Día nacional de los Pueblos Indígenas: participación y diálogo reconociendo los derechos culturales
Indígenas mapuche se reúnen para hablar del conflicto con el gobierno chileno en Carucautin, en agosto de 2020.
El Día nacional de los Pueblos Indígenas se conmemora en cada solsticio de invierno en Chile, en reconocimiento a las distintas expresiones culturales que se realizan en torno a este ciclo de la naturaleza, que marca el inicio de una nueva vuelta del sol y un proceso de renovación de energía y fortalecimiento personal, social y natural para continuar con el ciclo de la vida. En el caso del pueblo mapuche, se celebra el Wiñol Tripantü; el pueblo rapa nui el Ta’u Hō ou y en los pueblos andinos el Machaq Mara e Inti Raimi, entre otras denominaciones que existen en distintos territorios y de acuerdo a cada cultura.
Esta conmemoración es producto del diálogo y participación del propio movimiento social indígena en el país, que entre la década del 80′ y 90′, junto a la reivindicación de sus derechos, comienza un importante proceso de revitalización cultural como afirmación de su identidad y que se acrecienta con el logro de la ley indígena en 1993, existiendo así una mayor visibilización de sus culturas, tanto tradicionales como contemporáneas, que ha ido permeando a la sociedad en general.
En 1998, un decreto presidencial del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle declaró el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Indígenas, iniciativa presentada por el consejo nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) dada la importancia en el ámbito de los derechos culturales, y que el año 2022 derivó en la declaración de feriado legal el día del solsticio de invierno de cada año para su conmemoración, que en esta oportunidad se produce exactamente el 20 de junio. Esta declaración, sin duda, es una expresión del reconocimiento del Estado a los derechos culturales de los pueblos indígenas, así como al diálogo y la participación de sus propias organizaciones. A la fecha son once los pueblos que cuentan con reconocimiento legal a través de la ley 19.253: mapuche, aymara, rapa nui, lican antay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selk´nam. Cada uno de ellos ha desarrollado su propio proceso sociopolítico para lograr su reconocimiento legal, cuyo principal hito fue la promulgación de la ley indígena el 5 de octubre de 1993, tras el retorno a la democracia en el país.
Este nuevo ciclo que comienza para los pueblos indígenas, y cumpliéndose un poco más de 30 años de política indígena con la creación de CONADI, es una oportunidad para reflexionar sobre sus principales desafíos, considerando también los 15 años desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que implica profundizar el enfoque de derechos, y reconocer la evolución que han tenido estas materias, asumiendo las complejidades que persisten en su relación con el Estado, y cuyas soluciones trascienden a un gobierno.
En 1993, se reconocía la existencia de solo nueve pueblos indígenas, en la actualidad se suman los pueblso chango, diaguita y selk’nam, ampliando de manera significativa el universo, características de su población y distribución territorial. Esto representa en la actualidad una tarea importante de implementación de políticas públicas por parte del Estado, desde un enfoque de derechos, diálogo político y una institucionalidad con las condiciones estructurales y presupuestarias acorde a la realidad actual, que exprese la importancia de los pueblos indígenas en el fortalecimiento de la democracia en Chile.
En poco más de dos años y a partir de este diagnóstico, es que nuestros esfuerzos han estado en sentar las bases para alcanzar el estándar que nos exigen los organismos internacionales en materia de derechos indígenas, ejes que han estado en el centro de esta gestión, tales como el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de la capacidad operativa de CONADI para poner al nivel de la realidad actual en la materia; avanzar en las soluciones al problema de tierras del pueblo mapuche a través de la vía institucional que establece la ley indígena con la aplicación del artículo 20 letra b) a través del cual en este periodo de gestión se ha logrado dar solución a los problemas de tierras de 35 comunidades que optaron por el mecanismo institucional, alcanzando cerca de 11 mil las hectáreas restituidas, así mismo, son 67 comunidades que han concretado el reconocimiento jurídico a los problemas de tierras presentados. Si bien esto representa un avance significativo respecto a gestiones anteriores, el presidente Gabriel Boric se ha comprometido a buscar nuevos mecanismos de solución a través de la Comisión presidencial para la paz y el entendimiento, la revitalización de las lenguas indígenas y el Decenio internacional declarado por la Unesco para el periodo 2022-2032, en que el Estado de Chile asume el compromiso de trabajar sobre un Plan Decenal coordinado por la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI) de Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que será la hoja de ruta en materia de revitalización de lenguas indígenas para los próximos 10 años, y en cuya secretaría técnica participa CONADI, en donde nos encontramos en un momento de transición para reorientar las políticas lingüísticas, que apunten al centro de sus necesidades, dirigida a formar de manera efectiva nuevos hablantes, así como ampliar los espacios para su desarrollo.
Por su parte, el mejoramiento de los procesos administrativos para la aplicación de la Ley Lafkenche promulgada el año 2008, constituye una dimensión relevante para el ejercicio de los derechos y uso consuetudinarios del borde costero de las comunidades indígenas, así como para el el desarrollo integral de esos territorios y todos sus habitantes, tanto indígenas como no indígenas.
En materia de presupuesto e inversión dirigida a los pueblos indígenas es imperioso avanzar en la transversalización de la política pública indígena, en donde las carteras sectoriales y gobiernos locales destinen financiamiento con sus propias partidas presupuestarias para desarrollar iniciativas en materias de desarrollo territorial, fomento productivo y económico, revitalización cultural y lingüística, entre otras materias, sin necesidad de que esto dependa solo del presupuesto de CONADI, el que resulta insuficiente para atender el problema estructural que enfrenta, y que a pesar de la evolución en las materias los pueblos indígenas, en sus 30 años de existencia su presupuesto no ha crecido de manera proporcional, manteniéndose una brecha importante.
Finalmente, es importante saludar y reconocer a todas las personas, comunidades, dirigentes y dirigentes territoriales porque los logros alcanzados en las distintas materias de interés son producto de su disposición de participación y diálogo con el Estado para dar soluciones en el marco de sus derechos consagrados en tratados internacionales y marco legal nacional.
Luis Penchuleo Morales, director nacional de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI
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