Inversiones forzosas ya se intentaron y se tuvieron que desmontar: qué efectos tuvieron
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Uno de los pilares del plan de reactivación económica del Gobierno Petro, que no arranca pero se ha anunciado de muchas formas, es el proyecto de inversiones forzosas que explicó en su momento la misma Casa de Nariño y que tendrá como fin lograr recursos para movilizar las locomotoras de la infraestructura y el turismo, entre otras.
En palabras del presidente Gustavo Petro, esta arista de la reactivación consiste en un proyecto de ley, como los otros tres, que se presentará al Congreso para autorizar "una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo”.
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Según agregó el Jefe de Estado, la idea es que parte de los capitales de inversión se dirija "hacia el mundo popular, para trabajar en la transformación de las cosas, la industria, en el surco, la agricultura y en el turismo” e insistió en que fortalecer la economía del país ayudará a que los productores y trabajadores puedan abrir la industria, la agricultura y el turismo.
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Luego de esto, en días recientes, se ha venido generando un fuerte debate desde diversos sectores, en el que desde un lado se advierte que tendrá efectos negativos y espantará la inversión privada, y por el otro es defendida la idea con el argumento de que garantizará que la plata llegue a los sectores que se necesitan.
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El equipo de investigaciones de Corficolombiana dio a conocer este lunes -17 de junio- un informe en el que sostiene que esta idea de las inversiones forzosas ya se intentó del pasado e históricamente han sido vistas como una alternativa que no ha logrado mayores resultados, puesto que genera grandes distorsiones en el mercado.
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“Aunque es necesario aumentar el crédito productivo, esta medida podría distorsionar el mercado financiero y aumentar su riesgo, incrementando así el costo del financiamiento. Las inversiones forzosas no son nuevas en el país. Históricamente, se han implementado y desmontado debido a sus efectos distorsionadores en el mercado financiero”, señalaron.
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Los analistas de Corfi también indicaron que actualmente, la única inversión forzosa para los Establecimientos de Crédito (EC) en Colombia son los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDAs), que fueron creados por la Ley 16 de 1990 y emitidos por Finagro, y están indexados a la DTF o la IBR menos un margen, con un plazo de un año. Los EC deben destinar el 1% de sus inversiones a TDAs.
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“El aumento en los requerimientos de inversión en TDAs se correlaciona positivamente con el crecimiento del saldo de la cartera de créditos del sector agropecuario. Sin este mecanismo, Finagro no habría podido soportar dicho crecimiento. Sin embargo, este crédito se ha concentrado en los grandes productores debido a la alta informalidad y al limitado acceso al financiamiento”, explicaron.
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Si bien la intermediación financiera facilita la canalización de recursos de los ahorradores hacia quienes necesitan financiar inversiones, para Corficolombiana ya quedó demostrado que enfrenta fallas de mercado debido a las asimetrías de información entre acreedores y deudores, en las que los deudores suelen tener mayor información, lo cual puede llevar a los intermediarios a restringir el crédito.
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“Además, para los pequeños deudores, el alto costo de las transacciones individuales puede elevar considerablemente las tasas de interés de los préstamos. Una medida para abordar estas fallas fue la implementación de la inversión forzosa, que obligaba a los intermediarios a proporcionar ciertos tipos de crédito considerados insuficientes por las autoridades económicas”, agregaron.
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De esta forma resaltan que en Colombia, esta práctica ha sido recurrente a lo largo del último siglo y ponen como ejemplo que la Ley 5ª de 1973 requería que los bancos destinaran entre el 15% y el 25% de sus recursos al sector agropecuario o adquirieran títulos emitidos por el Banco de la República.
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“A partir de los años noventa, se decidió eliminar gradualmente estas inversiones, aunque se hicieron excepciones para el sector agropecuario y la vivienda de interés social. La obligación de destinar una parte mínima del crédito hipotecario a la vivienda de interés social fue eliminada en 2004 mediante la Ley 546 de 1999. El sector agropecuario fue el único que mantuvo la inversión forzosa, aunque con un subsidio reducido y tasas de inversión, redescuento y préstamo vinculadas al DTF”, dice el reporte.
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Con esto en el radar cerraron señalando que incrementar las inversiones forzosas reduce el margen de intermediación, disminuyendo las utilidades y el potencial de crecimiento de los EC, deteriorando su liquidez y afectando decisiones sobre colocación, inversión y financiamiento, lo cual advirtieron que es preocupante en el contexto actual de ajuste de los establecimientos de crédito.
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“Un aumento en las inversiones forzosas podría reducir la participación relativa de la cartera de créditos, afectando especialmente segmentos sensibles como el crédito a la microempresa. Las inversiones forzosas representan deudas para las Sociedades Públicas Financieras (SPF), aumentando la deuda pública, aunque no la del Gobierno Nacional Central (GNC). Un uso excesivo de inversiones forzosas podría deteriorar la calidad crediticia y encarecer la deuda soberana y el costo del capital propio”, concluyeron.