Estigmatizar a la prensa afecta la democracia
“Es importante que en la Casa de Nariño recuerden que cada pronunciamiento que se hace tiene detrás el respaldo del Estado”.
El presidente de la república, Gustavo Petro, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, tienen derecho a defenderse públicamente de todo lo que consideren necesario. Eso incluye, como ha hecho la directora, responder cuando personas de su familia son cuestionadas por aparentes actuaciones indebidas. Sin embargo, es importante que en la Casa de Nariño recuerden que cada pronunciamiento que se hace tiene detrás el respaldo del Estado, por lo que caer en estigmatizaciones a la prensa, o entrar a definir cuál es el buen periodismo y cuál no, es una extralimitación de sus funciones que afecta un derecho constitucional clave para la democracia.
Esta semana el presidente Petro y la directora Sarabia están molestos por los cuestionamientos que ha enfrentado Andrés Sarabia, hermano de esta última. Al menos hasta el cierre de esta edición, se trata de especulaciones, como lo hemos cubierto en El Espectador. Hay voces que piden investigaciones y aclaraciones sobre el patrimonio de Andrés Sarabia, y él ha respondido que presentará toda la información a la Fiscalía, al mismo tiempo que rechazó cualquier mal actuar. Ese es un asunto que tendrán que dilucidar las autoridades y, ojalá, el trabajo investigativo de la prensa.
No queremos, vale aclarar, entrar a discutir el fondo de esas denuncias. En particular porque no contamos con información suficiente para hacerlo de manera responsable. Lo que sí nos preocupa es el lenguaje y el tono empleados tanto por el presidente Petro como por la directora Sarabia para defenderse. En el proceso atacan la libertad de prensa, aunque lo disfracen de una legítima preocupación por el buen contenido periodístico.
Sobre la columnista María Jimena Duzán, el presidente Petro decidió utilizar términos personales que no son propios del cargo que ostenta. “Insinuar que yo cambio cargos en mi Gobierno por consejas es un verdadero irrespeto a mí mismo”, escribió el presidente. El truco retórico es muy problemático: hacer preguntas sobre conductas de un servidor público no es irrespetarlo, es solo vigilar al poder. Eso es lo que hace el periodismo. Eso, también, es lo que deben respetar y soportar todas las personas que quieran ser parte del Estado. El periodismo es incómodo, claro, y los periodistas cometemos errores, faltaba más, pero un presidente de la República tiene como función proteger esa labor, no reducirla a personalismos y rencillas de escuela.
Para completar, el mandatario luego dijo que “el ‘periodismo Mossad’ se impone”. Ya hace unos días había dicho, en otro discurso, que los medios de comunicación colombianos “se han vuelto una prensa Mossad”. De nuevo, se trata de la estigmatización. Deja en el aire la idea de que todo aquel que hace periodismo forma parte de una conspiración en contra del Gobierno. Entran justos y pecadores en la misma bolsa y quedan en riesgo los periodistas más vulnerables.
En su defensa, Sarabia no ha utilizado palabras tan desobligantes, pero sí ha desacreditado el trabajo periodístico y ha acudido a amenazas de acciones legales que, aunque sean su derecho, proveniendo de una alta funcionaria tienen visos de acoso judicial. Porque su obligación es darle respuestas al país, no dar clases de periodismo. A medida que avancen este escándalo y los que vendrán, propios de cualquier gobierno, la Casa de Nariño debe recordar su rol como protector de la libertad de prensa y, sí, también de los periodistas.
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Bolivia está en crisis institucional, en medio de problemas económicos paralizantes y divisiones políticas tan profundas, que es difícil ver cómo enfrentará retos tan enormes.
Foto: EFE - STRINGER
La buena noticia para Bolivia es que el intento de golpe de Estado que presenció el mundo entero esta semana fracasó de manera rotunda y que los implicados están respondiendo ante la justicia. La mala noticia es que el país está en una crisis institucional, en medio de problemas económicos paralizantes y de divisiones políticas tan profundas, que es difícil ver cómo podrá enfrentar los retos tan enormes que tiene ante sí. Han sido años difíciles para Bolivia y todo parece indicar que lo seguirán siendo.
El teatro de los golpes militares siempre es ridículo. Una tanqueta del Ejército de Bolivia, rodeada de efectivos uniformados, intentó entrar en un edificio de gobierno. Allí, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, convocó al pueblo para construir una supuesta verdadera democracia y dijo que el actual presidente, Luis Arce Catacora, les había fallado a los ciudadanos. Mientras esto ocurría, sus hombres dispersaban con gases lacrimógenos a manifestantes prodemocracia. Por fortuna, los refuerzos nunca llegaron, Zúñiga se quedó virtualmente solo, las guarniciones militares que esperaba que se le unieran no respondieron, Arce cambió la cúpula del Ejército y el nuevo comandante ordenó que se replegaran las fuerzas. Se evitó un desastre, pero el circo apenas comenzaba.
Lo que ha pasado tras el intento de golpe muestra los problemas de una nación dividida. Al ser capturado, Zúñiga lanzó una confesión desconcertante: “El presidente me dijo que la situación estaba jodida y necesitaba algo para levantar su popularidad”. Y cuando le preguntaron si se trató de un autogolpe, lo confirmó: “Sí, sí”. Al cierre de esta edición, el excomandante, que ha sido capturado junto con 17 golpistas más, no ha dado más declaraciones. Su testimonio debe tomarse con pinzas, por supuesto, pero opositores al gobierno de Arce han adoptado esa misma estrategia. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez, fiel seguidor de Evo Morales, dijo que todo fue “a petición” del Gobierno y que “ahora podríamos denominar esto (como un) autogolpe”.
Detrás está la figura de Evo Morales. Aunque Arce fue su ministro de Economía, el actual presidente y la figura caudillista se han distanciado en los últimos años. Eso llevó a una parálisis del Gobierno, pues Morales sigue ejerciendo un poder considerable. Para completar, el año pasado dijo que se lanzaría a un tercer mandato para competirle la elección a Arce. “Obligados por los ataques del Gobierno, su plan para proscribir al MAS-IPSP [Movimiento al Socialismo – Instrumento por la Soberanía de los Pueblos] y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia”, dijo. Solo hay un problema: su candidatura es inconstitucional. Haberse intentado reelegir violando la carta política ocasionó una crisis política en 2019 y ahora Morales pretende dar otro golpe de Estado institucional.
Por todo esto, más allá de la necesidad de que las autoridades aclaren qué ocurrió y quiénes son los responsables, el pronóstico para Bolivia es reservado. Su deuda está calificada internacionalmente de basura, tiene una crisis de gasolina que lleva al país a gastarse US$2.000 millones cada año para importar combustible y su explotación de gas natural, que durante años había sido esencial para la economía, está en mínimos históricos. El estallido de esta semana es la punta del iceberg de un país que naufraga en medio de las confrontaciones políticas.
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