El Supremo de Estados Unidos obliga a la SEC a someter sus multas por fraude a un jurado popular

La sede de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) en Washington, en una imagen de archivo.

El Tribunal Supremo ha dado un golpe legal a la forma en que la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC) combate el fraude, en un caso que podría tener efectos de gran alcance en otras agencias reguladoras. Una sentencia ha determinado que las personas acusadas de fraude por el supervisor deberían tener derecho a que sus casos fueran resueltos por un jurado en un tribunal federal, en lugar de por los jueces de derecho administrativo internos de la propia SEC, en virtud de la Séptima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Los jueces han rechazado el recurso del Gobierno de Joe Biden contra una sentencia de primera instancia que anuló las sanciones económicas impuestas al gestor de fondos de alto riesgo George R. Jarkesy por la SEC, que regula los mercados de valores. “Cuando la SEC solicita sanciones civiles contra un acusado de fraude de valores, la Séptima Enmienda da derecho al acusado a un juicio con jurado”, dice la decisión de los jueces.

Hay más de una veintena de agencias reguladoras y supervisoras estadounidenses que tienen procedimientos de derecho administrativo similares, con lo que la sentencia del caso de la SEC contra Jarkesy deja en el aire la validez de esos mecanismos de persecución y sanción del fraude.

“Un acusado que se enfrenta a una demanda por fraude tiene derecho a ser juzgado por un jurado de sus iguales ante un árbitro neutral”, dice la sentencia, firmado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Lo contrario, asegura, permitiría “concentrar las funciones de fiscal, juez y jurado en manos del Poder Ejecutivo” y es inconstitucional aunque haya sido aprobado por el Congreso.

La decisión se ha tomado por seis votos a tres, con el respaldo de los magistrados de la mayoría conservadora y el rechazo de las tres juezas progresistas. El voto paricular discordante ha sido redactado por la jueza Sonia Sotomayor: “Este Tribunal ha sostenido, sin excepción, que el Congreso tiene una amplia latitud para crear obligaciones legales que dan derecho al Gobierno a sanciones civiles, y luego asignar su aplicación fuera de los tribunales ordinarios de justicia donde no hay jurados”, indica.

“Al conceder a los demandados un juicio con jurado, incluso uno que la Constitución no exige, la mayoría puede pensar que está protegiendo la libertad. Esa creencia, también, está profundamente equivocada. El pueblo estadounidense no debe confundir la arrogancia judicial con la protección de los derechos individuales”, añade.

Hace 50 años, el Supremo dictaminó que los procedimientos internos no violaban el derecho constitucional a un juicio con jurado en las demandas civiles, pero en la vista de argumentos orales el presidente del Tribunal, el conservador John Roberts, señaló su preocupación por el poder de los reguladores federales y subrayó que “el impacto de las agencias gubernamentales en la vida cotidiana es hoy enormemente más significativo que hace 50 años”. “Parece problemático decir que el Gobierno puede privarte de tus bienes, de tu dinero, de sumas sustanciales en un tribunal que, al menos, se percibe como no imparcial”, dijo el juez Brett Kavanaugh.

En 2022, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, falló a favor de Jarkesy y su grupo de asesores de inversión Patriot28. Consideró que el caso de la SEC contra él, que dio lugar a una multa civil de 300.000 dólares y a la devolución de 680.000 dólares en ganancias supuestamente irregulares, debería haberse visto en un tribunal federal en lugar de ante uno de los jueces de derecho administrativo del supervisor.

Los abogados de Jarkesy señalaron que la SEC gana casi todos los casos que lleva ante los jueces de derecho administrativo, pero solo alrededor del 60% de los casos juzgados en tribunales federales.

El Supremo respalda la decisión del Tribunal de Apelaciones y pide que se ejecute. Este es uno de los múltiples casos en que los jueces están erosionando el poder de las agencias reguladoras y supervisoras, que consideran que tienen prerrogativas excesivas.

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