La Corte Suprema de Justicia formalizó este jueves la acusación contra el exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Esto por presuntamente hacer parte activa de una red de corrupción que direccionó millonarios contratos.
Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, y se refieren a la presunta injerencia indebida de entonces senador Ciro Ramírez Cortés en el Departamento de Prosperidad Social, DPS, para la contratación de obras públicas en cinco departamentos del país.
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Desde mediados de diciembre, el dirigente político del Centro Democrático está privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá. En la resolución de situación jurídica, la Sala de Instrucción determinó que los hechos que motivaron tanto la orden de captura como la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ramírez siguen vigentes.
En la resolución que definió la medida de aseguramiento contra Ramírez, y que fue revelada en exclusiva por SEMANA, se precisó la exigencia de un soborno por mil millones de pesos; así como miles de interceptaciones telefónicas demostrarían la manipulación de 15 contratos entre los meses de noviembre de 2020 y diciembre de 2022.
Igualmente, se tuvo en cuenta un certificado de ingresos a la cárcel La Picota, de Bogotá, en el 2022 cuando Ciro Ramírez visitó como abogado a Pablo Cesar Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, y quien para ese momento negociaba con la Fiscalía General un preacuerdo para entregar información sobre estos actos de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social.
“Lo vi muy preocupado, muy consternado, preguntándome que qué había pasado, ofreciéndose su ayuda y su apoyo, insistentemente me preguntaba si necesitaba algo, yo sentí que me estaba ofreciendo dinero”. La declaración de Correa fue clave para determinar que estando en libertad el senador podía afectar la integridad de la investigación presionando potenciales testigos y alternando las pruebas.
El 31 de octubre de 2023, la Procuraduría General abrió una investigación preliminar en contra de Ciro Ramírez por presuntamente participar en el direccionamiento de contratos por un valor cercano a los 9 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta el sol de hoy, la Sala de Instrucción de la Procuraduría no ha determinado si existen méritos o no para abrirle una investigación formal.
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