Límites que no se deben traspasar

límites que no se deben traspasar

Límites que no se deben traspasar

En un escenario convulsionado y represivo se votaron afirmativamente en general en el Senado el proyecto de ley Bases y el conocido como paquete fiscal. No son temas terminados: ahora vuelven a Diputados, donde se debatirán y se pondrán nuevamente a votación.

El Gobierno intenta modificar profundamente la estructura económica, productiva, social y cultural del país junto con la eliminación de una gran cantidad de derechos adquiridos por la ciudadanía. Por ello las movilizaciones y la resistencia.

El proyecto de ley Bases ha sufrido varias mutaciones desde aquella primera versión que se intentó aprobar en Diputados, y que el oficialismo retiró cuando comenzó a perder las votaciones en particular en febrero. Luego, continuaron los recortes al proyecto hasta el jueves, cuando dieron marcha atrás con la propuesta de eliminación de la moratoria previsional y sacaron a Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios de Radio y Televisión Argentina (RTA) de la lista de empresas públicas sujetas a privatización. Del número inicial de 41 empresas propuestas para privatizar, quedaron solo seis en el proyecto votado entre el miércoles y el jueves de la semana que pasó. También tuvo modificaciones el RIGI, a través de la limitación de los sectores alcanzados por sus beneficios, entre otros cambios en este ítem.

De todos modos, lo que se aprobó es gravísimo, comenzando por las facultades delegadas y el capítulo de la llamada reforma laboral. Además, el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de insistir en Diputados con las modificaciones del impuesto a las ganancias y de bienes personales.

En mi opinión, la Cámara de Diputados no debería insistir con los temas rechazados por el Senado. El sistema es bicameral y por eso los proyectos deben ser aprobados por ambas cámaras.

Por otro lado, hay límites que no se pueden traspasar ni naturalizar.

El despliegue totalmente intimidatorio de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, de Gendarmería Nacional, de Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otras fuerzas, hasta transformar el centro de Buenos Aires en un campo de batalla, dejó en evidencia que hay políticas que no se pueden implementar sin la aplicación de fuertes medidas represivas.

No está bien impedir o dificultar la realización de una movilización pacífica a través de la saturación de fuerzas de seguridad. En nombre de combatir el caos, no está bien intervenir para producirlo.

Más grave aún fue el comunicado de la Oficina del Presidente de la Nación felicitando a las Fuerzas de Seguridad “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.

Cuando el discurso gubernamental rompe amarras con la realidad, la sociedad comienza a estar en peligro: el uso de las palabras “terroristas” y “golpe de Estado” para describir las protestas del miércoles supone una tergiversación absoluta de lo que ocurrió y rememora tiempos en los que la utilización de esos términos abrió las puertas a un escenario de violencia estatal generalizada.

Tampoco está bien rociar con gas pimienta y lacrimógeno a diputados y diputadas mientras intentaban dialogar con efectivos de la Prefectura tratando de acercarse al edificio del Congreso. Los cuerpos de algunos de ellos desplomados y asistidos en el pavimento no es una postal que debiera naturalizarse.

Escenas similares ya se habían producido cuando se trató el proyecto de ley Bases en Diputados: también en esa oportunidad hubo algún diputado gaseado y con problemas en la vista.

Los legisladores y legisladoras tienen fueros que les dan una protección adicional con relación a la ciudadanía en general, justamente para poder actuar en defensa de esos ciudadanos y ciudadanas. No está bien que las fuerzas de seguridad ataquen a la ciudadanía. Tampoco está bien que ataquen a legisladores.

El intento de aprobar dos proyectos de ley que afectan a amplios sectores de la ciudadanía, combinado con un fuerte escenario de represión, nos recuerda los peores tiempos de nuestra historia nacional.

* Diputado nacional Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario.

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