Cristina Nicholls Ocampo
Hace algunas semanas, arribó al país el antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso, después de pasar más de 15 años en una prisión de Estados Unidos. El hecho se da producto de una decisión judicial emitida por la Jurisdicción Especial de Paz en la que acepta recibirlo bajo la teoría de que el paramilitarismo fue un actor bisagra que conectó con el Estado colombiano. La aceptación ocurre luego de largos estudios jurídicos, pues Mancuso debía comprobar que tenía información nueva para aportar a la reparación de las víctimas, además de, por supuesto, demostrar que había colaborado de manera activa con las fuerzas armadas oficiales.
Como era de esperarse, el aterrizaje de Mancuso y sus declaraciones se ha desatado una lluvia de reacciones, unas de franca animadversión y otras de escucha y expectativa. Entre ellas, hay una franja de opinión que pretende deslegitimar los testimonios del exjefe paramilitar, y en esta empresa se han empeñado en nivelar sus palabras con las de criminales que ejercen liderazgos activos dentro de estructuras criminales vigentes. Ha sido el caso entonces del jefe de las disidencias de las FARC, alias “Iván Mordisco”. En una cuenta de X se aseguraba que ese grupo al margen de la ley había aportado dineros a la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego, la información corrió como pólvora y se llegó incluso a equiparar los testimonios de Mancuso con las supuestas declaraciones de Mordisco, ¿Por qué creerle a Mancuso, pero no a Mordisco? preguntaron muchos. La respuesta es bastante simple: porque las declaraciones del exjefe paramilitar pasaron el riguroso tamiz de una institución judicial del calado de la JEP. Esto no va de que comulguemos con uno u otro relato, va de que las declaraciones dadas hasta ahora por Mancuso atravesaron revisiones estrictas, preguntas de contexto y audiencias de horas en las que se contrastó la información. Por supuesto, no todo lo que se diga en la Jurisdicción Especial para la Paz es irrebatible, pero sí debemos estar de acuerdo en que la institucionalidad de un órgano judicial del carácter de la JEP es garantía de seriedad y marcos juiciosos para la búsqueda de verdad.
Al final, fue el mismo Iván Mordisco quien desmintió de manera categórica que las disidencias hubieran aportado a la campaña, desnudando la fragilidad de testimonios sin respaldo ni fundamento y la peligrosidad de equipararlos con relatos que brotan de procesos institucionales. Nos queda entonces empezar a proteger lo que se dice en el marco de la Justicia Transicional. Al final, de eso dependerá la satisfacción de los derechos de las víctimas y la verdad histórica que necesita el país.
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