Reforma al Poder Judicial: Ministros de la Suprema Corte piden revisión exhaustiva a la iniciativa de AMLO
Durante la participación en los Diálogos Nacionales por la Reforma Judicial, en la Cámara de Diputados de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán, pidieron que se haga una revisión exhaustiva a la propuesta del presidente López Obrador.
Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que no está a favor de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, que contemple la elección de jueces mediante voto popular.
Pardo Rebolledo consideró que ese mecanismo no es el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege y la autonomía e independencia del PJF.
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El ministro advirtió que esto generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de los ministros.
“Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto directo de la ciudadanía”.
“Independientemente de que, en lo personal, no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo, para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege, ni la independencia y autonomía de los poderes judiciales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental, como se propone, es decir, sustituir en un solo momento a más de mil 600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales”, indicó.
Asimismo, dijo que tiene la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción no la regla.
“No obstante lo anterior, debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos”, admitió Pardo Rebolledo.
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Reforma al Poder Judicial está politizando los nombramientos: ministro González Alcántara
Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
La reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador politiza el nombramiento de ministros, magistrados y jueces, por medio de la elección popular, porque en una primera instancia, dichos candidatos deberán pasar por un filtro político, señaló el ministro Juan Luis González Alcántara.
En su participación en los “Diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial”, explicó que la convocatoria para la elección no será abierta, sino que los candidatos serán postulados por los tres Poderes de la Unión.
“Se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia; estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”, expresó.
Añadió que la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo federal no resuelve los problemas del Poder Judicial, y, por el contrario, pone en riesgo el acceso a la justicia.
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“Considero que, de aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país, a nivel federal, y muchísimo menos a nivel local. En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e Imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos, no obstante, ya no es momento para negacionismos, ni para críticas generales, sino para contribuir, para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa”, dijo.
Finalmente señaló que la creación de órganos administrativos y disciplinarios independientes puede fortalecer la rendición de cuentas; sin embargo, se deben acotar sus facultades para que no afecten la independencia de los ministros, magistrados y jueces.
“Para que el Tribunal de Disciplina pueda tener una incidencia real, sin menoscabar la independencia de las personas juzgadoras, es necesario acotar sus facultades, pero robustecer el aparato disciplinario de la escuela de formación judicial”, subrayó.
Alberto Pérez Dayán asegura que reforma debe estudiarse a fondo con el tiempo necesario
Finalmente, Alberto Pérez Dayán consideró que toda reforma constitucional, como la que se plantea al Poder Judicial, debe estudiarse a fondo con el tiempo necesario, por su trascendencia.
Al exponer su postura personal sobre la propuesta del presidente López Obrador y del partido Morena, el ministro consideró que no es recomendable tomar riesgos, ya que el diseño y eficacia en una reforma constitucional son absolutamente imprescindibles.
“Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario, la prisa no es un buen consejero”.
Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de la Nación. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
“Su diseño y probada eficacia, son absolutamente imprescindibles, no es aceptable ni recomendable tomar riesgo, obviamente, tomar riesgo alguno”, comentó ante senadores, diputados, ministros y consejeros que asistieron al inicio del primer foro sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados.
Pérez Dayán recordó que “los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y terminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”.
Recriminó a los legisladores la reforma a la ley de amparo, en la que se quitó a los jueces federales la facultad para emitir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que, dijo, “muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte, significa admitir también la posible violación a derechos humanos de manera irreversible, si esas normas resultan inconstitucionales”.
El ministro afirmó que la carrera judicial implica un servicio civil de excelencia, por lo que la militancia y el sufragio la desvirtúan, y la destruyen. “No lo digo yo. Ya se ha dicho mucho aquí”.
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