Fiscalía pidió orden de captura en contra de Pierre García.
En medio de la solicitud de medida de aseguramiento en contra del exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre Eugenio García Jacquier, por graves hechos de corrupción en el caso de las Marionetas, la Fiscalía General le pidió a la jueza 42 de control de garantías que emita orden de captura internacional, pues considera necesario tomar medidas de fondo para garantizar su presencia y comparecencia en el proceso.
La fiscal 94 anticorrupción sostuvo que García Jacquier ha faltado a la verdad sobre su lugar de residencia, indicando que vive en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Sin embargo, hay información que señala que se encuentra actualmente en la ciudad de París, Francia. “Le ha mentido a su estrado judicial, le ha mentido a la Fiscalía General; al día de hoy, no se conoce o se tiene un arraigo cierto de Pierre Eugenio García”.
Esta situación representa un riesgo para la administración de justicia. Por esto, le pidió al estrado judicial que emita la respectiva circular roja ante la Interpol y el apoyo internacional. “Se le solicita que libre la respectiva orden de captura con fines de medida de aseguramiento, con esa necesidad apremiante que requiere la protección de sus fines constitucionales”.
La fiscal sostiene que el procesado ha entregado información falsa sobre su lugar de ubicación: “Es el sujeto Pierre García quien se ha burlado de la administración de justicia, se ha burlado de su estrado judicial, aportando información falsa sobre su lugar de domicilio. En caso de que no se emita esa orden de captura, existe un grave riesgo de no comparecencia (…) y de que siga delinquiendo”.
La fiscal del caso puso de presente la gravedad de los hechos investigados y la pena a la que se expone el exfuncionario. “No hay forma de que se controle una eventual prisión preventiva por parte del Inpec (…). La soberanía de Colombia se delimita en su territorio nacional y ya sabemos que Pierre García, desde el 1 de junio de 2023, no ha vuelto al país”.
Por esto, considera que la única medida que se puede imponer para garantizar su presencia en el proceso y evitar que siga delinquiendo es la cárcel. “La existencia de un mecanismo de vigilancia electrónica no garantiza que el ciudadano siga afectando con su actuar delictivo a la sociedad”.
“Mientras el ciudadano no comparezca ante la autoridad, puede seguir delinquiendo, direccionando contratos o haciendo cualquier tipo de ilegalidad, en la cual se haya adaptado esta organización criminal conformada desde el año 2021”, aclaró la fiscal.
A su turno, el delegado de la Procuraduría General también solicitó que se emita una orden de captura internacional contra Pierre García, con el fin de garantizar su comparecencia al proceso penal.
La Fiscalía General le imputó, a finales de 2023, los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. En la imputación, se señaló que, en su despacho del DPS en Bogotá, recibió a funcionarios, contratistas y congresistas interesados en los contratos del llamado Proyecta-Quindío, que luego fueron adjudicados de manera particular con la “orientación” que previamente se acordó con el entonces funcionario.
Tras la pregunta de la jueza de control de garantías, el exfuncionario se declaró inocente. “Su presentación es clara, he entendido, conozco mis derechos y no necesito hablar con mi abogado… Rechazo los cargos que me imputa la Fiscalía, soy inocente, lo demostraré con pruebas con mi defensa y, por ello, no acepto los cargos”.
Según la Fiscalía General, existe evidencia suficiente para inferir que García Jacquier tuvo interés directo en la celebración de millonarios contratos, haciendo parte de la red de corrupción que lideró durante muchos años el senador liberal Mario Alberto Castaño y en la cual habrían participado otros congresistas y dirigentes políticos del Quindío, Tolima y Cundinamarca.
“Esos senadores que estarían involucrados en estos hechos serían en primer lugar Mario Alberto Castaño Pérez, cuyo enlace corresponde al ciudadano Juan Carlos Martinez (…). También resultaron beneficiados otros tres senadores: Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe”, aclaró la fiscal.
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