El presupuesto de tienda

José Miguel Santamaría Uribe

El Gobierno Petro no deja de sorprendernos, desafortunadamente para mal. Después de un año y medio de mandato, no ha logrado ni tener un gabinete medianamente competente, y mucho menos entender cómo se debe manejar un país para mejorar la situación económica de sus habitantes y generarles bienestar.

El último suceso que tiene con los pelos de punta el mundo financiero y económico ha sido el hecho de que quiere cambiar la utilización de más de trece billones de pesos del presupuesto que estaban destinados a infraestructura y cumplimiento de vigencias futuras.

Esto para, a cambio, ser utilizados en obras y proyectos entregados a dedo, a entes comunitarios como las juntas de acción comunal, entre otros. Esto pudo ser el florero de Llorente de la renuncia del director de Planeación Nacional.

Acordémonos de que Petro habla continuamente del fomento de la economía popular, que no es más que la informalidad, tema totalmente contrario a lo que es correcto. A medida que se fomente que los informales se formalicen, se generará mayor empleo y mayores impuestos. También ha sido muy locuaz en querer entregar proyectos de infraestructura de comunicaciones y crecimiento de la cobertura de la red wifi a las juntas de acción comunal, tema que lo único que produce es risa. El mundo sabe lo costoso y difícil que es crear una red con buenos estándares de calidad, necesaria para el futuro del país.

Dentro de esos trece billones de pesos hay obras demasiado importantes que los colombianos llevamos años esperando que se hagan realidad, como la primera línea del Metro de Bogotá o el túnel del Toyo, en Antioquia.

Ideológicamente, es una carambola de tres bandas para sus intereses: desfinancia el Metro elevado de Bogotá, que no le gusta para nada, le quita recursos importantes a infraestructura de la cual habló mal en campaña, diciendo que las vías 4G eran para ricos y, por supuesto, golpea las finanzas de los departamentos y ciudades donde fue derrotado en las elecciones de octubre pasado. No más Antioquia deja de recibir más de cuatro billones de pesos con esta pirueta.

Pero, además, tener en caja trece billones de pesos para utilizar a su acomodo es lo que necesita para sus intereses, para dar subsidios a cuatro manos, para entregar recursos al menudeo por todo el país, a los indígenas, a los comunales y a los alcaldes y gobernadores afines a su causa para perpetuarse en el poder. Mejor dicho, quiere manejar parte del presupuesto como una tienda de barrio.

Muchos analistas lo han venido advirtiendo desde hace un tiempo. El proceso del autogolpe viene andando. Todos los caminos conducen a que Petro quiere hacerle creer al mundo que lo quieren tumbar, sin mencionar una realidad: que existe un juicio político válido por la financiación fraudulenta de su campaña y, de esa manera, lograr el apoyo de entes internacionales como la OEA, la ONU y la CIDH, para mantenerse en el poder en caso de que llegue a ser juzgado y pierda la investidura.

Todavía no sabemos dónde terminará este novelón. Lo ideal es que no pueda utilizar a su antojo esos recursos y que se cumplan los compromisos adquiridos, pero amanecerá y veremos. Han demostrado que poco les gusta acatar la ley.