Cuando pase el temblor

Enrique Gómez Martínez. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Es prioritario mantener un esfuerzo de oposición constante y aguerrido, denunciando los abusos de poder, corruptelas y violaciones legales continuas que definen la acción de la administración Petro.

Debemos documentar y exponer igualmente la incompetencia creciente que marca y define la acción gubernamental en todos los frentes y la constante designación de personas carentes de experiencia y sobradas de fanatismo y cerrera lealtad a Petro y a su agenda.

Constatamos la búsqueda incesante de destrucción de las instituciones colombianas en todas las esquinas del Estado, la economía, la sociedad y política.

También denunciamos y exponemos el avance desaforado de las organizaciones criminales en su incesante interés de copar territorios para el desarrollo y consolidación de sus economías ilegales con la inaceptable connivencia del Gobierno, de las fuerzas armadas y de policía e incluso el poder jurisdiccional en muchos casos.

He comparado a Petro con un huracán. Destructivo, irracional, incontrolable e indetenible. Pero limitado en el tiempo. Un huracán termina así como empieza y su duración será siempre larga.

Mi convicción de que Petro no logrará quedarse o perpetuarse se mantiene. Por una parte, la vigencia de las instituciones prevalecerá y, por otra, la incapacidad de sus áulicos y los efectos desastrosos de su mandato en todos los frentes, impedirán que sea exitoso sobornando a los votantes como lo planea con las diversas fuentes fiscales que está empeñado en reservar o desviar para estructurar su campaña de 2026.

Petro no tendrá posibilidades si la sociedad y el país político nos ponemos las pilas desde ahora para asegurar uniones y compromisos electorales para una consulta previa interpartidista que garantice la presencia de una opción de centroderecha en la segunda vuelta para superar cualquier variante socialista que desee perpetuar, sino las prácticas, si las ideas de estatización desastrosa, el ahogo del sector privado y la tolerancia con la criminalidad.

Pero impedir un triunfo de la izquierda en 2026 es un compromiso desgraciadamente insuficiente para asegurar el futuro del país y de nuestra democracia.

No podemos adoptar la sugerencia de Cerati en su famosa canción: “Despiértame cuando pase el temblor”.

Muchos colombianos, por fatiga o por facilismo, creen que simplemente superando o sobreviviendo a Petro todo pasará.

No es así. No podemos despertarnos una vez termine este desastre.

La retoma del territorio entregado a todo tipo de bandas criminales implicará un esfuerzo fiscal enorme, además de la reconstrucción de la moral de combate y la capacidad de acción de nuestra fuerza pública.

Solas, nuestras fuerzas armadas y nuestra policía fracasarán. Requeriremos un amplio consenso para la eficacia judicial y una transformación de décadas de tolerancia institucional con el crimen y el terrorismo. Este consenso será de difícil y dilatada construcción e implica superar la creencia facilista de que negociando a toda hora la ley con los criminales obtendremos la paz. Cuarenta años de todo tipo de negociaciones de la vigencia de la ley han dejado al país sembrado de cadáveres, con organizaciones criminales potenciadas y expandidas y destruidas las posibilidades reales de colocar al campo en la cabeza de nuestras exportaciones. Nos falta el compromiso de financiar una enorme reforma judicial que asegure la reducción efectiva de la impunidad.

Recuperar la confianza de inversionistas en todos los sectores de la economía y en particular en aquellos fuertemente regulados o en los que interactúan los actores privados con el Estado, como en la construcción, la salud o las concesiones, será un reto mayúsculo. Motivar a nuestros empresarios a mirar con optimismo el futuro requerirá de una gran disminución de impuestos y la desregulación radical del régimen laboral que le devuelvan al país una posición competitiva. De nuevo, este tipo de transformaciones requieren que iniciemos el diálogo nacional ahora y serán difíciles de lograr.

La obcecación con el cambio climático, la manipulación de las consultas populares y la falta de seguridad jurídica han roto todas las dinámicas para la necesaria expansión de infraestructura general y energética del país. Sin energía barata y abundante en una canasta amplia de alternativas que mantenga y amplíe la participación de nuestro inventario de combustibles fósiles, el desarrollo del país es imposible. Debemos devolver el desarrollo de infraestructura al centro de las prioridades nacionales. La conspiración de la guerrilla y la izquierda contra la suficiencia energética es esencial en el propósito de destrucción de la democracia. De nuevo concertar estas prioridades, superando el fanatismo ambientalista de la hora y las obstructivas legislaciones y jurisprudencias que ahogan el desarrollo es urgente.

No podemos esperar para acometer estas y tantas otras tareas de reconstrucción del país. Debemos ocuparnos ahora, en todas las instancias, para hacer posible un nuevo gobierno en 2026 que goce de un amplio consenso social y político que le permita una alta eficacia en la transformación nacional como la principal vacuna para la previsible intención de la izquierda radical de tomarse de nuevo el poder en 2030.