Caos en la SAE: falta de pago a depositarios provoca abandono de predios. Se pierden millones de pesos al no estar arrendados

La Contraloría General de la República expuso el mal manejo de los bienes en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con hallazgos fiscales por más de 28.000 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo de control, de los 33.109 inmuebles del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), tan solo 5.985 tienen un contrato de arrendamiento. Los demás, más del 74 por ciento, se encuentran desocupados o con ocupación irregular.

Los inmuebles no los maneja directamente la SAE, dado que para esto se recurre a depositarios, quienes administran las propiedades con el fin de que estas generen una rentabilidad que va dirigida a fortalecer el sector justicia, inversión social, política antidrogas, desarrollo rural y atención y reparación para las víctimas.

A pesar de que son responsables de la entrada de miles de millones de pesos al Frisco, los depositarios no reciben pago desde hace más de 20 meses, lo cual ha llevado a que estos abandonen los predios que les fueron asignados para administrar.

SEMANA conversó con depositarios de todo el país que no solo fueron perjudicados personalmente por la SAE, sino que advierten que la inoperancia de la entidad, presidida por Daniel Rojas, evita la entrada de recursos por el arriendo de los predios incautados por su relación con rentas ilícitas.

Jairo Castañeda, abogado y depositario en Bogotá, conversó con este medio sobre la dramática situación que ha vivido por la llegada del Gobierno Petro: “Se llenaron de bienes, no saben del inventario y tampoco saben de administración”.

Cambio de condiciones

La función de los depositarios es arrendar los inmuebles, por lo que reciben incentivos y luego el 8 por ciento del canon de arrendamiento. De un momento a otro, con la llegada de esta administración, las condiciones cambiaron, les solicitaron avalúos rentísticos, que antes eran responsabilidad de la SAE.

Esto, al significar un alto costo para depositarios con entre 50 y 200 bienes en su poder, es un requisito difícil de cumplir en todos los casos. A pesar de dialogar y reclamar por el cambio de reglas del juego, los funcionarios del Gobierno mantuvieron su posición.

SEMANA conversó con depositarios de todo el país que no solo fueron perjudicados personalmente por la SAE, sino que advierten que la inoperancia de la entidad, presidida por Daniel Rojas.

“Soy depositario desde 2018. Llegué a administrar 55 bienes en Valle del Cauca y ahora tengo 24 bienes en Bogotá. No me han pagado ni un solo peso desde hace 24 meses. Cerca de 21 inmuebles están sin rentar, con dificultades, deudas con la administración e invadidos”, indicó Castañeda.

El depositario envió reportes, resoluciones y solicitudes para asistencia de parte de la SAE, pero no tuvo respuesta.

“Hice dos contratos, uno por 2.200.000 pesos y otro por 3.200.000. Se hizo todo el proceso para que sean habitables, pero llevamos casi un año y la SAE no emite los bonos para que los arrendatarios paguen. No se ha pronunciado, no se ha dicho nada. Se perdió la plata”, expuso Castañeda.

Por otro lado, Adriana Fajardo, representante legal suplente de la inmobiliaria Metropol Geo-Consultores, expone la misma situación como depositarios.

“Hemos sido víctimas de la injusticia y persecución de la entidad por el cambio de Gobierno. En 2017 entramos a la SAE como depositarios, se nos entregó una cartera de inmuebles grandes. El primer cambio fue en las comunicaciones, dejaron de contestar. Explicamos la situación, presentamos una factura para el pago y nos dijeron que no. Cambiaron las reglas del juego. Les dije que nos querían sacar a las malas”, dijo Fajardo, en conversación con SEMANA.

Daniel Rojas, presidente de la SAE.

Incluso, dice que uno de los impedimentos para arrendar los inmuebles es que la SAE “autoriza” ocupar los predios, pero esto no es notificado a los depositarios.

“Hace más de un año no hay pago. Es muy doloroso, es esclavitud. Vamos a acudir a la vía judicial”, indicó.

Fajardo asegura que su inmobiliaria logró entregar los 222 inmuebles que administraba con acciones legales, pero no tienen a quién traspasarlos formalmente. Estos predios quedan a la deriva.

“Nos dilatan, seguimos con la responsabilidad. Les decimos que tienen la responsabilidad de decir a quién entregar, pero no hay a quién”, expresó, al tiempo que agregó: “Es lo mismo que les hicieron a las EPS. No pagar, nos quiebran y luego dicen que no funcionamos”.

Por otro lado, Juan Manuel Pinilla tampoco recibe pago en más de 15 meses, luego de más de 16 años de experiencia en la administración de bienes de la SAE.

Los depositarios no pueden visitar y monitorear varios predios en poder de la SAE por falta de recursos.

“Nos dicen que la orden es que no nos van a pagar nunca. Nos devuelven los informes para el pago, subsanamos, pero luego no nos dan respuesta”, manifestó el depositario.

Y aseguró que desde el pasado 30 de abril no sigue trabajando para la SAE: “Otros depositarios han dejado tirados los inmuebles, dicen que no van a trabajar gratis”.

El abandono de inmuebles, según Pinilla, es una situación inducida por la falta de pago de la SAE.

“Nos llevaron a hacerlo. Ellos son conscientes del daño que nos están haciendo. Tengo 92 matrículas inmobiliarias, tanto en Bogotá como en Neiva. Debo visitar cada tres meses los inmuebles desocupados y cada seis aquellos que están arrendados. Pero para eso se necesitan recursos. No cuento con los recursos. Por eso se deja tirado el trabajo, no hay cómo atenderlo”, explicó.

Y agrega: “Existe detrimento por donde se mire. Inmuebles cayéndose, sin reparar. Se envían las fotos y los videos, pero hasta no tener el cliente y el contrato no se hace nada. Si antes se conseguían 100 contratos mensuales, ahora no consiguen ni cinco porque ningún depositario hace gestiones. Además, las prórrogas de los contratos se hacen meses después, y los inquilinos dejan de pagar arriendo”.

Otros depositarios, quienes pidieron reserva de su identidad, aseguran que no pueden hacerse cargo de los predios, pero tampoco se les permite renunciar a su administración.

“Sale la resolución, se remueven, pero no los retoman porque no tienen capacidad física. De esa forma, seguimos siendo los responsables de los inmuebles. Hay que ponerles tutela y demás demandas administrativas para que reciban”, expresó a este medio un depositario, a quien le deben más de 100 millones de pesos en honorarios por más de 20 meses de trabajo.

Esta persona, que además administra 300 inmuebles, agregó que su vida personal se ha visto afectada por la falta de pagos. “Estoy embargado, no tengo cuentas. Me toca usar la cuenta de una familiar. Trabajo particularmente, porque si viviera de la SAE ya habría muerto de hambre”, expresó.

Una depositaria le dijo a este medio: “No hay dinero para hacer visitas, no hay oficina, no existen recursos para trabajar. Muchos estamos embargados en nuestras cuentas”.

SEMANA consultó a la SAE sobre los reclamos de los depositarios y en la entidad respondieron que estos deben cumplir con los requerimientos para “conservar sus activos productivos y en buen estado”.

“Ello significa que la SAE deba verificar que los depositarios hayan cumplido con la totalidad de estas obligaciones antes de aprobar cualquier tipo de pago o retribución económica, so pena de que deba asumir las consecuencias fiscales y/o disciplinarias, y lo cierto es que la gran mayoría de depositarios no han cumplido con las obligaciones que tienen a su cargo”, explicó la entidad, que niega la devolución de cuentas de cobro por errores mínimos.

Además, aseguran que los bienes sin depositario pasan a ser administrados por la SAE. Lo cierto es que admiten que están haciendo una transición para vincular personas “con distintos perfiles para la administración”, así como a “depositarios y gerentes populares”.

Sin embargo, el problema radica alrededor de los inmuebles que siguen en poder de depositarios que no pueden hacerse cargo de los mismos por las dificultades económicas derivadas de la falta de pago de comisiones. El problema expuesto por los trabajadores inmobiliarios encaja con el informe de la Contraloría.