Ante la pasividad del Gobierno Petro, Dilian Francisca Toro tuvo que apersonarse para comprar un sistema inhibidor de drones y blindar la COP16
El presidente Gustavo Petro anunció que blindará a Cali, la ciudad que albergará a las figuras internacionales que participarán en la COP 16, el evento de biodiversidad más importante del mundo, que se realizará entre el 21 de octubre y el primero de noviembre. Sin embargo, hasta el momento no se conocen las primeras acciones, y la seguridad en la capital del Valle está pasando de castaño oscuro como consecuencia de la arremetida del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en Jamundí, a 15 minutos de Cali.
Esta semana, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, estalló contra el Gobierno Petro porque, más allá de los anuncios, no se toman medidas urgentes para frenar el terrorismo. “Nos están atacando con drones, y si esperamos a que el Ministerio de Defensa actúe, quién sabe cuándo tengamos alguna solución”, dijo.
Dilian Francisca Toro está preocupada por la ola de violencia en el Valle.
Toro está preocupada porque, desde el vecindario de Cali, las Farc le tomaron ventaja a las Fuerzas Militares y, tal como ocurre en Ucrania, están lanzando explosivos a través de drones. SEMANA reveló recientemente que las disidencias tienen un megacampo de entrenamiento en manejo de drones en Jamundí y el Naya. La zona tiene un amplio espacio al aire libre para manipular drones y fusiles Barrett, armamento que en el mercado negro supera los 40 millones.
En Jamundí, en lo corrido de 2024, se han registrado 17 atentados, uno de ellos contra la Policía de Robles, donde se utilizaron drones explosivos. La gobernadora Toro le dijo a este medio que otros dos explosivos de este tipo fueron hallados la semana anterior.
SEMANA conoció que la mandataria departamental le ha insistido en varias oportunidades al Ministerio de Defensa sobre la necesidad de enfrentar la nueva estrategia de guerra de las disidencias. Y como no encuentra eco, no tuvo otra alternativa que contarle al país que no podía esperar más.
Jamundí es uno de los municipios más golpeados por la violencia.
Del presupuesto del Valle, tiene listos 3.000 millones de pesos con los que contempla adquirir un inhibidor de drones o un elemento de última tecnología que les permita a las Fuerzas Militares detectar y posiblemente neutralizar algunas estructuras aéreas que contengan explosivos. El Ejército y la Policía están asesorando a la gobernadora, que no quiere perder tiempo.
“Nos dirán cuál es el aparato tecnológico más idóneo para poder comprarlo, y lo vamos a adquirir. No podemos esperar quién sabe cuánto tiempo, mientras nos estén tirando granadas”, anunció. La Policía ya dio el visto bueno a una de las propuestas. Al cierre de esta edición, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no se había comunicado con la gobernadora. Al contrario, habló con SEMANA desde Barranquilla.
“Esta es una realidad, una práctica a la que ha acudido el Estado Mayor Central gracias a los grandes recursos que obtiene esta organización dedicada al narcotráfico y a la minería ilegal”, dijo el ministro.
“También se ha venido incrementando la capacidad de reacción con equipos con tecnología que neutraliza estos drones. Falta mucho realmente, pero vamos avanzando en esas capacidades propias de la Policía. Decía la gobernadora que el departamento adquiere equipos de esta clase porque se demoraría mucho esperando a que el Ministerio los adquiriera, pues realmente siempre hay un proceso más complicado en los trámites en el nivel nacional”, respondió.
Alejandro Eder, alcalde de Cali.
Toro hubiera querido unir esfuerzos con Velásquez y tomar acciones en conjunto, pero no lo consiguió, pese a que la COP 16 está a la vuelta de la esquina y el terrorismo amaga con empañar su imagen.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, tampoco se ha quedado callado. Ha reconocido públicamente que “hay una amenaza terrorista contra los ciudadanos colombianos y, en especial, contra los que habitamos en Cali”. Además, pidió el retorno de los bombardeos de la Fuerza Aérea, pero el Gobierno lo paró en seco y se opuso.
Mientras las autoridades locales le dicen a gritos al Gobierno que la guerra se transformó, el ministro Velásquez, más allá de anunciar 300 nuevos militares, parece no querer entender que las disidencias le están tomando ventaja.