Máxima tensión en el tramo final del debate por la ley Bases y el paquete fiscal
Máxima tensión en el tramo final del debate por la ley Bases y el paquete fiscal
El final del parto de las dos primeras leyes de Javier Milei será idéntico a su comienzo: arduo, lento, con negociaciones que hacen sudar al Ejecutivo hasta último momento y un sinfín de irregularidades reglamentarias. La discusión es técnica y política y no se termina por más sancionadas que estén ya los dos proyectos (que fueron aprobadas en Diputados y el Senado y que ahora solo resta conocer su forma final en Diputados este jueves). Por un lado, Guillermo Francos necesita terminar de acordar con los dialoguistas qué versión se tomará de Diputados y qué del Senado: lo esencial, lo innegociable, es sostener la restitución de Ganancias y la reforma de Bienes Personales. Y, si es posible, defender el listado original de privatizaciones. Pero, en simultáneo, Martín Menem deberá terminar de blindar la interpretación del artículo 81 de la Constitución - que refiere al rol de cada Cámara en el Congreso - para evitar la judicialización. Unión por la Patria ya prepara los motores y solo un acompañamiento de toda la oposición no kirchnerista salvará las leyes de un final en Tribunales.
El gobierno nacional tiene un solo objetivo para este martes, cuando se convocará el plenario de comisiones para dictaminar - por última vez - la Ley Bases y el paquete fiscal. Y esto es: salvar el impuesto a las Ganancias, que establece el gravamen para todes los que cobren más de 1,8 millones de pesos, y restituir la reforma de Bienes Personales, que sube el mínimo no imponible y disminuye las alícuotas para los más grandes patrimonios. Estos dos capítulos del paquete fiscal fueron rechazados por las y los senadores por su carácter regresivo y serán, casi sin lugar a dudas, restituidos por las y los diputados. Así se lo prometieron los dialoguistas de Hacemos Coalición Federal, comandado por Miguel Ángel Pichetto, y de la UCR, liderado en teoría por Rodrigo de Loredo pero dirigido por nadie.
"Si se llevan Ganancias y Bienes Personales pueden festejar", murmuran en HCF, en donde se muestran más reactivos al resto del pliego de demandas que Francos le trasmitió hace unos días en el Congreso. Esto es: ignorar todos los acuerdos que se pactaron en el Senado y volver a la versión original de la Ley Bases. Esto implicaría que el RIGI dejaría de tener un 20 por ciento mínimo de contrataciones locales, que las facultades liberadas quedarían liberadas para intervenir en la cultura, ciencia y tecnología, que se eliminaría la moratoria previsional, que se disminuirían las regalías mineras que Santa Cruz había logrado incrementar en el Senado. Y que se privatizarían Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina.
No todos los aliados, sin embargo, manifestaron esta misma voluntad de respetar los acuerdos que habían negociado sus compañeros del otro lado de Pasos Perdidos. Otros, como De Loredo, vienen jugando junto al gobierno para insistir con la versión menos negociada de Diputados. El titular de la bancada radical comenzó a presionar internamente a su bloque - que cuenta con 34 voluntades - para rechazar los cambios que los mismos senadores radicales habían negociado, aunque de momento sin mucho éxito. Luego de publicara un hilo de tuits explicando por qué había que acompañar, por ejemplo, las once privatizaciones - con Aerolíneas, Correo Argentino y RTA incluidas -, varios diputados radicales, como Julio Cobos o Fernando Carbajal salieron a cruzarlo.
El gobierno observa con preocupación la interna radical. No solo necesita sus votos para imponer la versión de Diputados en el recinto, sino que también necesita de varios para poder firmar el dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal el martes. Y, hasta ahora, no logró llegar a un acuerdo con varios. El problema principal es el capítulo de privatizaciones: un importante sector del pichettismo - como Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, los cordobeses o Emilio Monzó, aunque no Pichetto - defiende el listado de privatizaciones acordado con los senadores, por lo que el oficialismo necesita sí o sí destrabar algunos votos radicales si desea impulsar un dictamen final con las once privatizaciones. Y ese número aún no está, ya que los cuatro radicales de la línea Manes y los cuatro de la línea Lousteau/Yacobitti no están convencidos de acompañar todas las privatizaciones.
La verdadera batalla se dará, entonces, este martes. La Libertad Avanza necesita terminar de llegar a un acuerdo porque se arriesga, si no, a no conseguir el número de firmas necesarias para dictaminar. Este lunes, Menem convocará a los principales alfiles de la UCR, HCF y el PRO para ver si están los votos. Si De Loredo y Pichetto no pueden garantizar las firmas para el dictamen de mayoría, el oficialismo deberá resignarse a quitar las tres privatizaciones del dictamen. Lo mismo con la eliminación de la moratoria previsional o las facultades delegados. "Se les puede caer toda la ley por este tema, tengan cuidado", le advirtió Pichetto a Menem en los últimos días.
El fantasma de la judicialización
La semana que viene, la Cámara de Diputados tendrá solo dos opciones: aceptar o rechazar los cambios que la Cámara revisora (el Senado) le introdujo a los dos proyectos. El resultado final de la Ley Bases y el paquete fiscal será un collage de retazos de ambas versiones, algunas acordadas y otras impuestas en el recinto. La decisión del oficialismo de avanzar sobre algunos capítulos que fueron rechazados por el Senado o, incluso, removidos de antemano previo a la votación, despertó, sin embargo, varias alarmas constitucionales.
El más elocuente, hasta ahora, ha sido el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que viene denunciando que la Cámara de origen (Diputados) no puede restituir capítulos que fueron desechados por la Cámara revisora (Senado), como el caso de Ganancias o, incluso, la eliminación de la moratoria previsional (un artículo que fue eliminado del texto por decisión del mismo oficialismo). Muchos dirigentes de Unión por la Patria adhieren a esta interpretación del artículo 81 de la Constitución - que regula el funcionamiento de las Cámaras del Congreso cuando se presentan modificaciones o rechazos - y amenazan con judicializar las leyes si el oficialismo insiste en avanzar sin prestar atención a algunas limitaciones reglamentarias.
"La Constitución exige, en nuestro sistema bicameral, la voluntad afirmativa y expresa de ambas cámaras legislativas para que un proyecto se convierta en ley. La omisión de tratamiento no puede considerarse una 'corrección' porque no existió expresión de voluntad afirmativa", advirtió, por ejemplo, Vilma Ibarra, en un fragmento que fue muy reproducido por distintos dirigentes del peronismo.
En el oficialismo, sin embargo, no están nerviosos. Vienen trabajando junto al PRO, la UCR, HCF y la Coalición Cívica para ratificar una interpretación que les permita traducir los rechazos del Senado como modificaciones. "Todos los bloques coinciden en eso, no va a haber problemas con la judicialización", señaló una espada libertaria que viene contando los votos. El oficialismo es conciente de que, al final del día, la interpretación que importa no es la de la Justicia, sino la de la mayoría política que logren y juntar. Y, hoy por hoy, esa mayoría la tiene el oficialismo.