El Gobierno oculta los ajustes que le exige Bruselas

La Comisión Europea ha aprobado el cuarto desembolso de los fondos Next Generation, pero exige a cambio ajustes severos el próximo año. Se trata de un pago que llega ya con un año de retraso y, además es parcial, porque el Gobierno ha incumplido uno de los objetivos a los que se había comprometido.

España tiene asignados 163.000 millones de euros de los fondos Next Generation. A diferencia de los de cohesión, los fondos de recuperación y resiliencia no se pagan contra factura, es decir, una vez se presenta el comprobante para mostrar que, por ejemplo, se ha comprado un determinado equipamiento. La novedad de Next Generation es que el dinero se va transfiriendo a los Estados miembros a medida que se cumplen una serie de hitos y objetivos incluidos en el plan de recuperación nacional.

De esta manera, los fondos servían de zanahoria para que los Gobiernos acometiesen las reformas e inversiones necesarias para hacer más resistentes las economías de la UE contra futuras crisis, y más competitivas, en un contexto geopolítico muy complicado. De acuerdo con el calendario semestral del plan, el cuarto desembolso estaba previsto para julio de 2023. Pues bien, este desembolso no fue solicitado hasta diciembre, después de haber aprobado una batería de Reales Decretos-ley que evitaba la negociación en las Cortes y sorteaba al Senado.

Entre las reformas que se debían acometer para este cuarto pago se encuentran la del subsidio por desempleo y la del sistema de pensiones. La Comisión ha dado por completada la reforma del subsidio por desempleo porque el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 2/2024 el pasado 21 de mayo. Sin embargo, en caso de que no sea convalidado por el Congreso, como ya pasó en enero de este año, cuando el Congreso tumbó la reforma del subsidio por desempleo, el pago puede ser parcialmente revertido, lo que implicaría que tendríamos que devolver parte de los 10.000 millones de euros que ahora recibimos.

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La reforma del sistema de pensiones es todavía más problemática, pues implicará ajustes ya el año que viene. El Gobierno lo sabe, porque la Comisión se lo advierte en la evaluación, pero ha decidido ocultárselo a los españoles.

El punto más débil de la reforma es la sostenibilidad del sistema. A pesar de medidas como el destope de las bases máximas de cotización y el aumento de las cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Informe de Envejecimiento 2024 de la Comisión Europea de abril de este año prevén que los ingresos serán insuficientes para cubrir el aumento del gasto en pensiones.

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Para abordar este desequilibrio, el Gobierno introdujo una "cláusula de cierre" incluida en la Disposición adicional segunda del RDL 2/2023. Esta cláusula establece que, a partir de marzo de 2025 y cada tres años, la AIReF deberá publicar la proyección del gasto público neto en pensiones como porcentaje del PIB hasta 2050, teniendo en cuenta todas las medidas de gastos e ingresos vigentes en el momento y los datos demográficos propiciados en el último Informe de Envejecimiento publicado.

Esta "cláusula de cierre" ha sido decisiva para la aprobación, como recuerda la Comisión en su evaluación de los hitos 409 y 410. La cláusula se aplicará si las proyecciones muestran un gasto medio (neto de ingresos) en pensiones superior al 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. En ese caso, el Gobierno estará obligado a hacer ajustes, ya sea aumentando los ingresos o reduciendo el gasto. De no hacerlos, las cotizaciones aumentarán de forma automática.

Pues bien, de acuerdo con el Informe de Envejecimiento de 2024 (Ageing Report), publicado por la Comisión en abril de este año, estos ajustes serán necesarios ya en 2025. Según el informe, el gasto medio en pensiones estimado para el periodo 2022-2050 es del 15,1% del PIB. Es decir, supera claramente el 13,3% de referencia de la cláusula de cierre.

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El Gobierno no está siendo transparente al respecto porque, evidentemente, tendría un impacto político y, eventualmente, electoral. Lo que debería ser una medida excepcional y lejana en el futuro resulta que se aplicará ya el año que viene. Por lo tanto, es más que probable que en 2025 se tengan que aplicar medidas correctivas como el aumento de la edad de jubilación, el recorte en las pensiones, un cálculo más restrictivo del cómputo de años cotizados o un aumento de las cotizaciones.

Más allá de la cláusula de cierre, no olvidemos que el Gobierno debe presentar en septiembre un plan de consolidación fiscal para sanear las cuentas del Estado y adaptarse a las nuevas reglas fiscales de la UE. Con una deuda del 109% del PIB, mucho más elevada que el límite del 60% que establecen los Tratados de la UE, Moncloa debe introducir medidas de contención de la deuda, es decir, debe compensar el aumento del gasto en pensiones dado el contexto demográfico. Esto también lo tiene muy en cuenta la Comisión a la hora de aprobar el cuarto desembolso. Pero el ejecutivo tendrá grandes dificultades para adoptar un plan fiscal creíble si no puede aprobar los presupuestos generales del Estado.

Celebro, naturalmente, que los fondos lleguen a España, pero está claro que lo harán a cambio de ajustes, y el Gobierno no está siendo transparente al respecto. Además, lamento que no se aproveche la oportunidad que brinda el dinero de Next Generation para llevar a cabo reformas tan necesarias como la de las pensiones. Cambios así de importantes deberían hacerse con sensatez y visión a largo plazo, teniendo en cuenta el impacto indirecto que pueden tener en el resto de la economía. Una subida de las cotizaciones automática no es precisamente la solución; es un parche, que, además, será perjudicial para los salarios de los trabajadores y para el empleo.

Eva Poptcheva es eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.