"El consenso sobre el Nunca Más está vigente, haga lo que haga el Gobierno"
“Hay una voluntad manifiesta de este gobierno de desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia”, dijo Miriam Lewin
Los "consensos del Nunca Más" refieren a aquellos acuerdos que posibilitaron aquel repudio transversal a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, y que comenzaron a construirse aún cuando los represores seguían secuestrando gente, más de 40 años atrás. Sin embargo, cuando los nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que parecen cada vez más inminentes recuerdan que uno de los objetivos del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel es hachar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el tópico adquiere una actualidad total. Así que este sábado por la tarde, un juez federal, una militante de organismos de derechos humanos y una sobreviviente del terrorismo de Estado hablaron del eje para el que fueron invitades a conversar en el Parque de la Memoria, pero sobre todo hablaron de los límites del negacionismo, del rol de los medios de comunicación en su instalación y del ataque “real” de la gestión de La Libertad Avanza contra los derechos humanos.
La charla fue la primera organizada en conjunto por el Parque de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA. Sus directoras, Florencia Battiti y Mayki Gorosito, dieron la bienvenida a la mesa, pero escucharon entre el público. Las exposiciones las coordinó Mauricio Cohen Salama, director de contenidos del museo, quien presentó en primer lugar a Gabriela Alegre. “La construcción de consensos del Nunca Más más actual no podía ser”, advirtió ella, “militante histórica de derechos humanos” como se autodefinió, quien aseguró que “si bien es difícil tener una idea de lo que puede pasar a futuro, no caben dudas de que el consenso sobre el Nunca Más está vigente, haga lo que haga este Gobierno, a pesar de todo lo que quieran instalar. Modificar esos consensos significaría que la sociedad se está autodestruyendo”.
Los comienzos
Alegre es fundadora de la Asociación Civil Buena Memoria, exlegisladora porteña, parte del proyecto que posibilitó la construcción del Parque de la Memoria y representante de los organismos en el directorio del Espacio de Memoria que funciona en la ESMA. Así, recorrió algunos de los pilares que nacieron en plena dictadura y que sirvieron de base para el Nunca Más. “El consenso sobre el Nunca Más no existió siempre, pero fue fortaleciéndose de a poco”, señaló.
Lo primero que tuvo que suceder para que hubiera un consenso en torno del Nunca Más es la detección de un “objetivo claro: en este país pasó algo que es cierto, por lo que un grupo de gente debe ser juzgada y condenada, y debemos hacer memoria para que no vuelva a pasar”, resumió. Entonces, su exposición regresó a la actualidad: los sitios y espacios de Memoria como “aquellos lugares que garantizan el ejercicio de la memoria” y su definición de los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos que se esperan para el lunes –aunque todavía no fueron confirmados– y que afectarían principalmente al Archivo Nacional de la Memoria y los Espacios de Memoria que dependen del gobierno nacional. “Los despidos son el primer ataque fuerte que nos pegan. Es obvio que no hay más un interés del Estado en promover que estos espacios existan, pero es un buen momento para recordar cómo empezamos”.
El compromiso de los medios
“Hay una voluntad manifiesta de este gobierno de desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia”, comenzó Miriam Lewin su exposición, que se centró sobre todo en el compromiso –o la falta de él– de los medios de comunicación en sostener el consenso sobre el Nunca Más. Pero primero habló de los objetivos del Gobierno sobre el tema: “Estamos asistiendo a un ataque a estas políticas que convirtieron a Argentina en un faro mundial”, continuó.
Y entonces, la periodista, sobreviviente de la ESMA y hasta hace algunos días defensora del Público, sí se sumergió en el comportamiento de “algunos medios de comunicación” que hacen suya la postura del Gobierno de Milei y Villarruel acerca de que “hace falta una memoria completa”. “No dan cuenta de que ellos –los represores– tuvieron la posibilidad de llevar ante los tribunales a las personas integrantes de los grupos de izquerda e insurgente que habían cometido delitos. y en lugar de llevarlos ante la Justicia eligieron el camino del terrorismo de Estado, en el que se los secuestró y torturó, se los desapropió de sus bienes materiales y de sus hijos e hijas, se los arrojó a las profundidades del océano y a las personas que tuvieron la suerte de ir a la cárcel seleccionaron algunos y les mataron a sus madres como metodología aleccionadora”
“El nivel de crueldad que ejercieron les quita el derecho de reclamar justicia ahora. tuvieron su posibilidad y la perdieron”, remarcó Lewin quien volvió sobre los medios de comunicación y la falta de lugar que hoy tienen en la agenda mediática los juicios de lesa humanidad, tema sobre el que escribió artículos periodísticos que citó durante su exposición en el conversatorio. Destacó la labor de La Retaguardia y de Página/12 en la tarea, e insistió en que “la visibilización en los medios” de los hechos que se ventilan en los juicios “disminuyen el riesgo de que se repitan”.
En ese sentido, destacó la “importancia capital” de la atención mediática a los juicios por delitos contra la humanidad: “Mientras testimoniantes y perpetradores estén con vida se seguirán llevando adelante y son material de una riqueza incomparable para el fortalecimiento democrático, además de un insumo indispensable e ineludible para la construcción de ciudadanía y un cortafuego para aventuras autoritarias como las que estos transitando ahora”, sostuvo.
En consenso dentro de la corporación judicial
Para el juez federal Daniel Rafecas, la reacción social “contundente y masiva” contra el fallo que desde la Corte intentó instalar el 2x1 para represores condenados por crímenes de lesa humanidad “generó un enorme impacto hacia adentro de la corporación judicial” que ayudó a recordar y fortalecer los consensos del Nunca Más en ese universo. “Todo el mundo leyó que este tema – la posibilidad de liberar a represores– está fuera de la coyuntura política, que –el proceso de juzgamiento a represores– está absolutamente consolidado y forma parte del ADN de la sociedad argentina”.
Hacia el final de su exposición, sostendrá como prueba el hecho de que “hasta ahora los juicios siguen avanzando” y que son en ellos, el país “se juega la consolidación del estado democrático”. Pero antes, realizó un repaso sobre algunos puntos que reflejan que los consensos sobre el Nunca Más dentro de la familia que componen jueces y fiscales están “firmes”. Así, comenzó su exposición con una sentencia total: “Hay un enorme consenso sin fisuras dentro de la corporación judicial de que los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables. No hay juez o fiscal que lo cuestione”, destacó.
Los 20 años que hace que está a cargo de la megacausa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar dentro del territorio bajo poder del Primer Cuerpo del Ejército –una de las más grandes del país–, que estudia desde la reapertura de las investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos sucedidas entre 1974 y 1983, le permiten hacer otra afirmación que, desde su perspectiva, también aporta a los consensos que dentro del Poder Judicial sostienen el Nunca Más: “No hay causas en los que se le haya dado cabida a los argumentos de defensas cuando plantean que los acusados actuaron por coacción, obediencia o cumplimiento de órdenes superiores”.
Luego, reconoció que “hubo demoras” en el juzgamiento de los delitos sexuales que sufrieron las mujeres víctimas de la última dictadura como crímenes independientes de las torturas, pero que después del fallo Molina, de 2010, que “lo cambió todo”, la Justicia se adecuó. Y por último, advirtió que jueces y fiscales conocen los perfiles de las víctimas y que "si alguien viene con que acá falta la otra campaña, que hay que juzgar a Montoneros y a ERP, no entra el argumento. Sabemos que a todos estos los persiguieron por militar políticamente y que los condenaron a penas de secuestro, tortura y muerte, todas ilegales”. “La única manera de que aquel argumento sea aceptado es negando el terrorismo de Estado. Es imposible: a los que pretenden juzgar están en el fondo del océano”, concluyó.