Los responsables deben ser juzgados

Articulista José Ramón Narro Robles. Foto: EL UNIVERSAL

Recientemente se dio a conocer el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México. Los datos que se consignan son dolorosos en grado extremo: más de 807 mil muertes en exceso, de ellas, casi 300 mil son atribuidas a fallas en la gestión gubernamental; un total de 215 mil huérfanos; cerca de 5,800 fallecimientos entre el personal de salud; y cuatro años de esperanza de vida perdidos son solo una parte del desastre.

Los pésimos resultados que recoge el informe resultan de numerosas fallas en el manejo de la pandemia. En esta oportunidad me referiré a cuatro de ellas. En primer término, a las concesiones otorgadas por las autoridades sanitarias al poder político. Licencias concedidas, por cierto, de forma reiterada y muy por encima de las recomendaciones de la ciencia.

También se deben señalar la incapacidad del presidente para entender que él no tenía la preparación necesaria para anticipar la gravedad y el curso de la pandemia y menos para descalificar medidas que, como el uso del cubrebocas eran esenciales. Igualmente, la ineptitud de sus colaboradores, el secretario y el subsecretario de Salud mostrada, entre muchas otras, al no favorecer que el presidente escuchara todas las voces antes de decidir.

En segundo término, me refiero a la soberbia que caracterizó la centralidad de Hugo López Gatell en el proceso. Su arrogancia le impidió oír a otros y lo llevó a mentir con frecuencia. Bajo el amparo del presidente y del silencio del secretario, descalificaba a los que no pensábamos como él y se dio el lujo de mofarse del trabajo de seis ex secretarios de Salud y de desdeñar sugerencias de la OMS. Su petulancia e inexperiencia le impidieron hacer los ajustes requeridos a tiempo.

En tercer lugar, conviene recordar la absurda politización de las medidas y los mensajes. Esa actitud abonó a la desconfianza y la división, cuando lo que se requería, como parte del liderazgo necesario, eran unidad y certidumbre. Suplantar al Consejo de Salubridad General, pretender excluir de la vacunación a los médicos del sector privado o descalificar a los profesionales de la salud desde la tribuna del titular del Ejecutivo Federal, quedan como muestra de la estulticia gubernamental.

Finalmente, la supuesta “austeridad republicana”, las fobias contra los gobiernos anteriores y el seguro popular, al igual que la incapacidad gubernamental probada en casi todos los campos de la acción pública, forman parte del entramado de la causalidad del peor crimen contra la sociedad mexicana en los últimos 150 años por lo menos.

Ni la Revolución Mexicana ni la pandemia de influenza de 1918 y 1919, causaron por separado tanta muerte. López Gatell y Alcocer son los principales culpables del fallecimiento de cientos de miles de personas que no debieron ocurrir, por supuesto que hay muchos otros que comparten la responsabilidad. Todos ellos deberían rendir cuentas frente a la Justicia.

No pueden esgrimir que no sabían. Desde muchos y diversos espacios les anticipamos de manera reiterada lo que finalmente pasó. Este es el caso del colectivo “Unidos por la Salud de los Mexicanos” del que orgullosamente formo parte y que en 15 comunicados les expresamos preocupaciones, datos, argumentos y propuestas que por supuesto no fueron escuchadas. El silencio en este caso no es neutral. El de Claudia Sheinbaum y los destacados médicos que le acompañan es preocupante, como también el de amplios sectores de nuestra sociedad. Sería terrible que este sea un ejemplo de connivencia o de la “banalidad del mal” descrito por Hannah Arendt.

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