Una democracia intimidada
Luis Carvajal Columnista opinión El Espectador
Mientras el presidente se presenta ante sus seguidores como mediador en el conflicto Palestino-israelí y la invasión de Rusia a Ucrania, en Colombia ha regresado el terrorismo; tenemos, como en el pasado, extensos territorios que el Estado no controla; el deterioro de la economía se siente con fuerza y las finanzas públicas colapsan, anticipando un escenario más complejo en 2025. El gobierno no reacciona ni se anticipa. La única estrategia gubernamental consistente insiste en fortalecer al partido de gobierno promoviendo “la calle” e intimidando a las demás instituciones. Así presiona a la ciudadanía cuya opinión es diferente; al Congreso y a las cortes. Olvida que la política no es determinística y hacer lo mismo que en 2022, para quedarse después de 2026, no le garantiza los mismos resultados, mucho menos después de tan desbaratada gestión.
El proyectado liderazgo del presidente en asuntos internacionales no apunta, como en el pasado, a la obtención de un premio Nobel. Se trata de una herramienta de política que cumple la doble función de, por una parte, reforzar ante sus seguidores su propia imagen, afectada por el desgaste del gobierno y los escándalos conocidos, mientras por otra se muestra como un activo miembro de una izquierda internacional que, en reciprocidad, le ha apoyado ante diferentes organismos.
Errores no reconocidos en la “Paz Total”, como elevar en su momento a grupos armados organizados a la categoría de “Estado Mayor Central”, para después develarlos como “narcotraficantes”, o poner a las Fuerzas Armadas en la tarea de seleccionar a qué grupos pertenecen quienes infringen la ley antes de actuar, están pasando cuenta de cobro: la región fronteriza con Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú, y las costas Atlántica y Pacífica paulatinamente se han venido convirtiendo en zonas no controladas por el Estado. La extensión del problema a las goteras de Cali señala una inquietante tendencia.
El deterioro de la economía es notorio, pero puede complicarse sin equilibrio y credibilidad en las finanzas públicas. El incumplimiento de la regla fiscal en perspectiva significaría un deterioro del riesgo país, de la calificación y un aumento de las tasas de interés reduciendo el margen de maniobra del gobierno y su capacidad de ejecución. La situación ha sido registrada por The Economist. La caída en la inversión y en el recaudo de impuestos solo refleja la alta dosis de incertidumbre. Más pragmatismo y menos populismo le sugieren. Es indispensable una baja más fuerte de las tasas de interés y la ejecución de un plan contra cíclico, en lugar de más promesas, desafíos y discursos.
Las apuestas del gobierno se han encaminado a fortalecer su proyecto político, pero no a solucionar los problemas de Colombia. Su “proceso constituyente”, la aglutinación de sectores dispersos haciendo causa común en “La Calle”, le llevó a construir las mayorías con que ganó en 2022, pero una buena parte de ellas se ha decepcionado. Por ello su “Proceso Constituyente” tiene y tendrá como escenario las calles, pero no las urnas de votación, al menos no en las condiciones fijadas por la Constitución. Sabe que hoy perdería cualquier referendo o consulta en el que aplique la ley de mayorías.
El presidente ha dejado ver que la Constitución necesita reformarse e insistirá en la confrontación y “La Calle” para forzar unas reglas que, no necesariamente, reconozcan la Soberanía Popular como establecen las constituciones democráticas. Lo ocurrido en la Universidad Nacional, una vergonzosa derogación por la fuerza de la autonomía universitaria, ilustra un modelo que combina las capacidades del gobierno con la presión de “La Calle”. El argumento, para sus seguidores, es sencillo: “Si nos hicimos, contra el gobierno, al poder en 2022, ¿por qué ahora que lo tenemos no podemos quedarnos en 2026 y lo que siga?”.
Posdata: dedico esta columna a mi tatarabuela, doña María de la O Leal Bernal, en su cumpleaños.
@herejesyluis