Presos levantan huelga de hambre en Venezuela
ARCHIVO - Familiares de presos en huelga de hambre protestan en la avenida de Bolívar en Caracas, Venezuela, el 12 de junio de 2024. Los reos levantaron la huelga de hambre el viernes 14 de junio de 2024, después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzara a recibir formalmente sus reclamos que incluyen el otorgamiento de medidas humanitarias y traslados a penales de origen. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)
CARACAS (AP) — Los reclusos levantaron la huelga de hambre que habían iniciado en decenas de prisiones de Venezuela después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzó a recibir formalmente los reclamos de los presos que incluyen el otorgamiento de medidas humanitarias y traslados a penales de origen.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, un organismo no gubernamental que vela por la defensa de los derechos de los privados de la libertad en Venezuela, informó el viernes en un comunicado que “familiares de privados de libertad en varias cárceles del país confirmaron que los reclusos levantaron la huelga de hambre pacífica que inició el pasado domingo 9 de junio”.
Los reos levantaron la huelga luego de que representantes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios acordaron la "revisión de los casos de algunos de ellos y liberaciones en las últimas horas", acotó el escrito, sin dar otros detalles.
El Observatorio denunció que presos de 19 cárceles y 30 sitios de detención en comisarías policiales —en los que la estadía debería ser corta— se habían declararon en huelga de hambre el domingo.
El organismo aseguró que las prisiones del país enfrentan un hacinamiento crítico y ofrecen una precaria alimentación.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 calificó la situación de los reos en Venezuela como “una de las más graves de la región”. Entre las principales deficiencias mencionó el hacinamiento y la falta de cifras oficiales actualizadas en el sistema penitenciario.
Ni Maduro ni el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se refirieron en algún momento a la huelga. The Associated Press solicitó comentarios a las autoridades, pero no obtuvo respuesta.
La huelga contó con el respaldo de familiares que se manifestaron el miércoles en varias ciudades para exigir atención para los reclusos por parte del nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios, el abogado y legislador oficialista Julio García Zerpa, quien fue designado el martes por Maduro en sustitución de la vicealmirante Celsa Bautista.
El Observatorio indicó que los reos exigían la libertad inmediata para los que sufren retardo procesal y denunciaron problemas graves de alimentación y atención de salud. También pidieron el cumplimiento de la norma judicial que prohíbe la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de 70 años.
Además de las carencias de alimentos y medicinas en los recintos carcelarios, el Observatorio resaltó que “75% de la población reclusa presenta retardo procesal”.
Se desconoce el estado de salud y la cifra de reclusos que participaron en la huelga de hambre.
Sin mencionar la huelga y dirigiéndose al nuevo ministro, Maduro comentó que el gobierno tiene que “construir un nuevo régimen penitenciario, tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que formar una nueva generación de custodios”.
“No puede ser que al penado se le cobre por llevarlo hasta el baño. Eso no puede ser. Que si lo tienen que trasladar se hace el retardo procesal porque no lo trasladan, porque no tenía la plata (dinero) para pagar al bandido, corrupto”, reconoció el mandatario, que por años ha dicho que su administración trabaja para que las cárceles “no sean un antro para más delincuencia”.
Según la CIDH, las cifras oficiales registraban una población penitenciaria en 2022 de 33.558 presos en 45 centros carcelarios. Sin embargo, aseguró que existía una “dualidad del sistema penitenciario” que se concretaba en centros de detención preventivos, que denominó “calabozos”, elevando el registro a 35.000 reclusos. No tuvo acceso a datos de 2023, agregó.
El hacinamiento, que puede superar el 200% en algunas cárceles del país, “puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos”, indicó el organismo regional.