$134.000 millones estarían en riesgo por reforma agraria del Gobierno Petro. Detalles del posible caso de corrupción

Un nuevo escándalo de posible corrupción sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez tiene que ver con el conjunto de proyectos que constituirían la reforma agraria, una de las banderas de su administración y uno de los puntos clave para cumplir los Acuerdos de Paz.

Aurelio Suárez, columnista de SEMANA, reveló que no solo existe lentitud e inoperancia dentro de la compra y entrega de tierras, que llevó a la Casa de Nariño a disminuir la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En un análisis, Suárez encontró violaciones a la Ley 160 de 1993, especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros, y falta de pago a oferentes.

En total, por la reforma agraria, estarían en riesgo aproximadamente 134.000 millones de pesos.

Los contratos con presuntas irregularidades incluso sobrepasan los 46.000 millones de pesos de los 40 carrotanques de La Guajira, adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y plagados de corrupción.

En primer lugar, Suárez resalta que, en el municipio de Caloto, en el Cauca, se compraron 23 predios por 18.516 millones de pesos.

Según Suárez, se le compraron 285 hectáreas a Alberto Bernal Seijas, condenado a 30 años de cárcel como determinador de la masacre de El Nilo o masacre de Caloto en 1991.

Como oferente figura la firma Agrícola Bernal Seijas y las vendedoras son las empresas Agropecuaria La Macarena y Emcar Investments, con capital pagado inferior al valor de los predios que comercializaron, con familiares de Bernal como titulares y con el mismo domicilio y correo electrónico. El economista asegura que no se evaluó si había testaferrato o si cabían restituciones o extinciones.

Aurelio Suárez Montoya.

En San Marcos, departamento de Sucre, se compraron 13 predios a Agrolonja Ltda. Estos, según la columna, se encuentran en alto riesgo de anegación.

“En dos de ellos, el estudio agronómico que la ANT hizo para comprarlos mostró que la mayoría de la tierra era inutilizable. En otros dos, la orden de compra se dio sin ese estudio ni control de calidad sobre el avalúo. Primero se giraron $ 20.795 millones por 795 hectáreas y después preguntaron”, escribió Suárez.

Por otro lado, en San Juan de Arama, en Meta, se compró el predio Hato Rondón, de 1.047 hectáreas, “sin informe agronómico, ni jurídico, ni de uso del suelo, ni ambiental, ni control de calidad del avalúo”.

“Esta infracción en el procedimiento le causó una ganancia exorbitante e instantánea al vendedor, Palma Capuchinos SAS, que lo había obtenido apenas siete meses antes, en febrero de 2023, por $ 2.050 millones, y lo revendió en septiembre a la ANT por $ 10.994 millones”, expuso Suárez.

Por otro lado, en Jamundí (Valle de Cauca), cerca de la zona controlada por la disidencia de Iván Mordisco, la Agencia Nacional de Tierras registra como comprados siete predios.

“A abril, dos consejos comunitarios afros a los que se destinó la tierra, El Alterón y Robles, se quejaron a la Procuraduría porque no pueden asentarse debido a la falta de pago. ¿Retén o carencia de caja? Son $ 46.759 millones por 1.363 hectáreas”, manifestó en la columna.

En Chimichagua, en el departamento del Cesar, y en Nueva Granada y Pijiño del Carmen, en el Magdalena, la ANT compró otros cuatro predios.

“De dos fideicomisos administrados por Acción Fiduciaria, una compañía sancionada por violaciones al Sarlaft e involucrada en fiascos como el Hotel Bacatá. Quienes consignaron las tierras dentro de esa ficción jurídica esquiva a la ley fueron José Luis Botero Salazar y la Sociedad Unión Mutua, protagonistas de la estafa en Factor Group. Pese a que una fiducia se registró en 2010 por valor de $ 2.271 millones y otra en 2011 por $ 1.377 millones, la ANT pagó $ 27.697 millones por los predios. No importó la inexplicable discordancia entre esos valores, ni que el estudio agronómico del mayor de los predios mostrara apenas 50 % de utilidad”, explicó.

Finalmente, en Puerto Carreño, en Vichada, y Puerto Gaitán, en el Meta, también encontró irregularidades. En el último se compraron 13.896 hectáreas por 38.675 millones de pesos.

“El engendro se llama Los Cachorros, fuera de que es declarado improductivo, es el de más área y más caro de todos los comprados. Una ilegalidad gigantesca”, manifestó Suárez.