¿Un precedente llamado García Luna?
Columnista Marcela Gómez Zalce. Foto: EL UNIVERSAL
El tráfico de personas, sustancias ilícitas y armas son actividades que frecuentemente están interconectadas y son operadas por organizaciones criminales en abierto contubernio con autoridades de los tres niveles de gobierno. El caso de la frontera México-Estados Unidos representa un negocio significativo y multifacético con serias implicaciones económicas, sociales y de seguridad bilaterales. Ejemplos han sobrado estos últimos años.
La relación entre ambos países sufre una tensión latente desde los inicios de esta administración y los disparadores del conflicto han estado íntimamente relacionados con la esfera de la seguridad y del Estado de derecho; y el quid pro quo ha sido una condición sine qua non para lograr reducir los niveles de presión. ¿Ha sido suficiente?
López Obrador ha jugado sus cartas en materia migratoria colocando a Biden en lugares incómodos y en la actual coyuntura electoral estadunidense, esto se vuelve epicentro de narrativas.
El fracaso absoluto del gobierno mexicano en materia de seguridad —herencia maldita para la administración de Sheinbaum obligada a dar resultados en el corto plazo— sigue encendiendo las alertas en los tableros geopolíticos y es uno de los pilares sobre los cuales Donald Trump edificó su relato los cuatro años en que gobernó y hoy serán puntos de partida y quizá de inflexión en los meses venideros.
La posibilidad de una victoria republicana en noviembre próximo es un escenario que México debe estar considerando, los factores son múltiples y hay que estar preparados para enfrentar panoramas adversos, sólo así se entendieron los primeros nombramientos del gabinete de la presidenta electa. La urgente necesidad de enviar señales con perfiles que tranquilicen y no alteren más los ánimos en los mercados, inversionistas y en las áreas estratégicas del principal socio de México fue prioridad. Jugar con la demencial idea de desaparecer organismos autónomos que serían una clara violación al TMEC —que arrastra ya con varias disputas comerciales— va a exponer al gobierno entrante a ser demandado por Estados Unidos y Canadá y a iniciar con el pie izquierdo una relación tortuosa, difícil y compleja.
En el río revuelto de los intereses estadounidenses y en el marco de la elección presidencial navega en el fondo el caso de la audiencia de la sentencia contra Genaro García Luna aplazada en varias ocasiones y que el juez Brian Cogan anunció finalmente que será el 9 de octubre cuando se lleve a cabo la determinación de la misma.
El asunto tiene varias aristas que pegarán en la línea de flotación política en México y el timing, que dice todo del fondo y la forma, se da cuando Sheinbaum haya rendido protesta en el Congreso como presidenta.
Quizá por ello López Obrador se subió con estridencia al tema hace un par de días sugiriendo la posibilidad de que García Luna se vuelva testigo protegido “..y señale a todos sus colaboradores y explique cómo permitió que la administración de Felipe Calderón se convirtiera en un narcogobierno...”
No deja de ser curioso que no se sopese la posibilidad de que en caso de que García Luna se vuelva testigo protegido y suceda un efecto dominó, se siente un precedente para México.
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