Hacienda plantea ampliar los impuestos a bancos y energéticas en los Presupuestos
Hacienda plantea ampliar los impuestos a bancos y energéticas en los Presupuestos
El Gobierno va a intentar ampliar durante el próximo año los impuestos extraordinarios a grandes empresas energéticas y bancos, figuras fiscales que recaudaron 2.900 millones en el 2023. Este año los ingresos serán aún mayores, según estima la Agencia Tributaria. El Ministerio de Hacienda publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del 2025, un documento que supone el pistoletazo de salida a la confección de las cuentas públicas, y en ella se encuentra recogida la prolongación de ambos impuestos que, en principio, iban a ser temporales.
La filosofía fiscal del Gobierno no ha variado, explican fuentes de Hacienda. “La idea es reconvertir los gravámenes en permanentes”, indican fuentes del ministerio dirigido por María Jesús Montero. Se confirma, por tanto, el compromiso recogido en el acuerdo de coalición con Sumar de “mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual”. Con ese horizonte, la orden de elaboración de los Presupuestos contempla en el apartado de “otros ingresos” la continuidad de los dos impuestos, tanto el energético como el que afecta a las entidades de créditos y establecimientos financieros.
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El Gobierno, sin embargo, no cuenta en este momento con una mayoría parlamentaria a favor de prolongar ambos gravámenes. Los grupos de la izquierda sí se han mostrado partidarios de hacerlo, pero dos formaciones nacionalistas clave para conseguir articular una mayoría no lo han hecho. Ni Junts ni el PNV han mostrado aún opinión. El grupo vasco sí consiguió que las figuras se concierten con las haciendas de País Vasco y Navarra, pero no se ha mostrado a favor de su ampliación.
Cuerpo propuso un gravamen a las entidades financieras ligado al “ciclo de los tipos de interés”
Energéticas y bancos tienen recurridos ante la Audiencia Nacional ambos impuestos, que consideran contrarios a derecho e injustos en un momento de moderación de los precios de la energía y, aún incipiente, de los tipos de interés. Las grandes empresas y las patronales sectoriales no esperan una resolución judicial cercana, pero sí tenían en el horizonte el 31 de diciembre como fecha para su extinción.
El Gobierno ha apuntado algún gesto, eso sí, hacia las empresas. En concreto, Hacienda propuso un incentivo a la inversión que pudiera reducir la factura final de los gravámenes. Así lo dejó plasmado el ministerio en el penúltimo real decreto-ley anticrisis que se aprobó el pasado diciembre. En el texto se preveía “el establecimiento en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación a los obligados al pago en el sector energético por las inversiones estratégicas”. Las cuentas públicas de este año no se llegaron a presentar, pero el compromiso está ahí. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se posicionó recientemente a favor de minorar el gravamen a la banca convirtiéndolo en un impuesto ligado al “ciclo de los tipos de interés”.
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Los Presupuestos Generales del 2025 arrancan con un calendario aún incierto y pendiente de la gobernabilidad en Catalunya. El plan de Hacienda es convocar el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de julio y, a continuación, aprobar en Consejo de Ministros el techo de gasto y los objetivos de estabilidad. El límite presupuestario estará condicionado por el retorno de las reglas fiscales. A continuación, el Gobierno llevará al Congreso la aprobación de la senda fiscal. Hasta entonces Hacienda confía en poder aprobar una enmienda introducida en la ley de paridad que reforma la ley de estabilidad presupuestaria y elimina el veto del Senado a los objetivos que presente el Ejecutivo. Esta semana, fuentes de Hacienda aseguraron que una de las opciones que estaban manejando es incluir también en los Presupuestos Generales del próximo año la asunción por parte del Estado de una parte de la deuda que algunas comunidades tienen contraída con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La Agencia Tributaria recaudó 2.900 millones en el 2023 con los gravámenes; en el 2024 los ingresos serán mayores
El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió ayer que “España se puede permitir” volver a prorrogar un ejercicio más los presupuestos del 2023. Explicó que las cuentas públicas en vigor son expansivas y por eso, pese a no ser las del año en curso, las administraciones pueden afrontar las inversiones y gastos.