“Chuzadas” o conspiración: averigüe, fiscal

Cecilia Orozco Columnista El Espectador

El gobierno Petro ha sido errático, confuso, poco eficiente y hablador en exceso. Así entrega terreno fácil para que lo ataquen. Pero ha logrado, por azar o por la época que le tocó administrar, que sus opositores más visibles exhiban tanta mediocridad como la que estos le adjudican a él. O más: los JotaPé, los Polos, las berrinchudas del Congreso, los risibles precandidatos presidenciales, las bodegas calumniosas del oscuro mundo digital que trabajan día y noche gracias a la paga de unos nuevos ricos que se creen herederos de casta, se ubican, por la forma en que se expresan y comportan, por debajo de aquellos a quienes critican. Mírenlos, escúchenlos y saquen sus conclusiones. El Ejecutivo también ha conseguido que el establecimiento entero esté en su contra no solo porque, al ser de izquierda y de una clase social que jamás tuvo mando, es el primero en significar una verdadera alternancia del poder en Colombia (según dice el investigador León Valencia), sino porque su jefe, el presidente, puso sobre el tapete problemas vedados en los gobiernos anteriores por la complejidad de los intereses particulares en juego y el alto riesgo de fracaso: sistema laboral, de salud, de pensiones, etc.

Sí, Petro, sin ningún aliado, da papaya diaria y sus odiadores, que le examinan hasta una brizna aunque fueron ciegos ante las vigas de la administración Duque, o peor, las de Uribe, están listos a saltarle a la yugular cada vez que haya chance. Por eso, y porque su obligación es actuar con la transparencia que les prometió a sus electores, este presidente no debería equivocarse, y menos, en la selección de sus funcionarios y en aquello de lo que fue víctima: el uso de la inteligencia del Estado para espionaje ilegal. Aun cuando sea con datos falsos o imaginados por la mente febril de quienes son inseguros y quieren ser eje de figuración -como me temo que es la personalidad de cierto magistrado, docto pero débil y miedoso-, las denuncias de los presuntos perseguidos de hoy tienen que ser examinadas con lupa.

Dicho lo anterior, también hay que usar, para acertar, la libertad de dudar: los organismos de inteligencia, especialmente los de Policía y Ejército, los más potentes en recurso humano, tecnología y apoyo hermanado de cuerpos secretos extranjeros con funciones en Bogotá, se manejan a sí mismos y no responden necesariamente a las directrices de sus superiores civiles en el gobierno de turno, ante todo, si van en contravía de su formación castrense. No en vano pasan décadas entrenándose y entrenando a sus subalternos en sus estrategias, y también en la vieja doctrina de la Seguridad Nacional que inoculó Estados Unidos a Latinoamérica en las décadas de los 60 y 70 para luchar contra el comunismo creciente. Nadie lo creería por absurdo pero, casi 70 años después, ese fantasma todavía recorre los cuarteles colombianos. Hace 22 años, el militarista Álvaro Uribe Vélez logró una comunión perfecta con los uniformados. Eso explica el manto colectivo de complicidad y silencio en los años en que la deshonra militar se vistió con la sangre de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Explica también cómo fue posible que en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, fieles a su anterior comandante supremo, pero infieles a quien debían acatamiento, los hombres de inteligencia espiaran a los altos funcionarios civiles que Santos había designado para acordar la paz con las FARC (Recuerden la historia del hacker Sepúlveda, miembro de la campaña del candidato de Uribe contra Santos, Óscar Iván Zuluaga, condenado a 10 años de cárcel, entre otros delitos, por interceptación ilegal de comunicaciones). El fantasma, ya no del comunismo sino de Uribe circuló a sus anchas, cómo no, por los pasillos de los órganos de espionaje del gobierno Duque. En ese cuatrienio, los persecutores oficiales se dieron gusto extendiendo sus redes de perfilamiento digital o físico a algunos periodistas, a manifestantes del llamado estallido social, a veedores y políticos de oposición. Pese a la depuración que ha intentado adelantarse en este periodo, subjefes y jefes de inteligencia de aquella etapa siguen activos: son coroneles y algunos generales ¿A quién obedecen? ¿A Petro, el “comunista guerrillero”, o a sus patrones Duque-Uribe y a sus generales Zapateiro y Vargas que podrían seguir actuando a través de sus exoficiales? Las denuncias simultáneas en el Senado, sin nombres ni pruebas concretas, mediante David Luna, operador político del precandidato ultraconservador Vargas Lleras; de la Corte Constitucional con el magistrado, también ultraconservador y elegido por el uribismo, Jorge Enrique Ibáñez, y las filtraciones sobre los confusos ataques a las dos personas más cercanas al corazón de Petro (Alcocer y Sarabia), suenan a orquesta afinada: tocan el mismo son. Ahora bien, nada puede descartarse de antemano. La fiscal Luz Adriana Camargo tiene la oportunidad de demostrar, con evidencia seria, si el director de la DNI u otro hombre de esta administración, es responsable de cometer ilícitos o si se trata de chismes en línea en los que todo el mundo cayó. Establecerlo con contundencia, sí marcaría una gran diferencia con respecto al pasado.