La política exterior feminista debe trascender las palabras

Resulta alentadora esta agenda, ya que la igualdad y la lucha contra la discriminación son responsabilidades fundamentales de los gobiernos. En la fila superior, de derecha a izquierda, Diana Parra, asesora de género, y Arlene Tickner, embajadora alterna ante la ONU. En la fila de abajo, la embajadora Leonor Zalabata. Les acompañan representantes de ONU Mujeres, el viceministerio de la Igualdad y organizaciones de sociedad civil. Las mujeres en la foto presentan la política exterior feminista en la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

Hace pocas semanas, la Cancillería anunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se había concretado el diseño de la política exterior feminista que el presidente Gustavo Petro anunció en la Asamblea General de 2022. Se trata de una política pública que guía los intereses de Colombia en el escenario internacional hacia la búsqueda de igualdad de género, la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+ y el empoderamiento femenino. Es el resultado de meses de trabajo conjunto y participativo del Gobierno, diplomáticas feministas y organizaciones de la sociedad civil.

Resulta alentador ver al Ministerio de Relaciones Exteriores comprometerse explícitamente con esta agenda, ya que la equidad y la lucha contra la discriminación son responsabilidades fundamentales de todos los gobiernos. Sin embargo, ese compromiso exige coherencia y no puede quedarse en el papel ni en los discursos.

Ha habido acciones: la Cancillería ha enviado delegaciones a foros internacionales para participar en diálogos sobre la implementación de la política exterior feminista y se creó el Centro de Excelencia de Mujeres, Paz y Seguridad, un espacio para la articulación con academia y sociedad civil. Hemos visto pronunciamientos coherentes también: Leonor Zalabata, embajadora ante la ONU, fue vehemente en 2022 cuando apoyó la expulsión de Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Igualmente lo fue la viceministra Elizabeth Taylor cuando expresó su rechazo a las violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario de Israel en Palestina. Pero también ha habido contradicciones. Hace falta la misma vehemencia en el caso de Venezuela, frente al cual la Cancillería ha sido tibia para rechazar las violaciones de derechos humanos de la población civil o que dos mujeres, María Corina Machado y Corina Yoris, fueran arbitrariamente privadas de sus derechos políticos al impedírsele participar en las elecciones presidenciales. Además, no se ha concretado el plan para implementar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reconoce las necesidades especiales de las mujeres y las niñas en situaciones de guerra, posconflicto y desplazamiento, cuya creación se prometió hace más de un año.

Implementar una política de este tipo implica adoptar principios feministas de igualdad y trabajo colectivo tanto en la agenda de la cartera y del gobierno como en su cultura interna, algo que el mismo ministerio reconoce en los documentos publicados. La Cancillería es explícita en admitir que bajo la política exterior feminista habrá paridad en la distribución de cargos de poder. Hoy esa no es la realidad: de los 54 embajadores que se han nombrado desde la llegada de Gustavo Petro al poder (incluyendo a los dos embajadores alternos), 14 son mujeres. Además, bajo esta política, la Cancillería no podrá ser un escenario de intimidación laboral ni ataques contra las mujeres, como lo fue cuando, por ejemplo, al ser cuestionado, el excanciller Álvaro Leyva ofendió a Martha Lucía Zamora, exdefensora jurídica del Estado, y a la senadora Gloria Flórez.

Han sido pocos los países que se han atrevido a implementar este tipo de política exterior y su experiencia advierte del desafío futuro de hacerla perdurar. En Argentina y Suecia, tras pasar de gobiernos de corte progresista a conservadores, se desecharon las políticas exteriores feministas que se habían implementado. Ver resultados tangibles será la fórmula para que en Colombia la búsqueda de la igualdad de género sea una política de Estado, parte de la identidad nacional, y no de un gobierno particular.

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