Milei, Comodoro Py y la prensa del "me dicen", un eje que pone en riesgo valores democráticos esenciales
Milei, Comodoro Py y la prensa del
La detención de al menos 33 manifestantes, vendedores ambulantes y transeúntes en la tarde en que el Senado trató la ley Bases encuentra en un documento oficial una prueba primaria y reveladora el peligro que representan el Gobierno de Javier Milei y el fuero penal federal de Comodoro Py para la democracia.
Cuando los detenidos llevaban una noche privados de la libertad y muchos de sus familiares desconocían su paradero, el Ministerio de Seguridad difundió la imputación efectuada por el fiscal federal Carlos Stornelli. La historia de contubernios entre ese emblema del fuero penal de Comodoro Py y Patricia Bullrich aporta nuevos capítulos.
En el texto del jueves, Stornelli escribió que el objeto procesal de su denuncia radicaba en “el conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza…, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática”.
Esas hipótesis, de las más graves descriptas en el código penal, con penas de varios años de cárcel, fueron esbozadas por el fiscal que comparte con Bullrich, entre otras causas, la intermediación con el falso abogado y espía ilegal condenado por extorsión Marcelo D’Alessio. Este panelista del programa de Alejandro Fantino —hoy condenado y detenido— se valía de sus probados intercambios con Bullrich y Stornelli para amedrentar a sus víctimas.
Una mujer protege su rostro por el efecto de los gases lanzados por la Policía en las inmediaciones del Congreso, el 12 de junio de 2024
La ilustración de Stornelli
El fiscal reconoció en su presentación ante la jueza María Romilda Servini de Cubría que debía construir las pruebas y delimitar responsabilidades, pero, “a título ilustrativo”, aportó indicios. “Evocaré distintos fragmentos de reportes periodísticos y publicaciones oficiales, de los cuales se desprenden circunstancias relacionadas con los eventos y que entiendo pertinente tener en cuenta”.
Los fragmentos fueron tres: un mensaje en X de la Oficina del Presidente y sendas notas de los portales de Clarín y La Nación.
El posteo en X fue un típico texto desorbitado y provocador en los que incurre a diario el Presidente ultra y sus cuentas oficiales. “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado…”.
Las notas citadas de los dos principales multimedios del país reproducían partes del ministerio de Bullrich y del Gobierno de la Ciudad, sin el menor desapego por la versión oficial. Nada nuevo.
Un fiscal federal no es un empleado del Gobierno ni le debe obediencia. Si Milei o el estratega Santiago Caputo alegan un “golpe de Estado” y actos de “terrorismo”, sin ningún indicio al respecto, no tiene por qué acudir presuroso a solicitar detenciones
Ese material le valió a Stornelli la petición de prisión preventiva e indagatoria a los 33 detenidos y la imputación, “prima facie”, de lesiones, daño, incendio, intimidación pública, resistencia a la autoridad, incitación a la violencia colectiva, atentado al orden constitucional y contra la autoridad, con el probable agravante introducido en la ley antiterrorista.
Una manifestante pasa delante de una formación policial durante el debate por la ley Bases en el Senado, el 12 de junio de 2024.
La sordidez de la mano estatal plagó la jornada en que los bloques oficialistas y un puñado de senadores seducidos con embajadas y contratos aprobaron la ley Bases, pero el texto de Stornelli, por sí sólo, demuestra que el derecho a la protesta, constitutivo de la vida democrática, está amenazado en la Argentina de Javier Milei.
Un fiscal federal no es un empleado del Gobierno ni le debe obediencia. Si Milei, el vocero Manuel Adorni o el estratega Santiago Caputo deciden alegar un “golpe de Estado” y actos de “terrorismo”, sin ofrecer ningún indicio al respecto y ni siquiera formular una denuncia formal en esos términos, un representante del Ministerio Público Fiscal no tiene por qué acudir presuroso a solicitar detenciones bajo esas figuras.
Antes, su tarea podría ser investigar si el Presidente y sus adláteres incurrieron en denuncias falsas contra sus adversarios políticos, al alegar actos de “terrorismo” sin certezas. Y más aun, le corresponde indagar sobre las posibles violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, cuya venalidad quedó filmada al arremeter contra manifestantes pacíficos y dejar hacer a encapuchados que aparecieron de la nada, se tomaron varios minutos para volcar e incendiar un auto y se marcharon sin que nadie los perturbara.
En segundo orden, multimedios que desbordan oficialismo en espacios centrales y en notas editoriales tienen derecho a informar del modo que les parezca, pero su versión no es prueba ni indicio de nada. Su abordaje de hechos públicos, difundidos durante el día a través de múltiples pantallas de televisión y redes sociales, es tan válido como el de otros medios que informaron de modo muy distinto, como elDiarioAR.
La secuencia involucra al Gobierno de Milei, los medios oficialistas y el fuero federal:
- El Gobierno anega el área de la manifestación con un despliegue infernal de fuerzas policiales que, en sí mismo, amedrenta a quien desee ejercer el derecho de protesta.
- Bullrich implementa un protocolo que procura delimitar el espacio de una manifestación multitudinaria que, por su propia naturaleza, no puede circunscribirse a fronteras estrictas.
- Con la excusa del protocolo, las fuerzas de seguridad avanzan sobre manifestantes que se perciben pacíficos, sin la menor intención de producir incidentes. En el ataque de los policías a un grupo de diputados y dirigentes sociales y sindicales, quedó registrado cómo las fuerzas de Bullrich, en lugar de prevenir desmanes, los provocan.
- Funcionarios del Gobierno, como el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, o el diputado bonaerense con acceso privilegiado a Casa Rosada Agustín Romo agitan desde sus cuentas personales o con pseudónimos. Otros, como el médico Daniel Parisini, tuitero famoso de las filas libertarias como Gordo Dan, pareja de la contratada en la Subsecretaría de Políticas Universitarias Belén Casas y probable socio del canal de streaming Blender, atizan la violencia con sadismo. Pronto, Parisini podría asumir responsabilidades de otra escala.
- “Me dicen” guía la acción periodística que está de moda. Llegan peligros en ciernes vía whatsapp y se reproducen en pantallas y redes sociales. El “terrorismo” está al acecho, informa el presentador con la mirada orbitando entre el celular y la cámara.
- Disparados los incidentes, la versión de los portales de Clarín, La Nación e Infobae es unánime: grupos de izquierda y piqueteros atacan a la Policía con piedras y bombas molotov e incendian autos.
- Como si hubiera zona despejada para lograr una imagen con destino a ser tapa de diarios y portales, un grupo de encapuchados vuelca un vehículo de una radio de alta audiencia y lo incendia. Los autores se toman todo el tiempo que necesitan y parten sin que nadie los moleste. Orlando Morales, cronista de Cadena 3, relata que los atacantes no pertenecían a ninguna agrupación y actuaron de modo extraño, con saña y total impunidad. Luego, las autoridades de la Ciudad y del ministerio de Bullrich explicarían que no fue complicidad sino cautela, ante el riesgo de intervenir y causar males mayores. Son las mismas fuerzas policiales que arrojaron gas sobre el rostro de adultos mayores y detuvieron a un hombre, su hija y su nieta, que trataban de proteger las empanadas que vendían, acusados por Milei y Stornelli de probables actos de terrorismo.
- Puestas en el lugar de víctimas y custodias del orden, las fuerzas policiales recrudecen una cacería con decenas de detenidos al caer la tarde.
- Entran en acción el fiscal Stornelli y la jueza Servini de Cubría.
La cocina de Comodoro Py
Con el amparo del macrismo, Stornelli maniobró para que las causas por presunta extorsión que lo involucraban junto al falso abogado D’Alessio fueran tramitadas en Comodoro Py, su casa.
Semanas atrás, la Corte Suprema confirmó la absolución del fiscal porque en una apelación faltaba una fotocopia. La razón quedó plasmada en una resolución del máximo tribunal. Sus colegas de los juzgados federales no encontraron pruebas que confirmaran que la dupla Stornelli-D’Alessio se proponía plantarle droga a la expareja de la mujer del fiscal, ni que pretendían orquestar una cámara oculta contra Juan Manuel Ubeira, abogado defensor de una de las presuntas víctimas de la extorsión del dúo. Todo ello surgió de los peritajes del celular de D’Alessio, pero las pruebas no conmovieron a jueces, fiscales y cortesanos.
Marcelo D'Alessio, Carlos Stornelli y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, en el balneario CR de Pinamar, el 8 de enero de 2019.
En Comodoro Py coinciden en definir a Stornelli como un fiscal sólido en sus argumentos jurídicos, que en el pasado se sometió a los vaivenes de la política sin ser del todo previsible para las distintas camadas que pasaron por la Secretaría de Inteligencia.
Desde la causa Cuadernos, —otro capítulo de la relación tóxica entre espionaje, medios, política y los tribunales, cuando quedó expuesta su relación con D’Alessio y el periodista de Clarín Daniel Santoro—, “Stornelli se pintó la cara”, describe un juez de Comodoro Py de los que reconocen en solvencia técnica en el fiscal. El fiscal pasó a ser totalmente previsible, “porque su prioridad fue sellar las alianzas que necesitaba para defenderse”, explica la voz.
Los caminos de Servini
El caso de Servini de Cubría es distinto. La jueza de 87 años, una de las más antiguas de Comodoro Py, “es apta para todo servicio”, indica un abogado que lleva causas en el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 1.
En esta ocasión, la jueza decidió aceptar el precario criterio expuesto por Stornelli. El viernes por la noche ordenó liberar a 17 de los 33 detenidos, sin desvincular a ninguno de la causa ni desescalar los presuntos delitos de los que se los acusa.
La mayoría de quienes quedaron detenidos en cárceles federales fueron inculpados prima facie por tirar piedras, prender fuego a un tacho de basura o pegar una patada a un policía. Esta última acción fue adosada a la contadora y funcionaria del Ministerio de Economía María de la Paz Cerruti, quien cruzó una calle cartera en mano y fue sometida por media docena de policías. ¿Terrorismo?
La jueza que adopta este criterio es la misma que el 20 de diciembre de 2001 se plantó en Plaza de Mayo para frenar la cacería policial disparada por el Gobierno de Fernando de la Rúa en su despedida. “Vine porque me enteré de que había represión policial y no sé quién dio la orden”, encaró la magistrada a los policías esa mañana. Se trata de la misma Servini de Cubría que abrió la única vía que encontraron víctimas del franquismo para encontrar una reparación ante la impunidad reinante en España, también la “burú burú budía” del menemismo que intentó censurar a Tato Bores y la que designó a Luis Barrionuevo como interventor del Partido Justicialista cuando le vino bien al Gobierno de Mauricio Macri.
“No es cautiva de nadie, pero debe favores a medio mundo. Segunda y tercera generación de su familia están por todos los pasillos de tribunales”, narran en el edificio de Retiro.
Comodoro Py puro: los 16 detenidos y los 17 liberados (a uno de ellos le asignan un hecho grave, como la portación de una granada) ahora quedan sometidos a un tortuoso camino de peritajes y recursos, llevados a cabo por los mismos jueces, fiscales y camaristas que mecen parsimoniosamente otros expedientes por años, cuando los tiempos políticos lo requieren.
Tanto la represión y las detenciones arbitrarias posteriores de la marcha, como el uso de figuras relacionadas con la tipificación de 'terorismo' y 'golpe de Estado' invocadas por el Poder Ejecutivo y algunos legisladores, sumado a la judicialización posterior, aplicando desproporcionadamente varias de esas figuras, buscan tener un chilling effect sobre la sociedad para que no salga a la calle a reclamar por sus derechos“, sintetiza Gastón Chillier, miembro de la red internacional de derechos humanos INCLO.
El rastro de Bullrich
La secuencia de represión indiscriminada y acusaciones por delitos graves en fuero federal remite inexorablemente a las protestas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que llevó a cabo Macri. También entonces, en dos jornadas, 14 y 18 de diciembre, hubo instancias de zona liberada, desmanes de grupúsculos de izquierda y alborotadores de Inteligencia, decenas de manifestantes heridos (varios perdieron un ojo por balas de goma) y detenidos. El macrismo agrupó esas protestas bajo el título “14 toneladas de piedras” que se sigue repitiendo hasta hoy. Los arrestados el 18 de diciembre fueron liberados de inmediato, pero los del 14 quedaron a cargo del juzgado del hoy fallecido Claudio Bonadio.
El juez llegó a argumentar que quienes portaban bicarbonato o limones para contrarrestar el efecto de los gases eran sospechosos de delitos similares a los que ahora agitan Stornelli y Servini de Cubría. Entre aquellos hechos de siete años atrás y los de esta semana, hay un factor común: la ministra de Seguridad, Bullrich.
El entonces juez Claudio Bonadio cenó con Sebastián Eskenazi en La Pecora Nera, un restaurante de Recoleta, en octubre de 2018
Bonadio procesó a 33 personas y mantuvo en prisión durante varias semanas a seis. Entre ellas, a Esteban Rossano, un chico de 19 años con pinta de niño que iba a jugar al fútbol. Que llevara una remera en la mochila fue un indicio que llevó al juez a sospechar y dejarlo en prisión durante 42 días. Está escrito. Su padre, Pablo Rossano, vendedor ambulante en un puesto cercano a la estación de trenes de Morón, llevó adelante la lucha hasta que logró la liberación. Pablo murió a los pocos meses a raíz de una crisis diabética.
Escarmiento
Los agitadores de Milei afirman que los tiempos cambiaron. Que su líder no es Macri y no retrocederá. Los llamados a la represión son enarbolados a toda hora por el Gobierno y sus terminales mediáticas.
El Gobierno ultraderechista lleva contadas media docena de manifestaciones masivas en su contra, motivadas en causas sindicales, feministas, de derechos humanos y universitarias. La aguerrida Bullrich elige cuándo y con qué intensidad actuar. Frente a la comunidad universitaria y el movimiento de derechos humanos que salió a las calles el 24 de marzo, mínima presencia policial y protocolos laxos. Las protestas de desocupados, asambleas populares y organizaciones sociales —es decir, los trabajadores y los más humildes— aparecen como las más vulnerables ante el ataque perpetrado por un Gobierno destinado a “destruir al Estado desde adentro” y tribunales federales desapegados de la legalidad hace años.
Funcionarios que obedecen a Caputo difunden que podría ocupar un lugar en la AFI el citado Parisini, el “Gordo Dan” de redes que pregona muertes, venganzas y fuego
Llevar a cabo una redistribución regresiva del ingreso de la magnitud que se propone Milei sin protestas es un objetivo osado. El propósito pone en riesgo la vida democrática.
Otras armas
No es el único trazo en ese sentido. Los relatos sobre el creciente dominio del asesor Santiago Caputo de diversas áreas del Gobierno se multiplican. Reemplazos intempestivos de funcionarios, hackeos de celulares, seguimientos, mensajes anónimos y denuncias de cajas negras forman una narrativa subterránea, que cuando asoma a la superficie, encuentra eco en altercados dentro de la prensa oficialista. El falso episodio del intento de intrusión en un domicilio de Sandra Pettovello, que encontró a unos denunciando y a otros desmintiendo, fue un ejemplo.
La reorganización de la Agencia Federal de Información tras la salida del defenestrado Nicolás Posse habilita un juego de nombres. Funcionarios de la línea de Caputo difunden que podría ocupar un puesto clave el citado Parisini, el “Gordo Dan” de redes que pregona muerte, venganza y fuego. Ello es recibido como una hipótesis probable y/o un alarde propio de un goce cruel que varios le atribuyen al temible asesor de Milei.
Fernando Seresevsky dejó de ser jefe de Gabinete de Pettovello porque, –según dijo– tenía planeado acompañar la gira de los Ratones Paranoicos, grupo del que es manager. Para la ministra de Capital Humano, significó la pérdida de su mano derecha y uno de los pocos funcionarios de confianza.
Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
En reemplazo de Seresevsky fue designado Lucas Fernández Aparicio, hombre cercano a Guillermo Dietrich y Jorge Triaca. No hay mayores exponentes de “la casta” y de los verdaderos intereses de Mauricio Macri que esos dos exministros de Cambiemos. El expresidente da un paso adelante para intervenir en áreas por las que puja desde que Milei ganó las primarias presidenciales.
En despachos oficiales circula una versión, hasta ahora no probada, sobre el motivo real de la salida de Seresevsky, que daría cuenta de métodos delictivos para dirimir internas.
El tándem Santiago Caputo-Karina Milei tiene en Guillermo Francos a un ejecutor y en Pettovello a un blanco de primer orden.
Si la mejor amiga de Milei deja intervenir su megaministerio por hombres de Macri, podría leerse como una táctica defensiva: juntar fuerzas ante un enemigo en común.
SL/DTC