Las ONG de desarrollo alertan de que el Gobierno pone en riesgo el objetivo del 0,7% de la ley de cooperación

Distribución de ayuda en Deir al Balah, en el centro de la franja de Gaza, el lunes.

El Gobierno de España se sitúa a la cola de las aportaciones de fondos públicos que reciben las ONG que trabajan en desarrollo, según el Informe del Sector de las ONGD 2023, presentado este miércoles, con datos de 2021 y 2022. En este último año, recibieron en total 930 millones de euros, de los cuales el 55% (513 millones), fueron fondos públicos. Los principales proveedores de amparo público a estas entidades, que centran su trabajo en la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global, son organismos internacionales y europeos, con un 33% y un 27% respectivamente. Los fondos autonómicos y locales han supuesto un 23,3%, mientras que el Ejecutivo ha otorgado un discreto 16,5%. Una cantidad que la coordinadora considera insuficiente si se quiere alcanzar el objetivo del 0,7% para 2030 pactado en la ley de cooperación, y muy ajustada teniendo en cuenta el actual contexto internacional de crisis.

Además de la guerra entre Israel y Gaza o la contienda en Ucrania, “hay unos 60 conflictos armados activos en el mundo”, según ha asegurado Irene Bello, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, en el acto de presentación del documento en Madrid. “Las consecuencias son globales, no solo afectan a los países en pugna”, ha lamentado Bello. Por primera vez desde 2010, las ONG de Desarrollo (ONGD) han alcanzado su cifra más alta de fondos públicos. Con el inicio de la crisis económica en 2008, las ayudas en esta materia sufrieron un recorte del 80%. “Estamos ahora recuperándonos de la que ha sido la década perdida de la cooperación”, ha asumido Bello.

Estamos recuperándonos de la que ha sido la década perdida de la cooperación

Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha recordado el problema con la hambruna en Gaza o las demandas humanitarias en Sudán. Ha sugerido además que España es responsable de lo que sucede en África. “Lo que ocurre allí nos repercute directamente. Ahí están los desplazamientos por mar a las islas Canarias que acaban en tragedia”, ha dicho Leis durante la rueda de prensa. En este sentido, esta organización ha exigido al Gobierno presupuestos concretos mediante “el cumplimiento de forma ágil de la ley de cooperación” que entró en vigor hace un año, y que tiene el compromiso por escrito de alcanzar para 2030 una inversión del 0,7% de la renta nacional bruta para apoyo al desarrollo. Para Leis, ese 0,7% “es una cantidad baja”.

Bello ha aclarado que actualmente estas organizaciones están nutriéndose de presupuestos prorrogados. “Así no llegamos al plan establecido para 2030”, ha anticipado. En este momento, en su opinión, España no ocupa un lugar destacado en la defensa de los derechos humanos y la protección del planeta. “Queremos llevar al país al lugar que merece y le corresponde a la ciudadanía. Aunque avanzamos, no estamos ni de lejos en el lugar que una vez ocupamos antes de la crisis económica”. La presidenta de la Coordinadora ha explicado que este sector en España está debilitado porque hay una “tremenda descentralización y falta de profesionalización”. Para ella, el reto está en que “la cooperación se convierta en política real”.

Un año más, el informe destaca que el apoyo ciudadano a estas ONG sigue creciendo. Los datos del documento muestran que más de 2,5 millones de personas colaboraron con estas entidades, un 4% más que el año anterior. Unas 17.200 fueron voluntarias, de las cuales el 74% fueron mujeres. “España es de los países que tiene una de las bases sociales más solidarias”, ha afirmado Bello. Las ONGD también reciben financiación privada. Del total de los fondos recibidos en 2022, un 45%, es decir, 417,5 millones, han sido donaciones de organizaciones particulares.

Son 617 las ONG —presentes en 100 países alrededor del mundo— que forman parte de este organismo coordinador. Trabajan en 4.142 proyectos que promueven la educación, la defensa de la igualdad de género o la protección de los derechos humanos y territorios. También, la seguridad y soberanía alimentaria, con propuestas como mejoras de técnicas agrícolas. Estas iniciativas prestan asistencia a 47 millones de personas que viven en situación vulnerable.

El Congreso aprobó en febrero del año pasado, con respaldo mayoritario, la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global, con la que culminó un proceso de negociación, cambios y trámites que se prolongó más de dos años. Dio respuesta así al clamor del sector para la sustitución de la norma de 1998 que, según su criterio, había quedado obsoleta. Entre las principales novedades de la Ley de Cooperación están el reconocimiento explícito del enfoque feminista de esta política exterior o su alineamiento con las agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o el Acuerdo de París. También recoge por primera vez por escrito el compromiso de alcanzar para 2030 una inversión del 0,7% de la renta nacional bruta para ayuda al desarrollo, un objetivo al que la comunidad internacional se comprometió ante Naciones Unidas hace más de medio siglo.

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