lo publicase.

Hace un año de aquello. Y hace dos meses que Salud reactivó los contratos negociados sin publicidad con clínicas privadas -una variante de la contratación de emergencia- por un total de 119,9 millones de euros, ampliable hasta los 275,6 millones hasta final de año. La consejería sostiene que la magnitud actual de las listas de espera -el 12% de la población andaluza aguarda una atención sanitaria aplazada- deriva de la pandemia, que sus efectos siguen “vigentes” y, por tanto, pueden recuperar los contratos sin concurso público que la ley reserva para situaciones “imprevisibles, de imperiosa urgencia y no imputables” a la Administración.

En este último año, los socialistas han dilatado su estrategia de oposición a Moreno cuestionando su gestión de la sanidad pública desde diversos frentes, reclamando documentación a la Junta a través del artículo 7 del Parlamento -hasta 13 solicitudes-, con más de un centenar de preguntas en comisión y Pleno, y tres visitas a las dependencias del SAS para revisar papeles.

En paralelo, han puesto todos sus datos en manos de un despacho penal porque su intención, dicen, es salir hoy de la Cámara y denunciar en breve los contratos de emergencia de Salud por un supuesto fraude de menoscabo de fondos públicos. El líder del PSOE-A, Juan Espadas, amenazó a Moreno con judicializar esta “marcocausa” si volvía a vetar la comisión de investigación parlamentaria, y el presidente andaluz le respondió que no iba a prestarse a un “show mediático”. Los socialista asegura que lo harán “en estas semanas”, y los populares le replican que no van a los juzgados “para alargar el show y no hacer el ridículo”.

El PP recordó hoy que en sus 37 años en la oposición a los gobiernos socialistas pidieron 104 comisiones de investigación en el Parlamento, se tramitaron 67 solicitudes y sólo se aprobó la última -la que investiga el mal uso de fondos públicos en la extinta Faffe, fundación adscrita a Empleo- en e último año del último gobierno de Susana Díaz.

La gestión de la sanidad pública ha monopolizado la sesión plenaria de este jueves, desde las preguntas de control al presidente hasta el debate sobre la comisión de investigación. Moreno acudió pertrechado en datos comparativos sobre el porcentaje de conciertos con la privada de su Gobierno respecto a sus predecesores socialistas, demostrando que estos abusaban más del sector privado que él. La oposición de izquierdas -también Vox- le respondió que el debate, hoy, no era sobre el modelo sanitario, sino sobre las sospechas de irregularidades en la contratación a dedo.

Con una derivada especial y más reciente: el polémico fichaje del ex viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por parte de la aseguradora privada Asisa apenas tres meses después de su cese, el pasado diciembre. Guzmán, siendo gerente del SAS, adjudicó a dedo casi 44 millones de euros a 11 hospitales del Grupo Asisa en Andalucía, como adelantó eldiario.es, esto es: el 18% del presupuesto total asignado a contratos de emergencia con la sanidad privada.

“Asisa se ha comprado un político de su Gobierno. Eso es puerta giratoria y es corrupción en la Junta”, le espetó el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, exigiendo el cese inmediato de la consejera de Salud, Catalina García. También lo pidieron el resto de fuerzas de izquierdas.

Moreno dio por zanjado este asunto con la decisión que adoptó su Gobierno 48 horas después de abrir una investigación interna: la Junta autoriza el fichaje de Guzmán por la empresa a la que adjudicó 44 millones a dedo a partir de julio, cuando expiran los dos años de plazo -que estipula la Ley andaluza de Incompatibilidades de altos cargos- desde que era gerente del SAS y firmó esos contratos.

El presidente también ha dicho que hay que reformar esa ley, de 2015, porque ahora no obliga a los altos cargos a consultar con la Junta antes de fichar por una empresa privada -“nos enteramos de este caso por la prensa”-, y plantea asimilar la norma a la estatal, ampliando las cesantías durante dos años hasta que pueda volver a trabajar en su sector. Inma Nieto, de Por Andalucía, afeó al presidente “no saberse la ley”. “Sí que tienen obligación de informar a la Junta antes de fichar por la privada”, dijo, y recordó que el Gobierno de Moreno ya reformó esta norma, en 2021, precisamente para “flexibilizar los controles”.

Las izquierdas plantearon este episodio en otros términos, porque no aceptan que la incompatibilidad de Guzmán con Asisa sea una cuestión de fechas, es decir, que no pueda fichar ahora por una empresa a la que “benefició” porque no han pasado dos años desde que fue gerente del SAS, pero sí a partir de julio, porque entonces ya era viceconsejero. “¿Acaso ser viceconsejero de Salud no influye en la política sanitaria, en las decisiones del gerente que siguió firmando las prórrogas de los contratos de Asisa, vigentes hasta hoy?”, se preguntaron en el Pleno.

Rafael Márquez, diputado del PSOE-A, defendió la propuesta de la comisión de investigación, y cuestionó los contratos de emergencia desde el punto de vista legal y político. Recordó que estos contratos sólo tienen fiscalización a posteriori y dijo que el único informe de intervención al que habían tenido acceso planteaba dudas de si las operaciones concertadas por el SAS con un hospital privado llegaron a hacerse tal y como se había contratado y en el plazo estipulado.

Márquez esgrimió, en su exposición, que aquellos contratos se hicieron para rebajar las listas de espera abultadas tras el parón de la pandemia y, sin embargo, a diciembre de 2023 había más de un millón de andaluces esperando una cita con el especialista o una cirugía, y más de 53.000 habían superado el plazo máximo legal para operarse. También exigió explicaciones de por qué la Junta prorrogó la contratación de emergencia hasta junio del año pasado si, en paralelo, la plataforma logística de Málaga había vuelto a la contratación ordinaria en el mismo periodo. “Se podía hacer porque, de hecho, Málaga lo empezó a hacer correctamente. ¿Por qué en el resto no?”, preguntó Márquez.

Esa coincidencia en el tiempo de los dos tipos de contratos ha permitido a los socialistas comparar cuánto le ha costado al SAS una operación con concierto ordinario y otra con concierto extraordinario, denunciando que la segunda es 1,3 millones más cara.

El diputado de Vox, Alejandro Hernández, admitió que el SAS “ha hecho las cosas muy mal”. “Han tardado cuatro años en reaccionar a las advertencias de Hacienda, y sólo cuando han visto que el escándalo podía salpicar a su presidente”, aseguró, tildando la prórroga de los contratos a dedo de “incorrectos o ilegales”. Sobre el fichaje del ex viceconsejero en Asisa, advirtió que “no es ilegal, sino inmoral”. Pero finalmente defendió la abstención de su grupo: “No podemos apoyar al partido más corrupto de la historia”, dijo sobre el PSOE-A.

El diputado del PP, Pablo Venzal, negó que hubiera irregularidad alguna. “Once leyes regulan los contratos de emergencia, evidentemente algún error habrá habido, pero siempre se ha hecho con honestidad”, sentenció. En el cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición, Moreno advirtió a Espadas que al PSOE no le convenía hablar de corrupción, recordándole “las más de 100 causas abiertas” en los juzgados contra dirigentes socialistas, incluido el fraude de los ERE.

Márquez respondió luego a esta “velada advertencia al PSOE” del presidente. “Este grupo socialista, muy, muy renovado, nos sentimos muy orgullosos de los 37 años de gobiernos del PSOE. Hemos aprendido de nuestros errores. Ustedes no aprenden ni de los errores propios ni de los ajenos, y esto terminará pasándoles factura”, aseguró, en otra referencia velada al caso ERE, en el que los socialistas ven similitudes con el procedimiento de contratos a dedo con la sanidad privada dilatado hasta hoy.

El veto de los populares andaluces a la comisión de investigación era previsible -ya lo habían confirmado con un escrito en registro- y lo hicieron antes cuando lo propuso el grupo mixto Adelante Andalucía. Esta vez, sin embargo, se solapaba este debate con uno casi idéntico en Madrid, donde el PP impulsó su propia comisión de investigación en el Senado a raíz del caso Koldo -en el que la Audiencia Nacional investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por contratos de venta de mascarillas adjudicados por el Gobierno durante la pandemia-; y se abstuvo en el Congreso a la comisión generalista planteada por el PSOE para revisar la compra de mascarillas por parte de todas las administraciones públicas.

A la primera, los de Feijóo han citado a declarar a Salvador Illa -en la antesala de las elecciones catalanas- y probablemente llamarán más adelante al propio Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. A la segunda, los socialistas citarán a Isabel Díaz Ayuso, a su pareja, y no descartan hacer comparecer a Moreno y a su consejera de Salud.