No es solo Jamundí, estos son los otros municipios del país que están bajo el control total de grupos terroristas
El control de las disidencias de las Farc en varios municipios de Colombia es total. Poco a poco, alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia han formado pequeñas repúblicas independientes, donde ellos son la ley, la vida o la muerte, reguladores del comercio, determinadores de la identificación de la población (con la expedición de carnés que reemplazan la cédula) y dueños del tributo por medio de gruesas sumas de extorsión a la población.
Lo que ocurre en Jamundí, sur del Valle del Cauca, municipio bajo el dominio del sangriento frente Jaime Martínez, que ha perpetrado 17 ataques terroristas en cuatro meses, es solo la punta del iceberg de una realidad dolorosa en la Colombia profunda. SEMANA habló con varios líderes que han elevado su voz para mostrarle al país los horrores a los que son sometidos a diario.
Por ejemplo, en el Caquetá todos los municipios están bajo el control criminal del frente Jorge Suárez Briceño, del Estado Mayor Central. Allí, esa estructura expidió un ‘manual de convivencia’ de seis páginas, en el que le imponen a la población reglas y amenazan de muerte a ciertos grupos sociales. El texto es encabezado con el siguiente párrafo: “Nosotros, como autoridad legítima del territorio, apoyamos a las comunidades y, en pro de mejorar las condiciones de vida, seguridad y convivencia, orientamos las siguientes líneas generales de trabajo”.
Los grupos guerrilleros se han apoderado de distintas regiones del país.
El primer capítulo está dirigido a los establecimientos que venden licor. Las bebidas no pueden ser suministradas a menores de 16 años, tienen que cerrar las puertas a las dos de la madrugada y el ruido debe ser moderado. Si se incumple, hay una multa. Las trabajadoras sexuales deberán ser controladas por las Juntas de Acción Comunal y cada una tendrá que portar un carné de control médico por lo menos cinco días antes de su llegada a los caseríos de esta zona del país.
Pero hay más: “Quedan prohibidos los exhibicionismos delante de la población, así como les queda prohibido desplazarse por el territorio o fuera de su lugar de trabajo. De lo contrario, serán multadas y sancionadas”.
También les pidieron a las Juntas de Acción Comunal que construyeran reductores de velocidad en las zonas urbanas para evitar accidentes de tránsito y que se impusiera como ley no superar los 20 kilómetros por hora o habrá penalizaciones. “El manual fue entregado a las Juntas de Acción Comunal para que ellas los repartan entre la población. Ahora esos mandamientos están en todas las casas y debemos acatarlos, porque ellos no amenazan a nadie, simplemente matan y ya. Y acá no tenemos el respaldo de la fuerza pública. Son las Farc las que patrullan y mandan”, contó un habitante del municipio de Albania.
En otro de los apartados del manual señalan las Farc: “Las comunidades deben tener control de los rumores y chismes. De lo contrario, quienes se vean involucrados en chismografía serán sancionados y multados”. De igual manera, las extorsiones seguirán y el dinero se tasará según la capacidad adquisitiva de las víctimas: “El que tenga más, aportará más. Y el que tenga menos, aportará menos, basado en su condición de vida”.
El reclutamiento de menores preocupa a las autoridades. En Caquetá le piden a la población acudir a reuniones periódicas para informar sobre nuevos manuales de convivencia.
La carnetización de la población civil es otra de las exigencias del grupo armado, cuyo propósito es caracterizar a quienes se mueven por los territorios y así conservar el control de cada uno de los movimientos. “El carnet comunal solo tendrá vigencia de seis meses, en el entendido de que cada persona participe de manera activa en los procesos comunales y, de esta forma, evitar el paso del tiempo para la inclusión de personal desconocido”, dijeron las Farc. Uno de sus lineamientos es que, en el caso de que llegue un visitante, este deberá ser presentado por la familia anfitriona ante una Junta de Acción Comunal para que se haga el debido registro por el tiempo específico en el que permanecerá.
En Mesetas, Meta, el panorama es igual de desalentador. El pasado 11 de junio obligaron a todos los comerciantes del municipio a ir a una reunión para fijar los nuevos montos de las extorsiones mensuales. Ese día ningún comerciante pudo abrir su local. “Señor(a): Comarcia Mesetas reciva un cordial saludo revolucionario de parte de Las FARC-EP. para informales que se presenten todos los comerciantes de mesetas, todo el comercio deve estar cerrado en el dia de mañana miercoles y asistir todos, el que deje el negocio abierto y no Asista sera multado Asta 5 Millones de pesos, lugar planchon del Guayabero (sic)”, se lee en el panfleto mal escrito, pero con un mensaje intimidatorio claro.
En el Caribe también
El Caribe colombiano no se salva de los grupos armados ilegales. Hay territorios donde patrullan uniformados y tienen puestos de control que reemplazan a la fuerza pública.
El sector de la Sierra Nevada, en el Magdalena, es territorio de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que se dedican principalmente al narcotráfico y a las extorsiones a los comerciantes. En el municipio de Palmor de la Sierra hace solo unas semanas más de 60 familias tuvieron que salir en medio de las fuertes balaceras que se desatan entre estos grupos armados ilegales.
Las comunidades están a merced de los grupos terroristas.
En medio de la grave crisis de orden público que vive la Sierra Nevada de Santa Marta, SEMANA conoció el duro relato de una líder social amenazada por estos grupos armados y que, aun así, sigue moviéndose entre las comunidades realizando labores en pro de la población.
“En esta zona los grupos armados hacen lo que quieren porque no hay suficiente presencia de la fuerza pública para hacerles frente a los combates que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra tienen con el Clan del Golfo. Por ejemplo, el Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional, si está en una zona, no puede estar en otra; entonces, los grupos se mueven y se enfrentan. A las comunidades les toca cooperar con ellos (grupos armados) o irse de la zona, porque los asesinan”, dijo la mujer, a la que este medio le protege su identidad por el riesgo que representa para su vida.
La lideresa, que lleva toda una vida trabajando por las comunidades de la zona, sostuvo que es necesaria una verdadera intervención de las autoridades locales, departamentales y del orden nacional.
“A las fincas de los campesinos llegan los comandantes de estos grupos ilegales, les piden que les preparen comida, pero esos favores son órdenes, porque si no lo hacen los declaran objetivos militares y es cuando se desatan las masacres. El Ejército Nacional llega a estas fincas y les reclama a los campesinos, pero es que ellos no tienen otra opción que ayudar a la insurgencia por la ausencia del Estado. Hay campesinos que en medio de las ráfagas de fusil se montan en sus yeguas o mulas y huyen con sus familias dejándolo todo tirado porque primero está su familia”, expresó.
En el sur del Cesar y Córdoba la situación no es mejor, pues los grupos ilegales, como el ELN y el Clan del Golfo, reinan entre los labriegos sin que la fuerza pública pueda hacer mucho.