Villarruel es querellante en la causa que se armó contra los detenidos tras la represión
Villarruel es querellante en la causa que se armó contra los detenidos tras la represión
Victoria Villarruel ganó protagonismo al convertirse en la llave que le permitió al presidente Javier Milei quedar a un paso de contar con la sanción de las leyes Bases y Paquete fiscal, que se debatieron el miércoles pasado en el Senado. Ese día, las fuerzas de seguridad implementaron un plan represivo para impedir que las organizaciones sociales, gremiales y políticas continuaran ingresando a la plaza del Congreso. Entusiasmada, la vicepresienta dio un paso más y se presentó como querellante en la causa que investiga la jueza María Romilda Servini por los supuestos destrozos que realizaron los manifestantes que, según entiende la vicepresidenta, constituyen un intento de golpe de Estado. La jueza la aceptó.
La vicepresidenta, a la que en los pasillos del Senado la llaman la "videlita" por el genocida Jorge Videla y que ella admira y defiende desde hace décadas, se sumó rápidamente a la maniobra legal de acusar a los detenidos de apliocar prácticas terroristas y de buscar un "golpe de estado". En su escrito hizo referencia a un "ataque a la democracia".
En su presentación, la vicepresidenta pidió que se la considere querellante por considerar que los manifestantes habrían dañado el edificio del Congreso, pero también aseguró que el motivo de los disturbios era impedir la continuidad de la sesión que se realizaba en el Senado. Algo que, era materialmente imposible porque el Congreso estuvo vallado desde el día anterior, el martes 11 de junio, y con una presencia de miembros de fuerzas de seguridad que, según trascendió, superaba los 1500 efectivos. Todo eso sin contar los carros hidrantes y los motorizados de la Federal y la Prefectura.
El supuesto ataque al edificio del Congreso en realidad, según el escrito presentado, fue al anexo de la Cámara alta y que es la exsede de la Caja de Ahorro, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen frente a la Plaza del Congreso. Ahí es donde se produjo el sospechoso ataque al móvil de la radio cordobesa Cadena 3.
En el escrito Villarruel denuncia que detrás de la protesta estaba la intención de "aterrorizar" a la población, provocar un "golpe de estado" y terminar con la sesión. Todo en teoría y alineado con las afirmaciones que el mismo miércoles por la noche había lanzado el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y otros tantos funcionarios que buscaron instalar la idea de que la represión había sido la única forma de evitar "el terrorismo".
Según el gobierno porteño el costo de reparar los destrozos asciende a 278 millones de pesos. Lo que no informó es la cantidad de efectivos que aportó la Policía de la Ciudad a las cuatro fuerzas de seguridad nacional que participaron del operativo. Por ahora solo se sabe que fueron 1500 los uniformados y una cifra no determinada de aquellos que estuvieron de civil.
Durante la sesión y mientras los efectivos golpeaban con palos, balas de goma y gas pimienta a los manifestantes, que incluyó un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria, el senador Wado de Pedro presentó una moción de orden para bajar a la plaza e intentar parar la represión. Villarruel se peleó a viva voz para impedir que se votara la moción. Ella consideraba que la petición iba en línea con la intención de la calle de hacer caer la sesión.