Regularización o desarme: el peligro de igualar lo diferente

Regularización o desarme: el peligro de igualar lo diferente

Recientemente el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que intenta abordar el problema del circulante de armas en la sociedad argentina, gran parte de ellas poseídas de forma irregular. Para ello brinda dos opciones: regularizar su tenencia, en caso de que las armas no se posean conforme a derecho, o bien entregarlas al Estado para su destrucción, a cambio de un incentivo económico, estableciendo una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevaf).

Las opciones propuestas son peligrosas, ya que las alternativas ofrecidas no son equivalentes ni tienen los mismos propósitos. Poner en un pie de igualdad un blanqueo que facilite registrar cualquier tipo y cantidad de armas poseídas ilegalmente y el estímulo a la entrega voluntaria de estos materiales para su destrucción constituye un error conceptual del proyecto.

En nuestro país las armas de fuego son responsables de entre cinco y seis muertes por día. Es evidente que todas las armas matan, no solo las poseídas en forma irregular, y que las herramientas de política pública para atacar ese excesivo circulante de armas requieren la persecución del mercado ilegal, el secuestro y decomiso de las armas indebidamente poseídas y el fortalecimiento del programa de entrega voluntaria que posibilitó extraer de la sociedad más de 200 mil armas y más de dos millones de municiones.

No podemos dejar de tener presente que las, aproximadamente, dos millones y medio de armas ilegales que circulan en nuestro país (según estimaciones de la Anmac) en algún momento fueron legales, pero por descuido, sustracción o la razón que fuera, en la extensa vida útil del arma, pasaron a la ilegalidad.

Blanqueo irrestricto. Facilitar el registro en condiciones tan amplias, constituye lisa y llanamente un blanqueo ilimitado e irrestricto, que no tendrá efectividad alguna para reducir las negativas consecuencias que las armas generan en nuestra sociedad. Por el contrario, puede propiciar una falsa alternativa que conspire contra el éxito del programa de entrega voluntaria prorrogado.

En un contexto de exasperación social, preocupantes niveles de violencia y delito, la posibilidad de blanquear un arma ilegal puede aparecer como una opción más atractiva que entregarla para su destrucción a cambio de una suma de dinero, mucho más en un clima de época de exaltación de la primacía de las soluciones individuales por encima de las construcciones colectivas y solidarias.

Las políticas estatales deben orientarse a la reducción del circulante de armas para prevenir las nefastas consecuencias que la letalidad de estos materiales produce diariamente en nuestro país. Y ello es así, no porque lo postule la Red Argentina para el Desarme (RAD), sino porque tales políticas emanan de la letra de leyes vigentes aprobadas en distintas épocas y con enorme consenso.

Objetivos olvidados. En 2015 se sancionó la ley que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que asumió las funciones hasta entonces meramente registrales de armas y de usuarios que ejercía el Registro Nacional de Armas (Renar), pero se ampliaron los objetivos de la agencia creada hacia el desarrollo de políticas orientadas a reducir el circulante de armas; impulsar la destrucción de las que fueran entregadas, secuestradas o incautadas, y hacia las acciones que condujeran a la disminución de la violencia con armas de fuego.

Los objetivos que la ley asignó a la Anmac implicaron la consolidación y continuidad de una política comenzada casi una década antes, cuando en el año 2006, con enorme consenso de todos los sectores, se sancionó la Ley 26.216, que declaró la emergencia en la materia y creó el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevac), programa que se prorrogó en nueve oportunidades y desde su puesta en marcha permitió que se sacaran de circulación y se destruyeran centenares de miles de armas.

Este valioso consenso democrático pareciera ponerse en duda con el proyecto del Poder Ejecutivo, que aparenta reducir el problema de las armas a su situación registral, contradiciendo toda evidencia que demuestra que las armas se usan mayoritariamente para dirimir conflictos interpersonales, disputas intrascendentes, para perpetrar femicidios, como instrumento de funesta “eficacia” para quitarse la vida, además de causar muertes o graves lesiones por accidentes por su uso indebido o por caer en manos de menores o personas no preparadas para su manipulación.

La mayoría de las muertes por armas de fuego que registra nuestro país no están asociadas a la consumación de otro delito. Es absolutamente marginal su utilización en situaciones de legítima defensa, contradiciendo ese argumento sin base real de que hay que permitir armar a las “personas de bien”, para combatir a la delincuencia. Por cada defensa exitosa de una persona armada frente a un delito, son innumerables los casos en que el arma se utilizó para resolver de forma letal conflictos interpersonales.

Este mensaje erróneo que postula el proyecto es lo más grave, pero la formulación del articulado es pasible de muchas otras consideraciones. Entre ellas: no limita la regularización a legítimos usuarios con la autorización vencida, permite la regularización a cualquier tenedor ilegal de armas. Tampoco prevé la acreditación de ningún tipo de recaudo a quien regularice el arma, sin importar si está en condiciones psicológicas para conservarla, si tiene procesos penales pendientes, si ha sido denunciado por violencia de género o familiar, o si resulta idóneo para el manejo del material.

Además, permite conservar por 360 días la tenencia de todas las armas que se declaren, sin iniciar el trámite para obtener la condición de legítimo usuario. No establece un límite de cantidad ni tipo de armas a regularizar, ni la forma en que se accedió al material, lo que podría dinamizar el mercado ilegal, brindando cobertura al blanqueo de armas de origen ilícito y estimular el ingreso de contrabando de armas al país para regularizar su tenencia. Y extiende a las personas jurídicas la regularización de las armas que declaren, aunque no tuvieran necesidad de armas conforme a su objeto social.

Por todas estas razones, consideramos que el proyecto genera un mensaje confuso, apartado de las políticas consensuadas de disminución del circulante de armas, a la par que abre la puerta a un blanqueo de peligrosas consecuencias para la ciudadanía.

*Padres de Alfredo Marcenac, asesinado en 2006. Miembros de la Red Argentina para el Desarme. Asociación Alfredo Marcenac.