La OEA pide a la CPI órdenes de arresto contra líderes del chavismo
La OEA pide a la CPI órdenes de arresto contra líderes del chavismo
La existencia de un aceitado aparato represivo en la Venezuela chavista no es ninguna novedad. Ha sido comprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma que en su momento investigó los crímenes de la dictadura argentina y por la misión internacional de la ONU, que no solo documentó las violaciones sino también los centros clandestinos de detención e inclusive la utilización de la fiscalía general como instrumento para perseguir a opositores o disidentes. También la Corte Penal de Investigación (CPI) de La Haya investiga las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
OEA. El viernes, un panel de expertos de la OEA instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a centrarse en personas “específicas” y “perpetradores de nivel medio y alto” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela para emitir “órdenes de arresto”.
“Las denuncias de cada uno de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país”, afirmó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, durante la presentación del tercer informe del panel de expertos independiente que analiza la posible comisión de este tipo de actos en Venezuela desde 2017.
En los últimos seis meses se han analizado casos de tortura, detención arbitraria, violencia sexual y persecución para determinar si se han investigado y juzgado y “las conclusiones son en realidad bastante chocantes”, afirmó Joanna Frivet, miembro del panel.
“Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones de exigir responsabilidades” y en estas circunstancias la intervención de la fiscalía de la CPI “es fundamental para impulsar la investigación y procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, añadió.
El panel recomienda al fiscal de la CPI que “se implique más, de forma urgente, considerando la naturaleza actual de los crímenes, para abrir investigaciones contra individuos específicos y hacer avanzar estos casos ante la Corte con el fin de emitir órdenes de arresto”, dijo.
Le pide asimismo que centre sus investigaciones “en perpetradores de nivel medio y alto con carácter de urgencia, para evitar que se sigan cometiendo crímenes” porque “la brecha de impunidad es significativa”.
En “aproximadamente el 83,6% de todos los casos de tortura analizados por el panel no había registros de diligencias de investigación” a pesar de las denuncias, se lee en el informe. Los retrasos se deben a “una falta de separación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo”, según Frivet.
“Una larga lista”. El panel exhorta a Venezuela a que “cese inmediatamente la comisión de crímenes, las operaciones de encubrimiento, la represión contra los activistas de derechos civiles, las víctimas y sus familiares”. Santiago Cantón, presidente del panel, se adelantó a posibles críticas a la OEA, de la que Venezuela solicitó formalmente salir en 2017.
“Algunas personas podrían decir que es parte de un plan de la derecha internacional encabezado por el secretario general para denunciar y desprestigiar al régimen (del mandatario Nicolás) Maduro”, dijo.
“Si esto fuera así, por qué existen además de los informes de este panel” otros muchos que han planteado “exactamente lo mismo”, se preguntó Cantón.
El caso de Venezuela es peculiar porque normalmente los Estados “hacen desaparecer las pruebas”, pero aquí las víctimas “son los propios testigos”, explicó Manuel Ventura, otro miembro del panel.
“El caso va dirigido contra personas físicas. Es una larga lista y la primera de ellas es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro”, añadió.