El comisionado anticorrupción de Guatemala dice que el Estado está en condición "crítica"
Ciudad de Guatemala, 16 abr (EFE).- El comisionado anticorrupción del Gobierno de Guatemala, Santiago Palomo, asegura que los primeros meses en el cargo han sido “una montaña rusa” tras haber encontrado un Estado “en condiciones críticas” ante los indicios de que entre 2.000 y 3.000 millones de dólares fueron malversados durante la presidencia de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Palomo, un abogado de 29 años graduado de la Universidad de Harvard (EE.UU.), aseguró durante una entrevista con EFE que sus primeros meses en el puesto, designado por el presidente, Bernardo Arévalo de León, han sido “intensos” y comparables con “una montaña rusa”.
“Estamos intentando navegar en un organismo Ejecutivo que recibimos en condiciones críticas. Identificamos un patrón al charlar con los nuevos ministros y secretarios: lo describen como una rata muerta en cada gaveta que se abre. Así se definen las condiciones en las que se asumió el Gobierno”, detalla Palomo.
Según expertos citados por medios locales e internacionales, el Gobierno de Giammattei pudo haber malversado hasta 3.000 millones de dólares entre 2020 y 2024.
Precisamente el Índice de Percepción de Corrupción de 2023 ubicó a Guatemala en 2023 entre los cinco países con más malversación de fondos estatales, solo por detrás de Haití, Nicaragua, Venezuela y Honduras.
El comisionado Palomo dice que la corrupción encontrada operaba bajo un mismo patrón: “Desembolsos financieros relevantes del 70 % al 90 %” para la construcción de “obras públicas que se encuentran tiradas, como escuelas y carreteras, cuyo avance no supera el 30 % o 40 %”.
De acuerdo con el funcionario, “así funcionaban estas estructuras de corrupción en el Estado, ahora mismo siguen intentando operar”, remarcó el funcionario.
Primeros casos denunciados
El Gobierno de Arévalo de León denunció ante los tribunales de justicia el pasado 4 de abril a Amelia Flores, exministra de Salud de Giammattei, por anomalías en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik, en 2021 por un monto total de 615 millones de quetzales (79 millones de dólares).
Según diversas fuentes, muchas de las vacunas nunca llegaron al país centroamericano y otras caducaron antes de ser aplicadas.
“El caso de las vacunas muestra que estuvieron dispuestos a perseguir sus propios intereses en perjuicio de lo más sagrado, que era la salud de la población, en medio de una pandemia. Se trata de un caso que refleja lo inescrupuloso que llegó a ser el grado de corrupción de la Administración anterior”, opina Palomo.
La semana pasada Palomo, junto a la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, denunciaron a dos exfuncionarios por un posible fraude en la asignación de contratos a una empresa para la construcción de 14 escuelas por un monto entre 45 a 60 millones de quetzales (entre cinco y siete millones de dólares aproximadamente).
La Fiscalía como obstáculo
El zar anticorrupción explica que al Organismo Ejecutivo le corresponde detectar y evitar que los casos de corrupción ocurran en su Administración, pero que es el Ministerio Público (Fiscalía) al que “le corresponde investigar y judicializar”.
“La Fiscalía no tiene un compromiso real para investigar los casos graves de corrupción”, no es una aliada en la lucha anticorrupción”, lo que se convierte en un desafío real, reconoce Palomo, aunque, dijo, la Administración de Arévalo no pretende dejar de denunciar las anomalías que sean encontradas en los diversos ministerios.
En 2023, la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, intentó frenar la victoria electoral de Arévalo de León en las elecciones generales por medio de diversos casos penales y su actuación fue sancionada por decenas de gobiernos en todo el mundo, incluido el de Estados Unidos y miembros de la Unión Europea.
Arévalo de León se impuso sorpresivamente a la política tradicional de Guatemala gracias a su oferta de sanear la corrupción del Estado que ha causado un deterioro democrático significativo en los últimos 30 años.
Palomo concluye que asumir el brazo anticorrupción de este Gobierno por los próximos cuatro años es “una gran responsabilidad” y una “oportunidad para mejorar la dignidad del servicio público”.
(c) Agencia EFE