La política colombiana regresa al Congreso después del pulso en las calles
Una mujer sostiene un cartel con la imagen del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una marcha con motivo Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, en Medellín (Colombia).
No quedó un ganador claro del pulso entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición colombiana, quienes intentaron demostrar cual de los dos lados lograba las movilizaciones más grandes a nivel nacional. Las multitudes que salieron el domingo 21 de abril a cuestionar al Gobierno, sus políticas y su cabeza, fueron similares a las que marcharon el Primero de Mayo, no solo celebrando del Día del Trabajador, sino también en apoyo del presidente. Gobierno y oposición alzaron los brazos en señal de victoria, dijeron sentir el apoyo popular, hablaron de lo que viene. Y lo que viene, por lo menos en el corto plazo, es un regreso a las lógicas de la política representativa. Así lo dijo, incluso, el presidente en su sonado y combativo discurso del miércoles pasado. En este defendió su reforma laboral, la reforma a la salud, la pensional, y cerró su discurso con un anuncio que apunta hacia el Capitolio. ”Prometí que íbamos a presentar las medidas al Congreso de la República para reactivar la economía, que van a consistir, y de una vez lo digo, en proyectos de ley”, dijo.
Mientras, el Congreso se prepara. Este miércoles, si nada cambia, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes iniciará la discusión de la reforma pensional, la que va más avanzada del tridente de reformas sociales que llevan un año en el Legislativo. El proyecto llega con impulso, pues fue recientemente aprobado por el Senado (donde el Gobierno tiene menos apoyo). Pero en la Cámara aún debe lograr acuerdo sobre dos ideas centrales. La primera es terminar una competencia confusa y desgastante entre la estatal Colpensiones y los fondos privados, para migrar hacia un único sistema unificado en el que la primera parte de los ingresos de cualquier persona irá al sistema público. Luego, los salarios que superen cierto umbral podrán ir a los fondos privados. Y el segundo acuerdo implicaría aumentar la cobertura de las jubilaciones en Colombia con dos esquemas subsidiados (actualmente, solo está pensionado el 24% de los adultos en edad de pensión).
Sin embargo, un anuncio presidencial ha abierto interrogantes sobre el futuro de la reforma pensional. Tan solo un día después de que el Senado la aprobara, gracias a un acuerdo entre el Gobierno y varios senadores sobre el nivel de ese umbral, que quedó en 2,3 salarios mínimos, Gustavo Petro dio una alocución presidencial contradictoria. Con el mismo espíritu con el que dijo el Primero de Mayo que “hoy seguimos siendo revolucionarios”, regresó a una postura previa, la que tuvo antes de presentar el proyecto de ley al Congreso: pidió que ese umbral sea más alto, de 4 salarios mínimo. Los legisladores ya habían llegado un acuerdo sobre el umbral, y ahora con la petición del presidente se volverá a encender la discusión en el Congreso esta semana. La pensional aún se juega su viabilidad.
La reforma a la salud también está en juego. La decisión de la bancada de Gobierno de renunciar a su última alternativa para revivir el proyecto, que duró un año naufragando en cámara lenta en el Senado, abre la puerta para una nueva etapa. Será la de construir un nuevo texto, más acotado, que lidere el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El Gobierno ha anunciado que su radicación es inminente, y que tendrá el apoyo (o por lo menos la no objeción), de varias de las EPS, las entidades afiliadoras cuyo futuro estaba en veremos en la propuesta original. La reforma a la salud es la que movilizó en gran parte a la oposición el domingo 21 de abril, la que movilizó a profesionales de la salud a las calles, la que rompió la coalición legislativa con la que contaba el gobierno. La reforma de la gran discordia política, si se quiere. Así que la discusión ante la nueva reforma de salud, sin duda, será tan intensa como la anterior.
Esas dos discusiones legislativas, más la anunciada reforma laboral, volverán a poner los reflectores en el Capitolio. Pero con un obstáculo más para el gobierno: el estallido, a cuentagotas, de un escándalo de corrupción por los sobrecostos al comprar unos carrotanques para aliviar la sed de La Guajira. Nuevas denuncias señalan que el dinero de esas compras fue utilizado para supuestos sobornos a los presidentes de la Cámara y el Senado, para que estos últimos favorecieran las reformas sociales del gobierno. Las denuncias de corrupción hacen que cualquier trámite de las reformas en el legislativo pase por la duda y el escepticismo sobre los intereses de los legisladores.
Esta semana están anunciadas las declaraciones ante la Fiscalía de dos de los encargados de la contratación de los carrotanques, los políticos Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han anunciado su intención de colaborar con la justicia. Lo que digan en los estrados, como tantas veces en Colombia, puede terminar siendo lo determinante para los futuros debates legislativos.
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