El asalto a las instituciones de la democracia

Lorenzo Córdova Vianello. Foto: EL UNIVERSAL

Con todo mi respaldo y solidaridad a mis colegas del IIJ-UNAM por su valentía y congruencia.

La necedad autoritaria del presidente López Obrador de echar mano al Poder Judicial, una instancia que ha contenido la vocación avasallante (y mal hecha) de la mayoría morenista en los últimos años, tiene prisa.

El sexenio que está por terminar será recordado en nuestra historia como el que emprendió y llevó a cabo la mayor obra de deconstrucción y desmantelamiento institucional que se tenga memoria. Y no digo lo anterior pretendiendo hacer una defensa del inmovilismo de las instituciones, al contrario, hay mucho que cambiar a los órganos que surgieron o se transformaron durante nuestra breve e inacabada etapa de consolidación democrática. Pero una cosa es revisarlas y transformarlas para mejorarlas y otra bien distinta es desnaturalizarlas y vaciarlas de sentido y razón de ser.

Y es que el asalto a las instituciones que fueron surgiendo para encauzar y concretar el cambio democrático forma parte de un plan autoritario que tiene por objeto la concentración del poder y su intento de perpetuación a partir de la eliminación de límites y contrapesos y, paralelamente, creando una monumental estructura de clientelismo político.

No sin contratiempos, como la defensa política y jurídica que en su momento emprendió el INE en contra de los intentos de desacreditarlo y de desmantelarlo a través de una serie de iniciativas de reforma constitucional y legal, mismas que fracasaron gracias al respaldo de buena parte de la ciudadanía y de los partidos de oposición, la obra de desmantelamiento institucional que puso en marcha el gobierno lopezobradorista ha avanzado aceleradamente.

A ello han contribuido, como caldo de cultivo de esa pulsión autoritaria, tanto el ancestral “hilo de la dominación” —al que se refería Octavio Paz— que ha marcado a la sociedad mexicana con una necesidad y propensión a ser guiada por gobiernos fuertes y personalistas, como la oceánica desigualdad que nos ha aquejado históricamente y que, ante los precarios resultados en términos de justicia social que caracterizó a las administraciones democráticamente electas, ha alimentado la inconformidad de amplios sectores de nuestra población que López Obrador entendió mejor que nadie y que ha aprovechado para sus planes de concentración y ejercicio autoritario del poder.

En esa actuación sistemática y cotidiana no se han escatimado acciones ni estrategias. Prácticamente todos los entes autónomos y de control del poder han estado sometidos, unos más otros menos, a amenazas, descalificaciones e intentos (a veces concretados) de captura, como en varias ocasiones he sostenido en estas páginas.

El patrón ha sido constante y reiterado en todos los casos. Primero se denuesta públicamente a esas instituciones con el abierto propósito de erosionar su credibilidad pública. Ese intento de descrédito y estigmatización se sustenta en un probado y bien aceitado mecanismo de comunicación que parte del potente megáfono presidencial en las conferencias de prensa diarias y es reproducido por sus replicantes y potenciado en las redes sociales y en los medios tradicionales afines (ya sea por voluntad propia o bien porque se ven forzados desde el poder).

Paralelamente se intenta su captura mediante la designación como sus titulares de personeros que fungen como correas de transmisión del poder (como ha ocurrido paulatinamente con la CNDH, la CNH, la CRE, la SCJN y el INE).

Adicionalmente, se amaga y amedrenta de manera personalizada a los titulares de dichos órganos con ataques y señalamientos ad hominem, o mediante denuncias —administrativas, penales o de juicio político, según el caso—.

Además, aprovechando la servil mayoría que el oficialismo cuenta en la Cámara de Diputados se aplican draconianos recortes presupuestales —bajo la excusa de una malentendida “austeridad”— que compromete las capacidades institucionales del órgano bajo acoso.

Y, finalmente, se utiliza la potente —y frecuentemente torpe, burda y mal hecha, pero eficaz, vistos sus números— maquinaria legislativa del partido en el gobierno y de sus bancadas satélite, para reformar a modo en su diseño y atribuciones mediante reformas legales.

El libreto autoritario ha sido eficaz y se apresta a dar el golpe definitivo. Nos toca denunciarlo y tratar de impedirlo.

Investigador del IIJ-UNAM

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