Indispensable reforma en sistema de designaciones judiciales
La Tercera
Horas complejas son las que vive el Poder Judicial a raíz de una serie de revelaciones periodísticas que han dejado al descubierto gestiones cuando menos irregulares en la designación de una serie de cargos. Especialmente complejos resultan los antecedentes de que el exministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete -hoy en prisión preventiva en el marco del “caso Topógrafo”- hizo diversas gestiones para lograr que la jueza María Teresa Letelier integrara la quina destinada a llenar un cupo en la Corte Suprema, entre ellos con el exministro de Defensa Mario Desbordes, quien acusa estar siendo objeto de una maniobra política orquestada desde la Fiscalía. También se conoció que la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco habría hecho una serie de ofrecimientos al fiscal Carlos Palma para que este bajara su postulación al cargo de Fiscal Nacional, mientras que el ministro del mismo tribunal Mario Carroza habría hecho gestiones directas para promover un cargo notarial.
No son los únicos casos que han trascendido, pero son suficientes para haber creado un ambiente muy enrarecido que no solo ha traído repercusiones al interior de la Corte Suprema, sino que incluso se ha prestado para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos haya interpuesto una dudosa querella por tráfico de influencia a raíz del caso que toca a la ministra Letelier, en tanto que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio por los chats del exministro Poblete.
Estos acontecimientos han vuelto a poner de relieve la vieja discusión sobre el sistema de designaciones en el Poder Judicial y la necesidad de reformarlo, a fin de brindar mayores estándares de transparencia, mérito y reducir los espacios de injerencias indebidas, ya sea por razones políticas o bien por gestiones indebidas entre los propios miembros de la magistratura, porque con ello se puede ver gravemente comprometida la necesaria independencia del Poder Judicial. Tanto en el gobierno, el Congreso y en el propio Poder Judicial existe plena coincidencia en la necesidad de retomar prontamente estas reformas, y más allá de que puedan existir distintas visiones sobre el mejor diseño institucional para lograr estos objetivos, sería un error dejar pasar nuevamente esta oportunidad y no aprovechar el amplio consenso que existe para hacer los cambios que se requieren, considerando además que en el último proceso constituyente la Comisión Experta alcanzó pleno acuerdo sobre una nueva organización del sistema judicial. Este ímpetu también debe extenderse a la forma de nominar a notarios y conservadores, una reforma que lleva años pendiente, siendo evidente las resistencias que existen en el propio gremio, pero también en círculos políticos, para terminar con designaciones que funcionan como premio o como parte de maquinarias políticas.
Al examinar el actual sistema de designaciones en el Poder Judicial, es posible advertir dos planos que son motivo de conflictos potenciales. Por una parte, en lo que se refiere a la integración de la Corte Suprema, en ello interviene la propia corte, elaborando una quina, que luego se somete al Presidente de la República para que elija un nombre, el que luego debe ser ratificado por los dos tercios del Senado. Con esta modalidad, expresamente se ha buscado introducir la negociación política como variable decisiva. De allí que no debe sorprender que los propios candidatos o los parlamentarios realicen gestiones para promover o bajar nombres, lo que por supuesto se ha prestado para incómodas situaciones.
A su vez, diversas voces han hecho presente que en la designación de ministros de la Corte de Apelaciones, así como de los demás escalafones judiciales, es casi inevitable que en algún modo se dé en los hechos la práctica del “besamanos”, más allá de que la normativa vigente establezca una serie de requisitos objetivos para ser merecedor de un ascenso.
Por cierto que no sería justo afirmar que abunden las irregularidades, pero objetivamente el actual sistema deja espacio para la opacidad o el favoritismo. En ese orden de cosas, hay bastante consenso sobre la pertinencia de entregar la designación de parte o la totalidad de los jueces a un órgano externo al Poder Judicial. La reforma que presentó en 2021 el gobierno del expresidente Sebastián Piñera apuntaba a crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, un órgano dotado de autonomía para designar a todos los jueces, excepto los de la Corte Suprema, manteniendo para estos el sistema actual, pero abriendo la instancia de concursos públicos para integrar las quinas. Salvo en estos casos, en el resto del escalafón primario ya no intervendría ni el Presidente ni el Congreso escogiendo nombres. La Comisión Experta, en el segundo proceso constituyente, desestimó la idea de un Consejo de la Magistratura, planteando en cambio un gobierno judicial compuesto por cuatro órganos autónomos pero coordinados entre sí y a su vez con la Corte Suprema, uno de los cuales estará encargado de las designaciones judiciales. En el caso de los ministros de la Corte Suprema intervenían el Presidente, el Senado (quorum de 3/5) y el organismo respectivo. El propio máximo tribunal, por su parte, desde hace años viene reiterando la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa, reiterando esta semana en un pleno extraordinario la pertinencia de radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto. Es a partir de todos estos insumos -más otras propuestas que se han planteado- donde es posible concluir que la posibilidad de alcanzar un buen acuerdo debería resultar perfectamente factible.
El máximo tribunal, como forma de hacerse cargo de las polémicas que salpican a algunos de sus integrantes, resolvió avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial, así como convocar a mesas de trabajo para ver propuestas en lo referido a las designaciones judiciales. Sin perjuicio de la pertinencia de estas medidas, es un hecho que los antecedentes conocidos dan a entender que las gestiones que algunos de sus ministros realizaron habrían ido más allá de un típico lobby, por lo que sería altamente inconveniente que las acciones en torno a estos casos se limitaran a lo ya anunciado y no fueran objeto de una indagación mucho más exhaustiva por parte de la propia Corte.