No hay derecho
Catalina Pérez Correa. Foto: EL UNIVERSAL
Hace años tuve un blog en Animal Político que se llamaba “No hay derecho”. La idea del blog era contar casos del sistema jurídico mexicano en los que el derecho terminaba por no importar. Nuestra historia jurídica está llena de ejemplos en los que el derecho dice una cosa pero se hace otra, se aplica el derecho selectivamente o de manera formalista, con resultados injustos y/o absurdos. El blog terminó siendo de todo un poco, pero retomo el título para esta columna porque sirve para explicar frente a lo que estamos: un país donde no importa el derecho. La supermayoría que logró Morena y sus aliados en las últimas elecciones les permite modificar no solo leyes generales y federales sino también la Constitución. Esto significa que pueden modificar tanto el derecho procedimental (el cómo opera el Estado) como el sustantivo (el que regula). López Obrador presentó en febrero 20 iniciativas que modifican de manera profunda el andamiaje jurídico y abarcan desde la desaparición de órganos autónomos, facultar a militares para hacer tareas distintas a la disciplina militar (algo que desde 1857 está prohibido por el texto de la Constitución), hasta la reforma del Poder Judicial (que pretende politizarlo y someterlo a una lógica electoral). Se prevé que estas últimas sean aprobadas en cuanto entre la nueva legislatura, aunque no se conoce exactamente el contenido de la reformas.
El proyecto de reforma judicial plantea, entre otras cosas, la elección —en 2025— de alrededor de 1600, jueces, magistrados y ministros; reducir la composición de la SCJN de 11 a 9 ministros, reducir su salario y tiempo en el cargo y; la creación de un Tribunal de Disciplina que sustituya el actual Consejo de la Judicatura Federal con nombramientos realizados desde el Poder Judicial, pero también desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Estamos, en síntesis, ante una enorme incertidumbre jurídica. Es incierto en qué sentido va a cambiar el derecho, no conocemos quiénes estarán encargados de aplicarlo, ni cómo serán electos. No hay derecho (y no en el sentido en el que yo lo usaba en el blog, para decir que las normas dicen una cosa pero la realidad hace otra, sino que no sabemos cuál será mañana el derecho o cómo actuaran lo operadores jurídicos). Y, sin derecho, no hay estado de derecho. Más importante aún, todo indica que con el régimen que está por inaugurarse con las reformas de López Obrador, ya no existirán normas que sujeten a la autoridad política, ni árbitro no politizado que dirima controversias; solo contará la voluntad del gobernante (mientras tenga control del partido hegemónico).
La reforma resulta peor cuando se ve la brecha entre los que dice que quiere y lo previsible que haga. Públicamente se justifica en la necesidad de mejorar la legitimidad del Poder Judicial, de democratizar la justicia y acabar con la corrupción existente. Sin embargo, poco de lo que se propone servirá para eso. En cambio reduce la independencia judicial y abre las puertas a que intervengan —aún más— intereses económicos, partidistas y criminales. Un estudio de 28,000 casos y 470 jueces en Estados Unidos, mostró que las/los jueces electos suelen decidir a favor de empresas que contribuyen a sus campañas y conforme aumentan las contribuciones de estas a las campañas, más aumenta su probabilidad de ganar casos. La intervención de partidos políticos en la elección de jueces, además, recrudece este efecto. Otro estudio sobre jueces penales muestra que estos adoptan posturas más severas durante la época electoral. Además, las campañas suelen criticar las posturas “suaves” que las/los jueces contrincantes han adoptado en el pasado, lo que empuja al sistema a adoptar posturas más duras. El resultado es un sistema penal menos garantista, en el que las decisiones judiciales dejan de estar guiadas por la evidencia aportada en juicio y pasan a estar influenciadas por el deseo de agradar al electorado para permanecer en el cargo. No resulta, pues, en jueces más justos, sino más punitivos (justamente, por estar más politizados).
En México, habrá que agregar la influencia del crimen organizado —ya presente hoy en los procesos electorales— a esta ecuación para entender realmente el sistema judicial que tendremos. En cualquier caso, no será uno más justo pero sí uno más débil, controlado por aquellos que menos confianza y legitimidad tienen en México: los partidos políticos y el crimen organizado.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
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