Grupo conservador crea lista de trabajadores federales que sospecha podrían resistirse a Trump
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WASHINGTON (AP) — Desde su oficina en su vivienda en una pequeña ciudad de Kentucky, un agente político experimentado investiga discretamente a montones de empleados federales sospechosos de ser hostiles a las políticas del republicano Donald Trump, una iniciativa muy inusual y potencialmente estremecedora que se suma a preparativos conservadores más amplios para una nueva Casa Blanca.
Tom Jones y su American Accountability Foundation (Fundación Estadounidense de Rendición de Cuentas) investigan los antecedentes, las publicaciones en redes sociales y los comentarios de empleados gubernamentales clave de alto rango, comenzando por el Departamento de Seguridad Nacional. Se basan en parte en informaciones proporcionadas por su red de contactos conservadores, incluidos trabajadores. En una medida que alarma a algunos, se preparan para publicar en línea sus hallazgos.
Con una subvención de 100.000 dólares de la organización conservadora Heritage Foundation, el objetivo es publicar 100 nombres de trabajadores gubernamentales en un sitio web este verano para mostrarle a un potencial nuevo gobierno quién podría estar interponiéndose en el camino de la agenda de un segundo mandato de Trump, exponiéndolos a ser objeto de escrutinio, reclasificaciones, reasignaciones o despidos.
“Necesitamos entender quiénes son estas personas y qué hacen”, dijo Jones, exasistente de senadores republicanos en el Capitolio.
El concepto de compilar y publicar una lista de empleados gubernamentales muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los aliados de Trump para garantizar que nada ni nadie bloquee sus planes en un posible segundo mandato. El Project Sovereignty 2025 (Proyecto Soberanía 2025) de Jones llega a la vez que el Proyecto 2025 de Heritage sienta las bases con políticas, propuestas y personal listos para una posible nueva Casa Blanca.
La iniciativa, enfocada en altos funcionarios gubernamentales de carrera que no son designados dentro de la estructura política, ha dejado perplejos a los expertos en democracia y conmocionado a la comunidad de servidores públicos civiles, que la comparan con el temor generado por el macartismo entre personas sospechosas de ser comunistas.
Jacqueline Simon, directora de políticas de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, dijo que el lenguaje utilizado —el anuncio de la Heritage Foundation elogió al grupo por descubrir a los “malos actores antiestadounidenses”— es “impactante”.
Los servidores públicos civiles suelen ser exmilitares y se les exige que presten juramento a la Constitución con el fin de que puedan trabajar para el gobierno federal, no una prueba de lealtad a un presidente, dijeron ella y otros.
“Simplemente parece que su objetivo es tratar de amenazar a los empleados federales y sembrar miedo”, agregó Simon, cuyo sindicato respalda la reelección del presidente demócrata Joe Biden.
Mientras que Trump —que ha sido declarado culpable de delitos graves en un caso de pagos para comprar silencio y está bajo una imputación federal de cuatro cargos en la que se le acusa de trabajar para revertir su derrota electoral de 2020— enfrenta una probable revancha con Biden a fin de año, los conservadores de extrema derecha se han comprometido a demoler lo que ellos llaman la burocracia del Estado profundo.
El equipo de campaña de Trump ha dicho que los grupos externos no hablan en nombre del expresidente, quien es el único que establece sus prioridades políticas.
Los conservadores consideran que la fuerza laboral federal está excediéndose en su papel con el fin de convertirse en un centro de poder que pueda impulsar o frustrar la agenda de un presidente. Particularmente durante el gobierno de Trump, la Casa Blanca y los republicanos del Capitolio atacaron a funcionarios gubernamentales, mientras que a menudo su propio gabinete planteaba objeciones a algunas de sus propuestas más peculiares y hasta ilegales.
Si bien el grupo de Jones no necesariamente recomendará despedir o reasignar a los trabajadores federales que enliste, el trabajo se alinea con el ambicioso plan del Proyecto 2025 de Heritage para un gobierno conservador.
El Proyecto 2025 de Heritage propone reactivar la política del Anexo F de Trump, que intentaría reclasificar a decenas de miles de trabajadores federales para que sean personas con nombramientos políticos, lo que podría permitir despidos masivos, aunque una norma del gobierno de Biden pretende hacer que eso sea más difícil. El proyecto Heritage trabaja para reclutar y capacitar a una nueva generación con el fin de que viaje a Washington para ocupar puestos gubernamentales.
Al anunciar el mes pasado el Premio a la Innovación de 100.000 dólares, Heritage dijo que apoyaría a los “investigadores especialistas, los informes exhaustivos y las iniciativas educativas de la American Accountability Foundation para alertar al Congreso, a un gobierno conservador y al pueblo estadounidense sobre la presencia de malos actores antiestadounidenses enclavados en la administración del gobierno y garantizar que se tomen las medidas adecuadas”.
Kevin Roberts, presidente de Heritage, dijo que el “uso del gobierno federal como arma” sólo ha sido posible gracias al “Estado profundo de los burócratas izquierdistas enquistados”. Agregó que estaba orgulloso de apoyar la labor de los trabajadores de la American Accountability Foundation “en su lucha por llamar a cuentas a nuestro gobierno y vaciarlo de malos actores”.
El gobierno federal emplea a aproximadamente 2,2 millones de personas, incluidas aquellas en el área de Washington, D.C. y trabajadores que, según los sindicatos, son amigos o vecinos de muchos estadounidenses en comunidades de todo el país.
Unos 4.000 puestos del gobierno se consideran nombramientos políticos que cambian rutinariamente de un gobierno presidencial al siguiente, pero la mayor parte son profesionales de carrera, desde jardineros en los cementerios de la Administración de Veteranos hasta economistas de la Oficina de Estadísticas Laborales.
La elaboración de listas públicas evoca para algunos la era de Joseph McCarthy, el senador que llevó a cabo audiencias extenuantes de presuntos simpatizantes comunistas durante la Guerra Fría. Las audiencias eran orquestadas por Roy Cohn, un alto funcionario que se convirtió en confidente de Trump cuando éste era más joven.
Skye Perryman, directora general del grupo activista Democracy Forward, recalcó que es profundamente inquietante y evoca “las partes más oscuras de la historia estadounidense”.
El nombrar públicamente a los trabajadores del gobierno es una “táctica de intimidación para tratar de desalentar el trabajo de estos funcionarios públicos”, dijo, y parte de una “agenda de represalias” más amplia que está en marcha en estas elecciones.
“Están tratando de socavar nuestra democracia”, agregó. “Están tratando de socavar la forma en que nuestro gobierno trabaja para la gente”.
Desde su escritorio con vista a los almacenes de barricas en Bardstown, la capital del whiskey, Jones se mofó de las comparaciones con el macartismo, calificándolas de “disparates”.
Jones es exempleado del entonces senador Jim DeMint, un republicano conservador que posteriormente encabezó Heritage y ahora dirige el organismo conservador Conservative Partnership Institute, donde la American Accountability Foundation tiene una dirección postal. Jones también trabajó para el senador republicano Ron Johnson, y proporcionó investigaciones sobre la oposición política para la candidatura presidencial del senador republicano Ted Cruz en 2016.
Con seis investigadores, el equipo de Jones opera de forma remota en todo el país, examinando minuciosamente la información sobre los trabajadores federales dentro del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y otras agencias que se ocupan de cuestiones de inmigración y la frontera.
Su atención se centra en los rangos más altos de los funcionarios públicos: empleados GS-13, GS-14 y GS-15, y aquellos en puestos de nivel ejecutivo que podrían poner obstáculos a los planes de Trump para restringir más el ingreso a través de las fronteras y efectuar más deportaciones.
“Creo que es importante que el próximo gobierno comprenda quiénes son esas personas”, dijo Jones.
Descartó los riesgos que podría implicar el reportar públicamente los nombres, información salarial y otros detalles de los trabajadores federales que tienen cierto nivel de privacidad, y la idea de que el trabajo de su grupo podría poner en peligro el sustento de los empleados.
“No puedes hacer políticas y luego decir: ‘Oye, no me escudriñes’”, agregó.
Reconoce que parte del trabajo es a menudo una “corazonada” o un “instinto” sobre qué empleados federales podrían ser sospechosos de intentar bloquear una agenda conservadora.
“Estamos analizando: ‘¿Hay personas inadecuadas en el gobierno en este momento que son abiertamente hostiles a los intentos de reforzar la seguridad en la frontera sur?’”, señaló.
Su propio grupo fue objeto de escrutinio cuando investigó por primera vez a los candidatos de Biden.
Biden derogó la orden ejecutiva del Anexo F de Trump en enero de 2021, pero un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas de 2022 encontró que las agencias creían que un gobierno futuro podría restablecerla.
Desde entonces, el gobierno de Biden emitió una norma que dificultaría el despido de trabajadores. Un gobierno nuevo podría ordenarle a la Oficina de Administración de Personal que anule la regulación, pero el proceso llevaría tiempo y estaría abierto a impugnaciones jurídicas.