Chile Vamos pide a Contraloría fiscalizar al INDH tras querella por tráfico de influencias

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Diputados de Chile Vamos presentaron un requerimiento a la Contraloría para solicitar una exhaustiva fiscalización de las acciones judiciales emprendidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Los parlamentarios acusan a la institución de actuar fuera del marco de sus competencias legales y de utilizar indebidamente recursos fiscales.

La acción fue presentada por las bancadas de diputados de Chile Vamos, encabezadas por Hugo Rey (RN, subjefe), Andrés Longton (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli).

El requerimiento se basa en la reciente decisión del INDH de presentar una querella penal por tráfico de influencias en el proceso de designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema. Según los diputados, esta acción judicial excede las atribuciones del INDH y constituye una “ilegalidad manifiesta”, implicando un uso indebido de recursos fiscales.

Diputados de Chile Vamos ingresan requerimiento a Contraloría

A juicio de los parlamentarios, el INDH ha excedido sus competencias, ya que, conforme al numeral 5 del artículo 3 de la Ley N°20.405, se establece un doble mecanismo para conferir autoridad judicial al Instituto. Por un lado, se le permite ejercer acciones judiciales “en el ámbito de su competencia” y, por otro, se le otorga la legitimidad para presentar querellas en relación con un conjunto específico de seis delitos. “Luego los delitos de corrupción o contra la Función Pública como el tráfico de influencias no está en el mencionado conjunto”, señalan.

En el documento de 11 páginas, los diputados detallan las facultades del INDH y explican cómo ha excedido sus competencias legales. Señalan que la capacidad del INDH para presentar acciones judiciales está limitada a ciertos delitos específicos, como genocidio, lesa humanidad, guerra, tortura, desaparición forzada, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Los delitos de corrupción o contra la Función Pública, como el tráfico de influencias, no están incluidos en las competencias del INDH según la Ley N°20.405, reiteraron.

Frente a esto, la diputada Flor Weisse (UDI) señaló que su partido está “respaldando y solicitando esta presentación a Contraloría porque aquí estamos complementando lo que ya pedimos, que es la destitución de los consejeros del Instituto de Derechos Humanos, porque están excediéndose en sus atribuciones. Aquí se ha vulnerado el principio de legalidad y creemos que de forma arbitraria y además con fines electorales, se está presentando la querella que no es lo que les corresponde”.

Recursos fiscales

Los legisladores de Chile Vamos argumentan que la acción del INDH implica un uso indebido de los recursos fiscales destinados a la institución, ya que estos recursos deben ser empleados para cumplir con su mandato de protección y promoción de los derechos humanos.

En tal sentido, destacan las declaraciones de la consejera del INDH, Beatriz Corbo, quien señaló la falta de prolijidad en la toma de decisiones del Consejo y mencionó presiones a los consejeros.

Finalmente, los parlamentarios solicitaron que la Contraloría instruya las medidas administrativas y disciplinarias necesarias para restablecer la legalidad y asegurar la responsabilidad de los funcionarios involucrados, para de esta manera garantizar la transparencia en las actuaciones del INDH.

Derechos humanos

El diputado Longton manifestó que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que comprender de una vez por todas que los derechos humanos es un patrimonio de todos los chilenos, no de la izquierda más radicalizada que ellos representan, donde precisamente han utilizado el instituto con estos fines, con fines políticos y lo más grave y por eso estamos acá, utilizando recursos públicos para un objetivo totalmente distinto de lo que establece la ley (…).

Mientras que el diputado Guzmán sostuvo que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un órgano con autonomía legal y en la descripción de sus funciones se establece que su deber es la promoción y la protección de los derechos humanos en Chile. Cuando el Instituto toma la decisión de querellarse respecto a un delito común, está actuando fuera del ámbito de sus atribuciones”.