Las universidades nuevas del gobierno Petro

Juan David Zuloaga Columnista El Espectador

Son varios y muy ambiciosos los objetivos que se ha trazado el actual Gobierno en relación con la educación superior. Cursa en el Congreso un proyecto de ley que pretende garantizar la educación gratuita para todos los niveles a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Se habló también, comenzando el gobierno, de la necesidad de crear nuevas universidades o nuevas sedes de las universidades en distintas regiones del país con el fin de descentralizar la educación y con el propósito de llevar la educación superior a todas las regiones de Colombia. Se dijo que se crearían 26 nuevas sedes de educación superior en Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo…

Los proyectos, aunque loables, parecen irrealizables en el lapso que otorga un período presidencial; en especial el segundo, el de crear 26 universidades nuevas, pues para lograrlo se requerirían estudios de factibilidad, análisis técnicos, diseños de las nuevas sedes, adquisición de los terrenos, construcción de los campus… Nada de eso parece que pueda realizarse en cuatro años, ni siquiera la creación de una nueva sede, no digamos ya de una nueva universidad.

Lo que sí podría hacerse en ese lapso y tendría un impacto decisivo para muchísimas familias (y para todo el país) es aprovechar las sedes existentes para ampliar los cupos actuales de las universidades públicas del país. Basta con echar una mirada a las estadísticas para sopesar la gravedad del asunto. La Universidad Nacional de Colombia cuenta con 57.058 estudiantes. En el semestre anterior se presentaron 33.829 aspirantes, es decir, más de la mitad de los estudiantes matriculados; de ellos, menos de 7.000 lograron ingresar, según cifras de la institución.

No decimos que no sea deseable el proyecto de crear las 26 nuevas sedes propuestas; la cuestión es si resulta realizable. Tal vez en el corto y en el mediano plazo podría el Gobierno Nacional trazarse el objetivo de ampliar los cupos de las sedes existentes sin que ello implique bajar los estándares de admisión. Habría que comenzar por realizar un concurso docente para vincular a profesores con doctorado en todas las disciplinas, muchos de ellos contratados en universidades privadas con condiciones precarias (es decir, según la modalidad de hora cátedra) o que están actualmente sin trabajo, con el fin de ampliar de manera suficiente la planta docente de las sedes actuales de la Universidad Nacional. En un segundo momento sería necesario hacer ampliaciones en la infraestructura de las sedes, obras a veces ya proyectadas o en curso. Lo que podría lograrse con un poco de voluntad política y de inteligencia gubernamental.

Sería una medida que, alejada de la retórica fácil y de la demagogia grandilocuente que parece ser común hoy en el gobierno, podría significar un cambio verdadero en la educación del país y podría significar para Colombia una genuina revolución educativa.